Javier Zarzalejos-El Correo
- Cuando se presenta como legítima protectora de los peores regímenes, la legalidad internacional necesita de la fuerza para asegurar su cumplimiento
Cuando todavía sangran los miles de cadáveres de iraníes asesinados en las calles convertidas en territorios de caza humana por los sicarios del régimen teocrático, la invocación al derecho internacional como blindaje de una perversa dictadura nos produce a muchos un rechazo instintivo. Cuando las autoridades iraníes han exigido a los familiares de los asesinados el pago de una tasa de muerte para recuperar el cadáver de sus hijos o hijas, contemplar al representante de Irán en el Consejo de Seguridad explayándose sobre las obligaciones de la Carta de la organización resulta un insulto a la inteligencia y una agresión moral.
Irán patrocina el terrorismo a través de sus ‘proxis’ Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen. La propia columna vertebral del régimen, la Guardia Revolucionaria Islámica, ya ha sido objeto de una decisión del Consejo de la Unión Europea para incluirla en la lista de organizaciones terroristas. Las actividades terroristas del régimen iraní están acreditadas judicialmente en Europa, ya hayan sido realizadas directamente por los agentes del régimen o subcontratadas a organizaciones criminales como la que atentó contra Alejo Vidal Quadras en Madrid.
Irán es un elemento desestabilizador en todo Oriente Medio, conjurado para la destrucción del Estado de Israel. Es, junto a China, el primer aliado de Rusia en la guerra de agresión contra Ucrania, facilitando tecnología de drones y asistencia a Moscú. Elude las sanciones internacionales y sistemáticamente ha trampeado con las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no ha dejado de alertar de la progresión del régimen hacia la adquisición del arma nuclear unida al desarrollo de la capacidad balística con la que amenazar a vecinos y no tan vecinos.
La negociación y el diálogo nunca han sido opciones reales en el trato con un régimen al margen y en contra de cualquier procedimiento diplomático que haya buscado sinceramente el compromiso. Y aún así se han seguido intentando. Año tras año, un sistema brutal y sangriento se ha beneficiado de la amenaza nuclear y se ha asentado en el poder, aplastando con el tiro y la horca cualquier atisbo de disidencia, menos aún de libertad.
En estos días, Irán responde a la acción militar conjunta de Israel y Estados Unidos atacando a los Estados del Golfo y cerrando a la navegación el estrecho de Ormuz, además de amenazar a los países que apoyen de cualquier manera a Tel Aviv y Washington, como ha hecho de modo inaceptable el embajador iraní en Madrid, que de forma incomprensible sigue residiendo cómodamente en nuestro país.
La reflexión jurídica académica es imprescindible pero no puede ser ni simplista ni parcial, olvidando las carencias de las que el derecho internacional adolece. Mal servicio se hace a la causa del derecho internacional cuando este sistemáticamente se presenta como un escudo protector de los peores regímenes, desconociendo no solo el riesgo cierto que representan para la paz y la estabilidad internacionales sino la brutalidad que ejercen de manera masiva contra su propia población. ¿El derecho es indiferente -o tiene que ser indiferente- a la represión masiva y sin freno? ¿Los parámetros jurídicos quedan necesariamente en vía muerta cuando un órgano como el Consejo de Seguridad queda bloqueado? ¿Dónde queda la responsabilidad de proteger? ¿Hasta cuándo tendría que esperar Israel contemplando el avance de Irán hacia la posesión de la bomba nuclear para erradicarlo?¿Se puede descartar una amenaza inminente cuando, por ejemplo, nadie esperaba un ataque contra Israel como el perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023?
Nos guste o no -y no nos gusta-, la sociedad internacional carece del grado de institucionalización que requiere el pleno ejercicio del derecho si lo que se pretende es replicar las condiciones de su aplicación como si se tratara de un Estado. Probablemente nada más alejado del ideal kantiano de sociedad internacional que un régimen apocalíptico y fanatizado como el que todavía se asienta en Teherán. El derecho, dentro o fuera de un Estado, necesita de la fuerza para asegurar su cumplimiento. Ahí entra el monopolio legítimo del uso de la violencia que corresponde al Estado. Sin fuerza que respalde su aplicación, no hay derecho sino otra categoría normativa.
Esta constatación abre interrogantes para una reflexión que no puede darse por clausurada absolutizando el papel del Consejo de Seguridad cuando está acreditado que este órgano no está en condiciones de cumplir con la responsabilidad que le corresponde en la decisión sobre el uso de la fuerza. Por más que tengamos que renunciar a la utopía internacionalista, o precisamente por eso, esa reflexión es imprescindible. La impone la realidad.