Y es cierto que permanece en las sombras de la confidencialidad todo lo que concierne a la trama civil del 23-F. El llamado golpe blando urdido por el general Armada, sobre el que existen razonables conjeturas de que pudo ser sopesado por el Rey, al menos en un primer momento, como fórmula gaullista para enderezar la deriva de la España de Suárez.

Pero la cuestión es que no resulta realmente necesario saber más sobre aquella otra conjura.

Porque lo importante no es conocer en detalle todos los pormenores que envolvieron al 23-F, sino el impacto efectivo que tuvo el 23-F.

La lógica mesiánica, siempre a la expectativa de la gran revelación iluminadora por venir, parte de este error de planteamiento: en política, las cosas son muchas veces lo que parecen, y su trascendencia reside precisamente en esa forma de mostrarse. En su apariencia.

A efectos reales, son indiferentes los aspectos codificados que permanecen en los arcanos, porque lo nuclear del asunto está a la vista.

Y lo fundamental del golpe del 23-F es la significación que tuvo como acontecimiento.

Una significación que, lejos de estar velada, siempre ha figurado en los análisis canónicos: la de servir como afirmación de la autoridad de Juan Carlos I, e investir de la nueva legitimidad de 1978 a una monarquía dimanante de la legitimidad de 1936.

No importa que el Rey hubiera estado implicado en la sublevación (que no lo estuvo, según prueban definitivamente los documentos). Porque es el hecho de haber ordenado detenerla lo que le revistió de la vitola de garante del orden constitucional.

Como dice el historiador Fernando Paz, al frustrar la intentona de los coroneles, «Juan Carlos pasó del rey del 18 de julio al rey de la democracia».

Y así, dentro de la dramaturgia que precisaba para ganar los corazones de los españoles el oligárquico pronunciamiento civil de la Transacción española, la asonada del último y extemporáneo espadón «terminó convirtiéndose en la pila bautismal en la que la Corona lavó el pecado original de su procedencia franquista».

En ese sentido, el sofocamiento del 23-F jugó en la economía de la Transición el papel que vendría a rematar la victoria del PSOE al año siguiente: consolidar el cambio, y dar al nuevo régimen carta de irreversibilidad.

Lo que resulta curioso es que la desclasificación ha servido para lo mismo que hace 45 años: ungir a Juan Carlos I como salvador de las libertades constitucionales, en un contexto de amplia denigración de su figura.

Pocas horas después de que la desclasificación revalidara la evanescente imagen de Juan Carlos I como patrono de la democracia española, columnistas y editorialistas han concluido que de ella se sigue la necesidad de rehabilitar la memoria del Rey, permitiéndole regresar a España con honores.

El líder de la oposición ha consagrado ese mismo discurso: «La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España (…) para pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país.»

Si esto es un ejercicio de distracción, lo es en un sentido distinto y más sofisticado, consistente en inducir al público a centrarse en la rumorología sobre el 23-F y apartar la mirada de la maniobra manifiesta.

Porque lo significativo es la apertura misma de los archivos, que ha hecho de catalizador emocional para que los partidos dinásticos puedan empezar a resolver el enojoso problema que plantea el destierro del Rey emérito ante la eventualidad de un fallecimiento próximo.

Pensar que la iniciativa se limitaba a una «cortina de humo» supone no conocer al PSOE, que siempre se sirve de estas formas laterales de incoar una determinada reacción mediante operaciones solapadas. En este caso, contribuiyendo a encumbrar a Juan Carlos dejando que pensásemos que lo que pretendía era justo lo contrario.

Esto no significa que haya habido un pacto expreso entre el bipartidismo para enfilar políticamente la repatriación del emérito.

Pero sí se antoja evidente que es lo que el PSOE buscaba, como sugiere que el Gobierno se haya apresurado a verbalizar que «nunca le ha denegado la entrada a España», y que «la decisión del emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él».

No hay que darle más vueltas: el 23-F fue la repetición como farsa de la tragedia del Alzamiento, y la desclasificación ha sido la repetición del 23-F como esperpento.