Verdad. Hay una verdad canónica sobre lo ocurrido en Vitoria aquel miércoles de ceniza. La orden del gobernador civil de desalojar una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís se llevó a cabo sin razones y, lo que es peor, sin medios. La policía provocó el pánico gaseando el templo y en la salida forzada de los asistentes se vio atrapada entre dos masas humanas. Formada en el recurso a la fuerza y ajena a cualquier derecho, disparó y mató a cinco obreros, más varias decenas de heridos. No hubo violencia previa por parte de estos, como afirmaron los primeros informes oficiales. Hasta la fecha no sabemos si hubo premeditación: ni para provocar la masacre ni para castigar a los huelguistas. Todo indica que hubo imprevisión e incapacidad para gestionar la situación por todas las partes, con responsabilidad distinta en cada caso. Un dictamen historiográfico y una comisión parlamentaria de investigación así lo establecieron, lo que no obsta para que una política de archivos más abierta pudiera todavía aportar respuestas a preguntas clave. Tal disposición aparece en la Ley de Memoria Democrática de 2022 o en la intención de desclasificar documentos de esas fechas, pero nada práctico tenemos aún. Ahora se anuncia para los documentos del 23 de febrero de 1981. ¿Y los de 1976 anteriores?

Justicia. No habrá justicia penal para las víctimas del 3 de marzo. Al principio, las administraciones no mostraron interés en conocer y juzgar lo ocurrido. Asumieron sin discusión que los autores fueron funcionarios públicos (policías), pero sin acusar en concreto a ningún agente, mando o responsable superior. Después, la Ley de Amnistía de 1977 dejó también estos crímenes fuera de toda posibilidad de encausamiento. Aún más, al cabo de los años prescribieron ampliamente como delitos. Ni los intentos foráneos apelando a la lesa humanidad –los de la jueza argentina Servini– ni las expectativas creadas por las leyes de memoria han reportado nada factible a efectos penales. Todo queda para una justicia simbólica, para el hecho de que conocemos lo que ocurrió y el nombre de sus responsables máximos, pero nada más.

Reparación. Todavía con Fraga de ministro, se plantearon reparaciones económicas, pero no se hicieron efectivas hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007; exactamente, entre 2009 y 2010 (675.000 euros). El Parlamento vasco y las Juntas Generales de Álava aprobaron partidas para equiparar la incomprensible diferencia de indemnizaciones de las víctimas del terrorismo y de las denominadas «otras violencias». En 2011, el Ministerio de Justicia expidió Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal para alguna de las víctimas. En 2005 las Juntas Generales les concedieron la Medalla de Álava, máximo reconocimiento institucional de la provincia. En 2012 acudió por vez primera una representación del Gobierno vasco al acto homenaje junto a la iglesia, y en 2024 lo hizo otra del Gobierno de España; en 2025 estuvo presente el ministro de Memoria Democrática. Aunque todavía no forma parte de su patronato, esta institución aporta 600.000 euros al Memorial constituido por Ayuntamiento, Diputación, Obispado y asociaciones de víctimas y memoriales. No se ha atendido la reiterada demanda de reconocimiento como víctimas del terrorismo (de Estado), porque, hasta donde se conoce, se puede acreditar que aquello fue un crimen de Estado, pero no un terrorismo planificado y organizado para actuar de esa manera. Finalmente, tras los pasos dados por el Gobierno de España, resultaría esperable una declaración oficial por su parte coincidiendo con este aniversario que deje claro el reconocimiento de lo ocurrido.

Memoria. Se ha producido un típico mecanismo de apropiación del recuerdo por los sectores sociales y políticos que han insistido en las celebraciones anuales, por un lado, en la naturaleza radical de aquel conflicto y, posteriormente, en la incorporación de factores ajenos, como los referidos al terrorismo de ETA y a la represión de este. Ello ha apartado a una mayoría ciudadana de la celebración y ha permitido que quede en las solas manos de quienes han trabajado en estos años por mantener memoria de aquello. La cuestión se plantea en estos términos: recordar lo que ocurrió entonces como si nada hubiera cambiado, o recordar aquello como otro hito más, principal, que dio lugar a la actual sociedad vitoriana, en un sistema de libertades y derechos ganado mediante acontecimientos como aquel de marzo del 76.