Asimismo, reconoció que en la EHU la intolerancia no tiene un único origen, puesto que «existen grupos de estudiantes que practican el señalamiento y realizan pintadas y carteles agresivos». Añadió que «estas conductas se han traducido en amenazas, en el lanzamiento de botes de humo y en daños a nuestro patrimonio». Y recordó que tales comportamientos se produjeron también con anteriores equipos rectorales. Tiene razón. Estos comportamientos totalitarios de una minoría de estudiantes y que también buscan eliminar o al menos callar a quienes no seamos, sintamos o pensemos como ellos, no han sido auspiciados por el equipo rectoral actual, que, al igual que los anteriores, los desaprueba.

Sin embargo, la reacción del rector no ha sido hasta ahora tan enérgica como la manifestada y exteriorizada ante la convocatoria de Vox. Estaría bien que en estas situaciones se enviaran comunicados y se escribieran artículos de contundencia equiparable. O como hacían los anteriores equipos rectorales, que se procediera con la máxima celeridad al borrado de pintadas o carteles que, como dice el rector, constituyen amenazas, traspasando claramente los límites de la crítica y de la libertad de expresión; o se impulsaran manifiestos de firme condena.

Hay que poner en valor la empatía que muestra el rector por las personas y colectivos que estamos en la diana de los mensajes totalitarios de Vox. Y también que la propia Universidad organice actos en favor de los colectivos o causas que este partido quiere invisibilizar, como el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo, el Día internacional de la mujer, contra el racismo o a favor del euskera. Sin embargo, se echa en falta esa misma empatía con las víctimas o colectivos puestos en la diana por los autores de otros comportamientos totalitarios.

Por ejemplo, estaría bien que se organizaran también en la Universidad actos para preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo o se invitara a participar en actos de homenaje a víctimas de atentados que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Universidad, como es el caso de Jorge Díez y Fernando Buesa.

Y, francamente, todo lo contrario a ser empático con las víctimas de estos comportamientos totalitarios es eliminar conscientemente del proyecto de estatutos presentado por el equipo rectoral la expresa condena al terrorismo que se hace en los aún vigentes junto a la de la violencia en genérico. Tal olvido u omisión fueron advertidos en el trámite de consulta pública, en donde se hizo una petición expresa para volver a incluir, junto a la condena de la violencia, la del terrorismo. La respuesta dada para motivar el rechazo a esta sugerencia es literalmente: «es indudable que el terrorismo entra en el concepto de violencia». Esta respuesta menosprecia la memoria de las víctimas y de la propia Universidad, que consiguió esa condena en un ambiente más hostil que el actual y se parece peligrosamente al argumento utilizado por quienes relativizan o niegan la violencia de género, indicando torticera e interesadamente que en todo caso es un tipo más de violencia.

Sabemos que no es sencillo mantener la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos al cien por cien. Y debemos ser comprensivos con las personas que están en puestos de responsabilidad y deben decidir sobre temas sensibles. Pero es inmensa la distancia entre el irreprochable discurso público del rector sobre actitudes totalitarias y sus actuaciones y decisiones en la práctica y resulta por el momento insalvable. Tiene tiempo para enderezar la situación y acompasar sus decisiones y actuaciones con sus discursos, para conseguir que seamos, como él dice, un espacio de debate libre, diálogo y rechazo a cualquier comportamiento intolerante, en el que cada persona pueda sentirse y expresarse sin miedo, sin amenazas y en plena libertad e igualdad que las demás.