En este caso, no lo dice Trump, sino el propio Secretario de Estado de Joe Biden, Tony Blinken, quien el 22 de julio de 2024 afirmaba que Irán estaba «a una o dos semanas» de cruzar el umbral nuclear.

Segundo, debe haber un desastre anunciado.

El régimen de los mulás lleva cuarenta y siete años insistiendo —con una saña especial en los últimos tiempos— en que su arsenal de misiles (y pronto sus ojivas nucleares) tiene como fin borrar del mapa al menos a un país: Israel.

Tercero, se deben haber agotado todos los demás recursos, especialmente los diplomáticos.

La administración estadounidense lo intentó hasta el cansancio semanas antes de los ataques del sábado. Mientras tanto, los mulás repetían aún el domingo que la negociación no era una opción para ellos.

Y, por último, una guerra es justa cuando el daño que causa (los daños colaterales) es menor al mal que evita: la destrucción programada de un país, ataques devastadores a los vecinos y, por supuesto, las matanzas de civiles iraníes que ya han ocurrido y que están listos para repetirse.

Bajo estos criterios, la guerra de Trump en Irán es justa.

Uno puede pensar —como es mi caso— que Trump le hace un daño inmenso a la democracia estadounidense. Pero debemos celebrar esta «astucia de la razón» que lo convierte, aparentemente, en el instrumento para un posible cambio de régimen en Irán.

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La gran duda, por supuesto, es saber si llegará hasta el final y si ese cambio de régimen ocurrirá realmente.

Sus declaraciones al respecto son contradictorias.

A veces, según el medio al que hable, sí menciona el derrocamiento; expresa su intención (lo que Santo Tomás y Grotius llamarían la «recta intención») de ayudar a los insurgentes que en enero desafiaban las balas de los mulás.

Habla como un «wilsoniano» que abre las puertas de la democracia a un pueblo que —a diferencia del Irak de 2003— arde en deseos de cruzarla.

Promueve una revolución que aseste un golpe fatal, ya no al nazismo como Roosevelt, o al comunismo como Reagan, sino a ese «tercer fascismo» que es el islamismo.

Pero otras veces, por el contrario, se muestra dispuesto a pactar con los supuestos sectores moderados de un régimen que se cae a pedazos.

Deja de hablar como wilsoniano para sonar como «jacksoniano» (esa otra vertiente de la política exterior de EEUU cuyo lema es, básicamente: «golpeo y me largo»). Aplica de nuevo esa variante de la doctrina que inventó en Venezuela y que frenaría en seco el impulso democrático actual; tranquiliza a su base MAGA, a la que poco le importa la defensa de las libertades en la tierra de Ciro el Grande.

Para todos aquellos a quienes prometió que «la ayuda estaba en camino» y que hoy se lo agradecen, esto sería una decepción atroz.

Si lleva esta guerra hasta sus últimas consecuencias, quizás sea larga. Costosa en vidas estadounidenses. Pero la Historia le dará la razón. De lo contrario, no le perdonará ni su retractación ni su debilidad.

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Queda la cuestión del derecho. Es el argumento que suelen esgrimir aquellos a quienes la matanza a sangre fría de 30.000 iraníes desarmados en 48 horas les dejó indiferentes, pero que de pronto se escandalizan al ver el derecho «pisoteado» en EEUU y en la ONU.

En cuanto a Estados Unidos, se equivocan. La norma es clara: el presidente está facultado para iniciar hostilidades. Sólo tiene la obligación de informar al Congreso en un plazo de dos días y, si este lo exige, repatriar a las tropas a los noventa días. ¡Estamos muy lejos de eso!

Respecto al derecho internacional, el tema es más complejo.

Es evidente que la Casa Blanca debería, por lógica, haber contado con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero, ¿acaso se hizo en Kosovo en 1999?

¿O en Siria en 2018 con los ataques franco-británicos?

¿En Afganistán en 2001?

¿En Mali en 2013 bajo el mandato de François Hollande?

Todos sabían que habría un veto en cada ocasión. Y todos saben hoy que hubo que apoyarse en otros principios: la «amenaza inminente», la «respuesta colectiva entre aliados» y la «responsabilidad de proteger», integrada en la ley desde 2005.

Estos tres principios forman una especie de derecho consuetudinario internacional nacido de la experiencia, de las masacres que la gélida maquinaria de la ONU permitió y de los genocidios que no supimos evitar.

Algún día, si las naciones tienen el valor necesario, servirán para reparar una organización que tiene la nefasta tendencia de proteger a los verdugos y dejar a los pueblos desamparados.

Pero, por ahora, hay urgencia. Y es en esa legitimidad superior en la que debemos apoyarnos para salvar al pueblo iraní. No se puede oponer un derecho fallido a vidas que están bajo amenaza de muerte.