stos datos aparecen en el informe ‘Tratamiento policial y judicial del terrorismo yihadista en España (2015-2025)’, publicado por el Real Instituto Elcano y elaborado por Carola García-Calvo y Lucía Fernández-Rodríguez. El informe repasa la actividad judicial y policial en España en los últimos once años y llega a la conclusión de que España «se ha consolidado durante la última década como uno de los países más activos de la UE en la lucha contra el terrorismo yihadista».

Durante años, el mayor volumen de operaciones contra el terrorismo islamista ha tenido lugar en suelo francés, un país con conexiones históricas con el Magreb y en el que existen importantes comunidades musulmanas, muchas de ellas procedentes de la descolonización de Argelia en 1963. En el país vecino entre 2014 y 2024 se registraron un total de 2.250 detenciones por delitos relacionados con él. En ese periodo, en España hubo 619 arrestos por esta causa y en Bélgica, 405. Entre 2024 y 2025, en España se detectaron un total de 81 detenciones en 49 operaciones policiales, lo que significa cuatro operativos al mes.

Según escribe Carola García-Calvo, miembro del Comité de Investigación de la Red de Conocimiento para la Prevención de la Radicalización Violenta de la Comisión Europea, una de las características de la actividad antiyihadista española es que «no se persigue únicamente a quienes tienen planes inminentes de comisión de atentados, sino también a los que manifiestan la voluntad de hacerlo o a los que, a través de sus actividades, sostienen la actividad terrorista».

Los datos recopilados por la experta revelan que más de la mitad de las detenciones por radicalismo islamista (55,6%) no terminan en una condena, ya que a menudo se resuelven con medidas administrativas como la expulsión del país, libertad sin cargos o el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Sin embargo, en los casos que han llegado a la Audiencia Nacional se han dictado 275 resoluciones judiciales, de las que el 82% han sido condenatorias y el resto, absolutorias. En total, 224 personas han recibido penas de prisión.

Los principales delitos que se han tenido en cuenta en las sentencias son integración en organización terrorista (70 condenas), autoadoctrinamiento (48 condenas), enaltecimiento del terrorismo (42 condenas), adoctrinamiento terrorista (35 condenas) y colaboración con organización terrorista (16 condenas). Según el análisis, la presión policial y judicial ha sido clave para asfixiar la logística de las células terroristas instaladas en España o que dependían de personas instaladas en el país.