Tonia Etxarri-El Correo
El ministro que acumula más solicitudes de reprobación en el Congreso y Senado pronunció ayer la palabra ‘dimisión’ para mostrar su disposición, por primera vez, a abandonar el cargo. Con una condición. Grande Marlaska se había presentado en el Congreso con una dimisión forzada y una suspensión en la mano. La del jefe de la Policía Nacional denunciado por presunta agresión sexual, Jose Ángel González, y la del comisario y su asesor, Óscar San Juan. Pero no fue suficiente. La oposición tiraba por elevación pidiendo su cabeza. Y el ministro acorralado decidió traspasar su decisión a la víctima que había denunciado a los dos mandos (el uno por la agresión y acoso continuado y el otro por coaccionarla para mantenerla callada). Dimitirá si la agente, que ya ha pasado su calvario, le dice que el ministerio le ha fallado.
Basta con leer la querella de la funcionaria para concluir que se sintió abandonada institucionalmente mientras estaba atravesando una situación de extrema vulnerabilidad. Las llamadas que recibió no fueron de apoyo o de interés por su estado de salud sino de coacción para que no denunciara. Su abogado no ha podido ser más claro al hablar de desamparo.
La reacción de Marlaska, ostensiblemente cercado en el Congreso por la oposición, descargando su responsabilidad sobre la agente víctima de una presunta agresión sexual, se puede concebir como una estrategia parlamentaria. En caso extremo, no sería la oposición quien provoca su dimisión sino la propia víctima. El tanto no se lo llevaría el PP sino que se enmarcaría en una respuesta ‘humanitaria’. Pero no parece de recibo que un ministro añada a esta agente más lastre de presión del que ella ya ha vivido. Su jefe, tras la presunta agresión, implicó a su ‘número dos’, el comisario San Juan, para que la promocionara y le ofreciera un cambio de destino a cambio de comprar su silencio.
Que el ministro no estuviera al tanto de los hechos tan graves denunciados por la funcionaria, como ayer aseguró, es una afirmación a la que la oposición no le concede verosimilitud. Porque a lo largo de estos meses, desde abril, se han producido bajas médicas, contactos internos, llamadas de presión y movimientos de disuasión dentro de la propia estructura del Ministerio del Interior. No parece probable que esta cadena de actuaciones internas pasara desapercibida por el mando. Pero, independientemente de si Marlaska era ignorante o encubridor, el hecho de que una agente se haya visto obligada a querellarse contra un superior jerárquico debería hacerle asumir responsabilidades directas.
Al presidente del Gobierno, que ha mantenido a Marlaska en el ministerio como un dique de contención ante acontecimientos tan polémicos como la tragedia de la valla de Melilla (23 inmigrantes muertos al intentar entrar en España) o los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, le parece que su ministro ya ha hecho bastante con los dos movimientos. Las dimisiones son sanas en democracia y, en este caso, la única forma de hacer desaparecer la sombra de la sospecha de encubrimiento.