Agustín Valladolid-Vozpópuli

  • El ataque contra el régimen iraní ha puesto de manifiesto el oportunismo temerario del norteamericano y la osadía irresponsable del español

Desde que en 1979 el Ayatolá Jomeini se hiciera con el poder, la represión de las libertades ha sido una constante en Irán. Los primeros años de la revolución que derrocó al Sha fueron especialmente violentos. No hay cifras oficiales, pero distintos informes de organizaciones de derechos humanos manejan estimaciones que hablan de miles de ejecuciones de opositores políticos. La ONU calificó en su día estos hechos como masacres.

En 1988 se produjo el episodio hasta ahora mejor documentado: en pocas semanas fueron ejecutados entre 4.000 y 5.000 presos políticos, según diversas ONG y testimonios recogidos por la ONU. Recientemente, en 2024, el relator especial de Naciones Unidas volvió a calificar estos hechos como crímenes contra la humanidad.

Organizaciones independientes confirmaron centenares, miles de víctimas, en cada ciclo de las protestas organizadas contra el régimen entre 1999 y 2023. Solo en las manifestaciones de 2019, convocadas tras el incremento del precio del combustible, hubo unos 1.500 muertos. Y en las concentraciones que se sucedieron bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” (2022-2023) la ONU llegó a documentar miles de fallecidos y un número indeterminado de “detenciones masivas”.

En las conclusiones de la última y reciente misión de investigación de Naciones Unidas se afirma que a partir de 2022 Irán ha llevado a cabo la represión más mortífera desde 1979, con “miles de personas asesinadas”, según informes independientes. Aunque no existe una estadística total consolidada, las evidencias acumuladas por la ONU, ONG,s y misiones de investigación, muestran que la represión en Irán, desde que Jomeini instauró en 1979 el régimen de los ayatolás, es una de las más extensas, sistemáticas y prolongadas del mundo contemporáneo.

La inoperancia del derecho internacional

Detenciones masivas, masacres, crímenes contra la humanidad. Lo dice la ONU. La ONU investiga, la ONU denuncia, pero más allá de eso, ¿qué ha hecho la ONU en estos 45 años largos de durísima persecución y eliminación del discrepante? Apenas nada. Ciertamente no lo tiene fácil. La legalidad internacional es un requisito que se ha vuelto inaplicable. La Carta de Naciones Unidas, en sus artículos 39, 41 y 42, autoriza la adopción de medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza, contra el país que viole sistemáticamente los derechos humanos, pero solo “en casos extremos”. Claro que la extremosidad, concepto subjetivo, no depende del nivel de crueldad aplicado a la población agredida, sino de cuál sea y cuánto poder tenga el Estado agresor.

Los artículos más arriba citados conforman la base jurídica de una intervención armada por motivos humanitarios. Apenas se han aplicado en el pasado. Problema: que el único órgano que puede tomar esa decisión es el Consejo de Seguridad, y es en este punto en el que se desmorona el socorrido argumento del derecho internacional, muy utilizado estos días para criticar la intervención norteamericana en Irán (incluso para negar apoyo logístico a las operaciones del Ejército de los Estados Unidos).

No hay legalidad internacional posible si el encargado de aplicarla es un órgano en el que sus miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) juegan en bandos irreconciliables y tienen derecho de veto. Esta institución, creada tras la Segunda Guerra Mundial, diseñada en origen como válvula de escape cuando la presión alcanzaba niveles temerarios, es hoy un artefacto inservible que se neutraliza a sí mismo. La paradoja es exasperante: el sistema internacional protege los derechos humanos, pero protege más el veto al legítimo uso de la fuerza. El resultado es un marco legal que permite condenar, lamentar, investigar, sancionar… pero no actuar. Un derecho que se indigna, pero no interviene.

La pregunta ya no es si debemos intervenir militarmente en cada crisis -nadie sensato lo propone-, sino si podemos seguir sosteniendo un sistema que convierte la soberanía en un escudo para los verdugos. La legalidad internacional no puede ser un refugio para quienes violan los derechos humanos de forma sistemática. ¿Justifica ese bloqueo, esa irritante inoperancia, la acción unilateral de Estados Unidos e Israel? No necesariamente, pero sirve para mejor explicarla.

Un Fidel Castro moderno

También debiera servir para exigir alternativas viables a quienes se conforman con una condena retórica de la brutal represión en Irán (más de 30.000 muertos en las últimas protestas, según fuentes fiables) y luego se emboscan en una legitimidad que es puro papel mojado. Es lo que ha hecho la mayoría de dirigentes políticos que nada van a pintar en la resolución de este nuevo conflicto armado, entre ellos nuestro presidente, quien además ha decidido arriesgar más allá de lo que aconseja la prudencia, negando apoyo a la intervención militar -y naturalmente sin pasar por Parlamento- por estrictas razones de política interior. Lo mismo que Trump.

Pedro Sánchez decidió hace tiempo que enfrentarse a Donald Trump podía serle muy rentable, aun a sabiendas de que la osadía nos puede costar muy cara. Es curioso, porque cuanto más juega a ser la némesis del sietemachos norteamericano más se parece a él. Si le preguntas a la IA por los parecidos razonables entre uno y otro, la lista de coincidencias es ciertamente llamativa: 1.- Relación conflictiva con el Poder Judicial; 2.- Personalización extrema del poder; 3.- Comunicación basada en el antagonismo; 4.- Relación instrumental con los medios; 5.- Uso intensivo del decreto y la excepcionalidad; 6.- Nepotismo o hiperconfianza en el círculo íntimo; 7.- Construcción del liderazgo como epopeya personal; 8.- Relación ambivalente con la verdad factual; 9.- Estrategia de movilización emocional; 10.- Capacidad de supervivencia política extraordinaria.

Parece un juego, pero no lo es. La apuesta por confrontar con Trump a campo abierto, de alejarse conscientemente de la posición adoptada por nuestros principales socios europeos en un conflicto de esta envergadura, es probablemente la decisión de política exterior más relevante, y grave, de las tomadas por Sánchez desde que es jefe de gobierno. Sin consultar a nadie, sin buscar el mínimo consenso. Únicamente porque, en su temeraria huida hacia delante, parece estar convencido del rédito personal y político que le puede proporcionar ese disfraz de Fidel Castro moderno, de paladín de un nuevo antiimperialismo.

Y ya no se trata de que Sánchez haya ordenado que no se dé ningún apoyo a los aviones norteamericanos que participen en la ofensiva contra el régimen de los ayatolás; es que lo ha hecho sacando pecho, sin el menor interés en buscar la mínima comprensión. La reacción ha sido la esperada: como ha contado Gonzalo Araluce (Los diplomáticos alertan del “alto precio” de desafiar a EEUU con Rota y Morón: “Trump no olvida”), “en la administración Trump entienden que la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez trasciende del estamento puramente diplomático, y afecta a instancias operativas del Pentágono, de la inteligencia norteamericana y de su ejército”. Palabras mayores, que a lo que se ve, a nuestro líder guerrillero le resbalan. No tardaremos mucho en saber si a los demás también nos resbalarán o más bien nos acabarán atropellando.