Felipe González acertó días atrás a enfatizar que la demonización de Vox le sirve al PSOE para tapar que se apoya en el partido del relato político de ETA, el mayor enemigo de estos 47 años constitucionales. Ayer casi todos los diputados presentes aplaudieron al Rey cuando evocó a los miles de españoles que «se lanzaron a las calles con las manos pintadas de blanco» y que «componían un inmenso ¡no!», con la izquierda obviando que ellos se sientan con sus albaceas, blanqueados como hermanitas de la caridad progresista. Estos días hay una consejera socialista en el País Vasco utilizando un subterfugio, el 100.2, que parece el dial de una sintonía siniestra, para excarcelar etarras sanguinarios como Txeroki, condenado a 400 años, o Asier Arzalluz. Allí se les trata como a héroes con despiadado desprecio a sus víctimas incómodas. El sanchismo ha pasado muchas veces por caja atropellando la memoria democrática, pero cruzó la última frontera moral cuando Otegi le tasó su apoyo a los Presupuestos a cambio del alivio penal a «sus» presos. Así se lo está cobrando.

Y no se trata sólo del sanchismo sino del PSOE mismo. Como destacó Felipe VI, la Constitución de 1978, con una poderosa «legitimidad de origen» porque nació de «la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas» con más de un 90 por ciento de aprobación, ha tenido una trayectoria brillante y así seguirá siendo «siempre y cuando sigamos escribiendo juntos»: «no fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra» sino fruto de «el espíritu de concordia del proceso constituyente». Contra eso opera El Muro de Pedro Sánchez, un proyecto sustentado en la división y la polarización. Este presidente ha trabajado para la confrontación más que ninguno antes. Como apunta Félix Ovejero en su reciente ensayo ‘ La invención del engaño. Nacionalismo y crisis de la democracia en España’, el sanchismo no ha normalizado España, aunque vendan ese cuento, sino que han normalizado un puñado de patologías políticas.