La Constitución del 78: buenas intenciones, discutibles resultados

Dentro de la larga lista de mentiras -pucherazo en elecciones primarias del PSOE en 2017 incluido- sobre las que ha basado y basa su ejecutoria el Gobierno de Pedro Sánchez, la última ha sido la conmemoración de la Constitución vigente como la más longeva de nuestra historia. Tal como ha demostrado Roberto Villa con datos incuestionables, la celebración el pasado martes de este hito en el tiempo no se corresponde con la realidad. La Ley de leyes que más ha durado en España sigue siendo la canovista de 1876 y el cómputo que se ha hecho en La Moncloa para montar el numerito en las Cortes con participación de autoridades varias y discursos vacíos al uso, es erróneo. Como es imposible que esta falsedad fuera desconocida por los impulsores de este festejo injustificado, queda patente una vez más la desfachatez y la falta de escrúpulos de nuestros actuales gobernantes, que intentan tapar con relatos imaginarios y sesgados la combinación de sectarismo, incompetencia y corrupción que caracteriza su acción al frente del Estado. Lo triste es que hayan arrastrado a la Corona, a ex presidentes del Gobierno y a los dos padres de nuestra Carta Magna supervivientes a legitimar con su presencia semejante patochada. El hecho de que en la infausta Ley de Memoria no se mencione a la Norma Fundamental de la Restauración borbónica auspiciada por las fuerzas liberal-conservadoras que trajeron de vuelta la monarquía en la persona de Alfonso XII entre las que representaron esfuerzos democratizadores a lo largo de nuestros agitados siglos XIX y XX ya demuestra con total claridad la parcialidad y falta de honradez intelectual de la coalición de izquierdas, separatistas y filo terroristas que padecemos.

En cualquier caso, sirva esta nueva muestra de desprecio a la verdad que define al sanchismo para hacer una reflexión sobre las virtudes y los defectos del ordenamiento básico aprobado en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978 y que, ya bastante malherido, ha llegado a nuestros días. A la hora de juzgar un texto constitucional, es inevitable plantear la cuestión de hasta qué punto una estructura institucional y normativa bien diseñada puede proteger a una sociedad de la posible llegada al poder de gentes desaprensivas, irresponsables, venales, ignorantes o inútiles. Un interrogante crucial es si un sistema político y jurídico deficiente gestionado por personas honradas, inteligentes, preparadas y patriotas puede funcionar correctamente al servicio del bien común mientras que otro de mucha mejor calidad técnica y conceptual en manos de corruptos, analfabetos o criminales es garantía de desastre.

Ineficiente y disfuncional

A la luz de estas consideraciones, hay una serie de elementos en la Constitución de 1978 que, aunque introducidos por sus autores con buena intención, han tenido consecuencias netamente negativas. El modelo territorial, el llamado Estado de las Autonomías, se concibió para apaciguar a los nacionalismos secesionistas. Se creyó que descentralizando políticamente la Nación y dividiéndola en entes subestatales dotados de amplias facultades legislativas, ejecutivas y presupuestarias, sí como de intensas muestras de reconocimiento simbólico, lengua cooficial, bandera, himno y día de la patria, las pulsiones centrífugas se calmarían y los particularistas respetarían las reglas de juego. No ha sido así, sino todo lo contrario. Hemos sufrido el terrorismo de ETA, el golpe de Estado en Cataluña y los nacionalistas, lejos de comportarse responsable y constructivamente, rechazan la unidad nacional y pugnan incansablemente por liquidar a España como vector histórico y político reconocible. En cuanto a la jefatura del Estado, se la desposeyó de toda capacidad efectiva de intervenir en momentos de crisis o de tutelar la buena marcha de la res publica, reduciéndola a una mera función representativa con permanente sometimiento al Gobierno de turno. Esta impotencia de la Corona debilita considerablemente a la Nación como tal y la abandona a merced de sus enemigos interiores, tan o más peligrosos que los exteriores. El principio dispositivo aplicado a la configuración del tinglado autonómico, la absurda posibilidad de transferir a las Autonomías competencias exclusivas del Estado y la imprecisión en la delimitación de las que corresponden a las instancias centrales y las atribuidas a las autonómicas, han desembocado en un Estado ineficiente, disfuncional, carísimo, plagado de duplicidades y redundancias y fragmentado en su mercado interior.

La fijación de un sistema electoral proporcional con grandes circunscripciones de centenares de miles o millones de votantes y listas cerradas elaboradas por las cúpulas de los partidos han borrado el vínculo entre representantes y representados y han conducido a una alarmante caída del nivel intelectual y moral de nuestra clase política. Los partidos, llamados a encauzar la voluntad popular de forma fiel a la pluralidad de la sociedad, han colonizado las instituciones, los órganos constitucionales, los organismos reguladores y los medios de comunicación y las empresas públicas hasta transformar a nuestro país en una mastodóntica y abusiva partitocracia.

La conclusión, a la luz de cuarenta y ocho años de vida pública bajo las previsiones de la Constitución de 1978, ha de ser sin duda la de la necesidad de su profunda revisión. Los síntomas de su agotamiento son manifiestos y la infeliz situación en la que nos encontramos es consecuencia, por una parte, de las deficiencias estructurales de nuestra Ley Fundamental y, por otra, de la progresiva degeneración de nuestra clase política, circunstancia aciaga íntimamente relacionada con las grietas y vías de agua que fragilizan el conjunto del sistema. Ojalá los españoles tomemos conciencia de esta realidad desagradable, pero insoslayable, y la mayoría, previsiblemente distinta a la que ahora padecemos, y que se consolidará en las próximas elecciones generales, sepa interpretarla y colocarse a la altura requerida para mejorarla.