Lo de la Constitución no es vigencia, es resistencia

La Constitución Española de 1978 tiene ya 47 años, dos meses y veinte días de permanencia. La semana pasada el Congreso de los Diputados, es de suponer que por decisión expresa del presidente del Gobierno, hizo todo lo habido y por haber por descafeinar, o mejor, por desnaturalizar lo que debió ser, y no fue, una expresión de orgullo nacional. Gozamos de 17.244 días de Carta Magna. Aún viven afortunadamente dos de sus ponentes y muchos otros que contribuyeron con generosidad, amplitud de miras, equilibrios y cesiones ideológicas recíprocas a la consagración de una auténtica democracia. Durante esta etapa ha experimentado tres reformas pactadas de forma razonable para adaptarlas a realidades incuestionables como el ingreso de España en la Unión Europea. Sin embargo, el gélido y desangelado acto de presunta celebración del aniversario demostró algo inquietante. El mensaje implícito de la izquierda y de los socios que siguen adornando a Sánchez es que se ha convertido en un texto inservible que debe ser reformado por lo civil o lo criminal. Si nadie da un paso al frente para disponer de las tres quintas partes de las Cortes que permitan una modificación agravada, optará -ya viene optando, de hecho- por la modificación por la vía de los hechos consumados. Esto es, por su permanente reinterpretación legislativa y jurídica, de modo que pueda resultar admisible lo que su textualidad considera inadmisible. Creacionismo jurídico ‘made in’ un populismo decadente bajo el escaparate y la coartada de una Constitución ‘social’. Esa es la trampa diseñada.

Durante el acto, el Rey Felipe VI reivindicó por enésima vez su vigencia. Naturalmente, es lo que debe hacer. Pero el Rey es consciente, como lo es el número cada vez más menguante de constitucionalistas que van quedando en la izquierda española, que lo de la Constitución hoy, 17.244 días después, no es vigencia sino resistencia. Resistencia a su paulatina deformación. Hubo quien achacó la ausencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno desde 2004 hasta 2011 y presidente del Gobierno en la sombra desde 2018 hasta hoy, a su señalamiento cada día más notorio en casos de corrupción sobre los que no ha dado una sola explicación más allá de una insípida negación de los indicios denunciados por varios medios de comunicación, entre ellos Vozpópuli. Pero su ausencia no debía ser negociable. Fue el enésimo desprecio institucional del PSOE a la Corona. El acto fue más una suerte de avergonzamiento patrio del texto constitucional más solvente de cuantos conocimos en nuestra historia que un homenaje a su vigencia. 

En su artículo de ayer, Jesús Cacho describía con tanto acierto como detalle la estrategia diseñada cuidadosamente por la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional para convertir en legal y legítimo todo aquello que le venga en gana al Gobierno aunque figure de modo expresamente contrario en la Carta Magna. Se trata de convertir dos argumentos eminentemente políticos, la excepcionalidad y el interés general, en doctrina jurídica aplicable a cualquier supuesto… siempre y cuando sea el sanchismo quien decida qué, cómo y cuándo cualquier acontecimiento debe ser tildado de excepcional y quien defina qué es el interés general. Y citaba el ejemplo expreso de un aplazamiento de las elecciones generales. Consiste en presuponer y después fabricar que allá donde no llega realmente la Constitución puede llegarse a través de su forzamiento. Y si al adefesio se le disfraza de doctrina social, de espíritu de convivencia, de ‘normalización’ y de necesidad, entonces el truco ya se convierte en invisible. Para cocer una centolla viva, lo aconsejable es sumergirla en un recipiente de agua fría al ponerla al fuego. Según se va calentando el agua hasta hervir, la centolla va experimentando una cocción paulatina infinitamente menos violenta que si es introducida ya sobre el agua hirviendo. Dicen que así no pierde sus extremidades fruto de su lucha vital por no ser cocida viva y su carne permanece firme sin endurecerse. Lo mismo le está ocurriendo a esta Constitución, convertida en una suerte de centolla a medio hervir. Cocinada muy lentamente para que apenas aprecie su paulatina transformación hasta su definitiva muerte.

Ayer Pedro Sánchez sostuvo que la derecha no apoyó la Constitución y que los separatistas sí son constitucionalistas. Es una verdad a medias, que en realidad configura una mentira. La enésima mentira flagrante. Pero ese es precisamente el argumento para continuar la cocción de la centolla. La tesis del sanchismo es sencilla: el separatismo, como el PSOE, hizo ímprobos esfuerzos por aprobar el texto constitucional en 1978, pero en vista de que ha transcurrido tanto tiempo y que aparece hoy como un remedo de lo que fue, incapaz además de cumplir con buena parte de su función original en una sociedad que ha evolucionado, la conclusión es que lo lógico es parchearla. Esto es, derogarla por partes sin necesidad de aprobar una nueva, disolver las Cortes y convocar elecciones, esa palabra que cada vez produce más erisipela en la izquierda.

Sánchez necesita configurar, ahora de manera mucho más nítida que en 2019 y en 2023, un frente constituyente escondido bajo la bondad de las palabras biensonantes. Por eso ha enviado a Gabriel Rufián, un tipo cuyo único interés es no acabar su carrera política como un concejal más en Santa Coloma de Gramanet, a naturalizar que la izquierda acepte la autodeterminación de los pueblos como un derecho inalienable. Rufián es el enviado especial del sanchismo para desbrozar el camino con dogmas que nunca asumió la izquierda en los más de 40 años de democracia. Más sencillo aún, Sánchez se ha propuesto que el PSOE termine asumiendo la autodeterminación con espontaneidad porque eso es exactamente lo que requieren la excepcionalidad y el interés general más allá de que en el pasado el socialismo fuese radicalmente contrario a semejante argumento. Por eso también está evolucionando el argumentario del sanchismo: ya no es que una Constitución ejemplar esté amenazada por el fascismo, sino que la propia Constitución es la herencia del fascismo y por ese motivo hay que deconstruirla. Por tanto, aunque siga vigente, es un producto averiado y anacrónico que necesita la cirugía fina de los pumpidos y garcía-ortices de turno. Ahora ya sabemos que, bajo este argumento, la Constitución ha dejado de tener una forma homogénea y compacta para convertirse en una masa maleable a capricho hasta hacerle perder su andamiaje original y convertirla poco a poco en una argamasa irreconocible.

Hoy el sanchismo sigue trabajando con oscuros lobbies políticos y jurídicos en Europa para que no sólo el Gobierno de España y su Tribunal Constitucional justifiquen una perversión de su literalidad y legitimen lo que en realidad no regula, sino para que la UE avale un intento golpista contra la soberanía nacional. Eso y no otra cosa fue la declaración unilateral de independencia, y eso y no otra cosa es lo que se pretende salvar incidiendo en que nuestra Constitución, convenientemente reinterpretada, puede avalar excepcionalmente lo que no avala en ningún caso. El reparto de papeles entre los partidos de la izquierda es elocuente. Unos plantean una teoría del reemplazo ideológico. Otros consagran que competencias exclusivas del Estado (la regularización masiva de inmigrantes, por ejemplo) sean asumidas sin rubor por autonomías que imponen una sectaria y excluyente dictadura lingüística. Otros conculcan la obligatoriedad constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado. Otros se benefician de regímenes fiscales y de cupos que desguazan el título VIII de la Constitución y deforman el sistema de financiación autonómico viciando así principios elementales como la igualdad y la solidaridad. Y otros tratan de consagrar una ‘Constitución’ de subsidios masivos y sopas bobas. Qué va. La Constitución, esa centolla patria, no está vigente. Está resistente. Que no es poco.