El documento marco que Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa para encauzar las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón no es un manifiesto de circunstancias.
Es, en siete páginas, la declaración más rotunda que ha hecho la dirección del Partido Popular sobre qué está dispuesta a pactar y, sobre todo, qué no.
La decisión de Génova de enviar representantes propios a cada mesa, de imponer un texto «único, vinculante y de aplicación en toda España» y de exigir que las conversaciones aborden primero las políticas y después los cargos corrige un error de meses anteriores: el de dejar a sus líderes territoriales solos frente a una formación que, como ha evidenciado el bloqueo en Extremadura, emplea la investidura como herramienta de presión.
Las líneas rojas del documento son las que cabe esperar de un partido constitucionalista: unidad nacional, separación de poderes, defensa de la Jefatura del Estado y respeto al reparto competencial.
Pero lo relevante no es su enunciado, sino su función práctica.
Al dejar fuera de la negociación autonómica las materias que corresponden al Estado, Feijóo desactiva un buen número de demandas maximalistas de Vox que no tienen cabida en un Ejecutivo regional.
Y al fijar que los acuerdos han de respetar la igualdad de los ciudadanos «por territorio, ideología, lengua, sexo u origen», traza una frontera nítida entre la ampliación legítima de la agenda y la importación de tesis identitarias incompatibles con el liberalismo del PP.
El principio rector del texto («ampliar las ofertas electorales, pero no contradecirlas») merece lectura atenta. Es una fórmula que reconoce a Vox como socio con propuestas propias, pero sin concederle capacidad para imponer un programa alternativo.
Hay en ello más pragmatismo que generosidad: Feijóo sabe que existen amplios espacios de convergencia (bajada de impuestos, apoyo al campo, energía nuclear, refuerzo de la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia y la okupación, endurecimiento de la política migratoria, fortalecimiento de la Atención Primaria y la salud mental) que responden a demandas sociales reales y que el PP puede asumir sin violentar su identidad.
Ahora bien, la aceptación de esos puntos de encuentro no equivale a un cheque en blanco.
El caso de la ecotasa extremeña sobre la central de Almaraz es significativo. El PP pactó una reducción gradual del impuesto entre 2027 y 2030, vinculada a la prórroga de vida útil de la planta; Vox exige «impuestos cero» como condición de investidura.
La distancia entre ambas posiciones muestra que negociar de buena fe no es lo mismo que capitular, y que la dirección nacional está ahí para impedir que la presión territorial convierta una concesión razonable en una claudicación.
Conviene recordar lo que la aritmética electoral autoriza y lo que no. En Aragón, el PP obtuvo prácticamente el doble de votos que Vox. En la Extremadura de María Guardiola, la distancia es todavía mayor.
Esa preponderancia legitima al PP para exigir que el reparto de poder sea estrictamente proporcional a los resultados. Vox ha crecido, pero confundir un buen resultado del tercero en liza con la hegemonía del primero es un espejismo que Feijóo hace bien en disipar.
Es justo reconocer la posición de María Guardiola y Jorge Azcón. Ambos son los legítimos ganadores de sus elecciones.
Guardiola, sometida durante semanas al chantaje de que Vox exigía incluso su sustitución como candidata, ha dado muestras de firmeza que no merece ser debilitada por la negociación.
Azcón ha demostrado en la presidencia en funciones de Aragón una capacidad de gestión que le legitima para liderar un gobierno de coalición sin renunciar a su programa.
Que Génova respalde a ambos con un marco nacional coherente no es una tutela, sino un blindaje frente a las pretensiones de un socio que, legítimamente, pugna por más de lo que los votos le otorgan.
La exigencia de que los eventuales gobiernos de coalición aprueben cuatro presupuestos a lo largo de la legislatura y establezcan mecanismos de seguimiento del cumplimiento introduce un elemento de estabilidad que España necesita con urgencia.
Gobernar no es firmar un papel el día de la investidura; es sostener una acción ejecutiva coherente durante cuatro años.
Pero sería un error leer este documento únicamente en clave extremeña o aragonesa. Porque lo que Feijóo ha elaborado no es un protocolo de emergencia para dos investiduras que urgen (la de Guardiola, con fecha del 3 de marzo), sino una plantilla de alcance nacional.
Si, como indican todas las encuestas, las próximas elecciones generales (previsiblemente en 2027) arrojan una victoria del PP sin mayoría absoluta, Feijóo necesitará un instrumento que defina de antemano las condiciones de un acuerdo con Vox para gobernar España.
Ese instrumento ya existe. Se llama documento marco y dice, en esencia, que la derecha española puede y debe gobernar unida, pero que quien fija las reglas del juego es el partido al que los ciudadanos otorgan la confianza mayoritaria.
Lo demás es sólo negociación.