Agustín Valladolid-Vozpópuli
- El plan para rentabilizar la desclasificación de los documentos del 23-F ha sido un fiasco. Otra semana negra para el Gobierno
Semana muy mala para el Gobierno. De las peores, y mira que las ha habido nefastas. Los de Puigdemont vuelven a evidenciar el permanente estado de ingobernabilidad en el que se ha sumido el país tumbando dos votaciones en el Congreso y Abascal le echa una mano a Feijóo laminando al líder murciano de Vox cuando arranca la campaña en Castilla y León. Pero lo peor ha sido lo del 23-F. El entertainment no ha dado ni para tapar los tobillos. Claro que el plan era otro. Parece que la idea inicial consistía en soltar un bloque por día: Guardia Civil, Policía, CNI, Defensa y Asuntos Exteriores. Una semana en vilo. El Manual. No pudo ser porque desclasificar para luego retener a conveniencia la información hubiera sido un escándalo.
El plan de distracción ha salido regulero, pero lo más decepcionante ha sido que la parte mollar, la que tenía mayor carga de profundidad, la que perseguía expandir el relato de una extrema derecha tan fuerte o más que aquella de 1981 que alentó el golpe de Estado, ese plan, del que queda rastro, ha sido un desastre. La mayoría de los medios, tras la lectura de los documentos desclasificados, decidieron que lo más relevante, y destacable, era que quedaba despejada la duda que sobre el papel de Juan Carlos I, y desde ciertas posiciones de izquierdas y sectores de la ultraderecha, se ha seguido alimentando en todos estos años. Fue el Rey quien frustró la asonada. Con distintas variables, ese ha sido estos días el titular principal y la conclusión que se ha trasladado a la opinión pública. Punto y final.
Montero anticipa los objetivos del plan
Y sin embargo, el martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación, en algunas redacciones las expectativas eran otras. Nada extraño, por otra parte, si nos atenemos a lo que el día anterior dijo, en un canutazo nada espontáneo, la vicepresidenta primera del Gobierno. Tras afirmar que el PP no quiere la desclasificación de los papeles del 23-F porque tiene “miedo de su propio comportamiento durante esos días”, María Jesús Montero soltó esta reveladora parrafada: “Ojalá [que] los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique sirvan (…) para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia y por lo tanto que puedan poner en entredicho la voluntad política, la voluntad popular que se expresa con los ciudadanos (sic) cada vez que acuden en (sic) las urnas”. Blanco y en botella, a pesar de los sic.
Siguiendo las instrucciones de quien puede dárselas, Montero convocó el lunes a los medios para advertir a los españoles de los riesgos de una ultraderecha en auge (incluyendo la marcianada de la suspensión de las elecciones), y del papel subsidiario del PP. Todo ello en la esperanza de que los papeles del 23-F aportaran argumentos para sostener y propagar esa tesis. Imagino que aún está doliéndose de su credulidad y echando pestes contra quien le pasó el argumentario.
No es, en todo caso, la torpeza de la vicepresidenta lo sustancial, sino lo que desvela. Algunos colegas, a mi juicio haciendo una lectura demasiado parcial, han censurado estos días a quienes se temían la existencia de un plan del Gobierno para explotar mediática y políticamente la desclasificación de los documentos del 23-F. Lo curioso es que esa crítica no se sustenta en el análisis de los hechos previos, sino exclusivamente en el resultado, sin duda nada favorable al cuento adelantado por Montero.
Incluso algún relevante comunicador ha llegado a sugerir que no estaría de más pedir excusas a Pedro Sánchez por haber dudado de su buena fe. Ahora va a resultar que nuestro moderno Largo Caballero habría decidido desclasificar unilateralmente los secretos de hace 45 años, sin consultar al Parlamento, no por obligación, ni como mecanismo de distracción, sino para reivindicar el papel del Rey Juan Carlos y reforzar la monarquía parlamentaria.
Ahora resulta que van a tener que pedir perdón por desconfiar aquellos que anticiparon que habría quien utilizaría la desclasificación para impugnar el papel del Emérito e intentar debilitar a la Corona. Y no estoy hablando de Juan Carlos Monedero, que va de soi, quien se apresuró a reproducir su vieja teoría que dice que “el rey Juan Carlos monta el golpe porque cree, con las élites y sus militares más cercanos, que la democracia está yendo demasiado lejos”. Tampoco de los de EH Bildu, muy decepcionados por los efectos de la desclasificación. No, hablo de voceros mucho más próximos al Gobierno.
Un titular de ‘El País’
Hablo, sin ir más lejos, de la televisión pública, en la que pudimos escuchar a un historiador (¿?) afirmar alegremente que era “imposible que Juan Carlos I no lo supiera”. O a otro experto (¿?) manifestar que de los documentos de Sabino Fernández Campo “se deduce que el Rey autorizó al general Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente”. Hablo de otros medios “amigos” en los que pudimos leer estos titulares: “Los nuevos documentos del 23-F alargan la sombra sobre el papel del rey Juan Carlos”; “El CESID recogió que el rey Juan Carlos I habló con Milans de manera confidencial para que no le perjudicara en el juicio por el golpe del 23-F”; “Todas las menciones al rey Juan Carlos en las actas del juicio del 23-F: ‘A sus órdenes para dar un golpe de timón’»; “Un documento del CNI afirma que el rey emérito se reunió con los golpistas del 23F”. Y dejo a un lado todo lo que se dijo en redes sociales.
Si no había un plan se le parecía mucho, porque hay suficientes indicios que apuntan a que con la desclasificación por sorpresa de los documentos del 23-F se perseguían otros objetivos que nada tenían que ver con una incontenible conversión en favor de la transparencia. Sánchez nos tiene demasiado acostumbrados a las jugadas con doble intencionalidad, incluso triple, como para que ahora compremos sin más la mercancía de la deuda saldada con la sociedad. Lo que ocurre es que la maniobra ha salido mal. Porque ya no todos obedecen (decisivo para muchos el titular al día siguiente en El País: “Los documentos constatan el papel clave de Juan Carlos I para frenar el golpe de 1981”). Y lo más relevante: porque la Corona, esta Corona, justa acreedora de un mayoritario respaldo social, es hoy por hoy intocable. Otro gallo habría cantado de ser la que heredó el monarca actual.