Alfonso Guerra tiene dicho que el acuerdo constituyente fue el acta de paz de la Guerra Civil, suscrita gracias al esfuerzo común por superar el cainismo y articulada en torno a un conjunto de cesiones mutuas para que no hubiese vencedores ni vencidos ni se repitiese el error republicano de configurar un marco político donde el arbitrio impuesto por una sola parte acabó sembrando el germen del conflicto. Aunque los barruntos contrafactuales son siempre resbaladizos, es difícil imaginar que ese espacio de encuentro hubiera sido viable con el sanchismo, un estilo esencialmente antagonístico que no deja sitio al consenso ni la simple convivencia entre modelos distintos. Aquel acercamiento, en absoluto exento de dificultades, ha quedado hoy abolido en un clima cismático refractario a cualquier tipo de compromiso. Por eso es un gesto bastante cínico el de festejar la longevidad de la Carta Magna mientras se retuerce su letra y se mixtifica su espíritu.

El texto de la ley fundamental se puede y se debería reformar si existiese una mayoría transversal suficiente para hacerlo. Pero cambiar tal o cual artículo es lo de menos cuando lo que falta ya no es sólo voluntad de entendimiento sino un mínimo respeto a la legitimidad del criterio ajeno. La hegemonía moral que se atribuye el autodenominado bloque ‘de progreso’ supone un veto a la mitad del país y destruye el equilibrio sistémico. Y no se trata de una consecuencia de decisiones coyunturales del Gobierno: es una estrategia, un diseño político, un proyecto de reversión constitucional iniciado por vía de hecho en la época de Rodríguez Zapatero. Su heredero, el presidente que más empeño ha puesto en quebrar la concordia, ha vuelto a escenificar una impostura histórica: festejar una norma cuya naturaleza traiciona. Por decirlo con otra cita de Groucho, ésta sí real: la política es el camino para que hombres sin principios puedan dirigir a hombres sin memoria.