Con la convicción actoral que exhibe cuando va a soltar uno de esos eslóganes que sabe vacíos, pero que hay que rellenar con una puesta en escena enérgica que enardezca a la concurrencia, Pedro Sánchez dijo el otro día en Ponferrada que “España va como nunca”. Poco después notificó en las redes sociales que el Gobierno se disponía a desclasificar los documentos del 23-F “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Hace tiempo que a Pedro solo le creen a pies juntillas quienes han ido tan lejos en su candidez o fanatismo que ya no hay posible marcha atrás. Estos nada van a objetar al falsario cuento de la España de las maravillas. Mucho menos cuestionarán la benévola intencionalidad de la desclasificación unilateral, porque a mí me da la gana, y sorpresiva, de documentos hasta ahora confidenciales que podrían afectar a las que fueron más altas magistraturas del Estado. Pero los demás, los que seguimos sin acostumbrarnos al ordinario uso de la mentira, ahora en lo que concierne a este súbito amor por la transparencia, tenemos, como poco, algún derecho a la duda.

La tormentosa relación de Sánchez con la verdad, en paralelo a los indicios que anticipan el intento de reactivar el debate sobre la vigencia de la Constitución y el modelo de Estado -a través del CIS, los propagandistas habituales y algunos miembros de la izquierda radical-, alimenta la hipótesis de que bajo esta repentina epifanía, “la memoria no puede estar bajo llave”, se esconde un premeditado ejercicio de auscultación -y en parte de siembra- destinado a calibrar las posibilidades de que abrir el melón de una reforma constitucional, que incluya la discusión sobre el modelo de Estado, sea utilizada, con opciones de éxito, como estrategia de recuperación de la iniciativa política de la izquierda en el tramo final de la legislatura.

De esta forma, la desclasificación de los documentos que aún no se conocen del 23-F podría servir para alimentar la tesis conspiranoica de una Monarquía heredera del franquismo que, para evitar ser de nuevo arrollada por los acontecimientos, no solo no impidió el golpe de febrero de 1981 sino que lo toleró. En el relato conjetural con el que quizá alguien nos alumbre en los próximos días, es probable que, a poco que haya un finísimo hilo al que engancharse, se intente vincular esa supuesta pasividad cómplice de la Corona, encarnada en la figura del Rey Juan Carlos, a la llamada trama civil del golpe, en la que jugaban un papel determinante destacados miembros de la extrema derecha.

¿No se atreverá?

El lícito temor de observadores bien informados es que se pretenda despojar de legitimidad a quien encabezó el grupo de hombres y mujeres que, en algún momento con riesgo incluso de sus vidas, urdieron un plan para instaurar en España una democracia plena tras desmontar lo que Franco había dejado atado y bien atado. Se trataría de colocar al sucesor, Felipe VI, en una posición de mayor debilidad. Tarea difícil, pero no imposible. El actual monarca ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se ha distanciado de su padre, y su comportamiento en estos años de reinado ha sido ejemplar. Pero tiene un problema de compleja solución, por no decir imposible: cada escándalo nuevo, cada dramático e inesperado suceso, agranda la figura del Rey en la misma proporción que encoge la del presidente del Gobierno. Y eso, que debiera ser asumido con naturalidad por quien lógicamente sufre en primer término el desgaste del poder, ha devenido en un serio contratiempo que afecta al equilibrio institucional y puede ir a más.

Quizá la decisión de desclasificar ahora los papeles del 23-F solo obedezca a la necesidad imperiosa de llenar durante días, o semanas, las parrillas de las televisiones y desplazar a un segundo plano asuntos menos gratos; a la necesidad de desviar la atención del respetable del catálogo de fracasos electorales que todavía está por completar. Puede. Yo, permítanme que les diga, no estoy tan seguro de que se vaya a quedar ahí. Creo que este es solo un avance, y un aviso, de lo que podríamos llegar a ver.

Contra toda prudencia y racionalidad, Pedro Sánchez parece resuelto a seguir hasta el final. Han sido muchas las veces que hemos oído decir “no se atreverá”; y se atrevió. El debate monarquía-república, más que impertinente, hoy sería una necedad; provocar una nueva confrontación, y no menor, cuando hay decenas de asuntos graves en lista de espera. Pero encaja en la concepción de la izquierda largocaballerista que Sánchez dice defender. Y sobre todo se inserta en su desesperada estrategia de supervivencia. Y es en esa lógica, la de normalizar la anomalía aconstitucional, donde Felipe VI, sin poder efectivo, pero convertido en referente moral y némesis de Sánchez, más molesto resulta.

Tiene razón mi amigo Fernando, un buen socialista: “El 23-F nos vacunó contra el autoritarismo, la intransigencia y las dictaduras. Esta vacuna nos ha durado más de cuarenta años. Lo lamentable es que hoy, el bigote de Tejero crece en el cráneo de algunos ideólogos y dirigentes de la extrema derecha”. Quizá tenga razón Fernando, pero solo en parte. Porque al bigote de Tejero también se agarran quienes, desde posiciones de izquierda, han decidido que el crecimiento de la extrema derecha es la mejor carta que pueden jugar.