- El Tribunal Supremo de Estados Unidos está para velar por el cumplimiento de la ley, el Constitucional español está hoy para retorcerla al dictado de un autócrata
La juez Ruth Bader Ginsburg, una neoyorquina fallecida en septiembre de 2020, a los 87 años, por un cáncer de páncreas, acabó convirtiéndose incluso en un icono pop para una izquierda que la idolatraba. Su fama trascendió el ámbito de la toga. Apareció reflejada en los Simpson, se rodó una película hagiográfica sobre su vida, se vendieron camisetas con su rostro enjuto de gafas y hasta se escribió una ópera como tributo a su condición de melómana. Ginsburg, izquierdista y feminista, fue la segunda mujer y la primera judía en llegar al Tribunal Supremo de EE. UU., cargo para el que la nominó Clinton en 1993.
Treinta y nueve días después de su muerte, el presidente Donald Trump designó a su sucesora, una jurista de apenas 49 años, llamada Amy Coney Barrett. La izquierda montó una estruendosa escandalera. La formación de Coney Barrett era impecable, con un descollante expediente académico en las dos carreras en las que se graduó, Literatura Inglesa y Derecho, siendo en ambas la estrella de su promoción. Tras ejercer un par de años la abogacía en Washington, Amy trabajó como profesora en Notre Dame, la universidad católica de solera donde se había graduado (sus alumnos la eligieron en tres ocasiones como la mejor docente del centro). En 2017, Trump la promovió a juez de la sala séptima del Tribunal Federal de Apelación y finalmente la llevó al Supremo.
¿Por qué se rasgó las vestiduras la izquierda ante su designación, tratándose de una jurista de élite y de una erudita en cuestiones constitucionales? Pues porque Amy Coney Barrett, de ancestros franceses e irlandeses, nacida en un hogar de Nueva Orleans muy católico y de prole numerosa, compartía con devoción la fe de los suyos y su aprecio por la familia. El mal llamado «progresismo» temía que desde el Supremo pudiese poner trabas al aborto y a otras leyes contrarias a la dignidad de la persona. Además, con su nombramiento, el Tribunal se quedaba con seis magistrados nombrados por los republicanos frente a solo tres de los demócratas. ¡Un rodillo conservador, qué horror!
La juez Coney Barrett es una creyente cristiana madre de siete hijos, el más pequeño con síndrome de Down, y otros dos adoptados en Haití cuando el terremoto de 2010 devastó el país. Su discurso de aceptación de su cargo en el Supremo, que pronunció en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, me encantó en su día. De entrada, declaró su «amor por Estados Unidos y su Constitución». A continuación, compuso un cariñosa elegía, humana y jurídica, de la juez Ginsburg, a pesar de sus diferencias ideológicas. Finalmente ofreció una explicación sencilla y capital sobre cómo funciona un Estado de derecho: «Los jueces tenemos que aplicar la ley tal y como está escrita. No somos actores políticos». Barrett ya había expresado lo mismo anteriormente en el Senado: «Nunca es apropiado para un juez imponer sus convicciones personales sobre las leyes. Tenemos que aplicar las leyes como son, no como querríamos que fuesen».
Este viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de teórica mayoría conservadora, tumbó por 6-3 los aranceles de Trump, al considerar que es el Congreso, y no el presidente, quien ostenta la potestad para aplicarlos. De los seis jueces que votaron contra los intereses del mandatario, tres habían sido designados por presidentes republicanos, entre ellos está la conservadora Amy Coney Barrett. El debate no estribaba en si a esos magistrados les gusta o no la política comercial de Trump, sino en dirimir si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia a la que recurrió para imponer los aranceles era una vía legal. Y han fallado que no.
Ahora el presidente buscará otra vía y al final probablemente los podrá mantener. Pero hemos asistido a la maravilla de ver una democracia viva en funcionamiento. Continúan todavía operativos los contrapesos que tanto admiraron a Tocqueville en su visita a Estados Unidos a comienzos del XIX y que dieron lugar a su clásico La democracia en América. Los ciudadanos disfrutan de delicado mecano constitucional que evita veleidades autoritarias.
Mientras en Estados Unidos sigue viva su democracia, aquí soportamos el chiste macabro de la de Sánchez, donde el presidente mangonea a su antojo al Tribunal Constitucional, por la dejación de funciones de unos magistrados que anteponen sus filias políticas –y las ventajas que les reportan– a la letra de la ley. Al frente, el torvo Cándido Conde-Pumpido, un tipo que se cree una eminencia superlativa del Derecho, pero que en realidad circula por la vida con una pegatina del PSOE tapándole la letra de la ley. Pumpido no puede ser juez de nada, pues carece de lo más imprescindible: deontología profesional.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está para salvaguardar la recta aplicación de las leyes. Nuestro Tribunal Constitucional está hoy para retorcerlas al dictado de un autócrata. ¿La culpa? Pues en buena medida de esos juristas –de izquierdas y de derechas– que son incapaces de cumplir con su deber y anteponer la ley a sus pasiones políticas personales (y a las canonjías innombrables que tantas veces les reportan).