Cada vez que la puerta de la Constitución se entreabre, nacionalistas e independentistas intentan colarse. En esta ocasión el que más prisa se ha dado es el PNV, a propósito de una reforma de la Carta Magna que se encuentra en tramitación parlamentaria. No es la reforma que pretende la izquierda para incluir el aborto en su articulado, que ésa es inviable porque el PP no la apoya –y bien que lo sabe Pedro Sánchez–. Sino una modificación aparentemente inocente del artículo 69.3, impulsada por el Parlamento de Baleares, para que la isla de Formentera pueda elegir un senador propio, con independencia del que elija Ibiza. Se necesita el voto de tres quintos de la Cámara Baja, 210 diputados, y por tanto al PP.

Los nacionalistas vascos han visto la oportunidad y este miércoles una batería de 11 enmiendas a la proposición de reforma original, en las que dan rienda suelta a sus deseos. Que pasan por: eliminar la referencia a la «indisoluble unidad de la Nación española» del artículo 2, incluir el derecho de autodeterminación –que no existe en ninguna Constitución salvo en las de Etiopía y la diminuta isla caribeña de San Cristóbal y Nieves–, eliminar el artículo 155, limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales y despojar a las Fuerzas Armadas de su función de «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», como así lo establece el artículo 97.

Los de Aitor Esteban proponen, entre otras cuestiones, mutilar el artículo 2 de la Constitución para eliminar esta frase: «Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Así como también cambiar el término «nacionalidades» por «naciones», y también sustituir «nación» por «Estado».

Además, el PNV apuesta por incluir una nueva disposición adicional. Ésta: «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

El antecedente del artículo 49

Lo curioso es que los nacionalistas vascos no se han preocupado de innovar lo más mínimo: las 11 enmiendas son idénticas a las que ya presentaron a finales de 2022, cuando populares y socialistas estaban negociando la reforma de otro artículo, el 49, para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» en su enunciado. Entonces, el PP solo accedió a apoyar la reforma cuando obtuvo garantías del Gobierno de que ni ellos ni sus socios iban a intentar más cambios «de forma torticera».

Y, sobre todo, garantías de que esa reforma tampoco derivaría en la convocatoria de un referéndum, porque el artículo 167.3 establece que basta con que 35 diputados lo soliciten para que deba celebrarse obligatoriamente, y la pasada legislatura los independentistas y nacionalistas sumaban esa cifra mágica. En esta legislatura, por el contrario, Junts y ERC tienen siete cada uno, Bildu seis, el PNV cinco, el BNG uno, Coalición Canaria otro… y ni con los cuatro de Podemos alcanzarían ese listón.

Finalmente, a principios de 2023 las Cortes aprobaron la reforma del artículo 49 sin más adornos. El PNV guardó sus enmiendas en un cajón para mejor ocasión y ahora las ha vuelto a sacar. Aunque el éxito que van a tener es el mismo: ninguno.

La proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución pasó el primer corte del Congreso el pasado 10 de febrero, cuando fue tomada en consideración con 176 votos a favor, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Durante el debate, el diputado popular José Vicente Marí advirtió de que su grupo se bajaría del carro si la reforma propuesta acababa excediendo los límites de ese artículo.

«Debatimos la admisión a trámite de una reforma constitucional en el momento en que hemos vivido los más grandes desafíos a la Constitución desde 1978, en un momento en que se ha intentado la subversión del orden constitucional. Y, lamentablemente, hoy esos desafíos persisten, bien sea por aquellos que pretenden ‘cuanto peor mejor’, o bien por aquellos que por su debilidad cualquier coyuntura les sirve para seguir aferrados a la silla. Señorías, en esta legislatura –fíjense que hablamos de la Constitución de la concordia– todo han sido muros y divisiones», sostuvo. El portavoz de Vox, por su parte, además de poner el acento en el gasto superfluo que sería un senador más añadió: «Esta propuesta de reforma lleva en ella otra puñalada más a la unidad nacional perpetrada por la izquierda, impulsora real de esta reforma, y es que pretenden prohibir constitucionalmente los topónimos en español. Quieren que conste en la Constitución española el topónimo en catalán ‘Eivissa’, eliminando el español ‘Ibiza’», denunció Jorge Campos.

Las enmiendas del PNV tratando de convertir esta reforma en un caballo de Troya a través del cual entrar en el edificio constitucional son las primeras, pero es posible que no sean las últimas, atendiendo a las intervenciones de los independentistas catalanes en el debate de febrero. El portavoz de Junts, Josep Pagès, señaló: «Lo que nosotros queremos no son Cámaras territoriales en un Estado que no es el nuestro, sino que luchamos por un parlamento soberano en una Cataluña independiente». La de ERC, Teresa Jordà añadió: «Este es un debate que interpela al conjunto de los países catalanes. Los países catalanes también son una realidad conceptual que a muchos les hace explotar las neuronas. Interpela una manera de entender el Estado basada en la uniformización y en el centralismo, una forma de hacer que incomoda profundamente cuando los pueblos pequeños, los pueblos insulares, los pueblos catalanoparlantes alzamos la voz y reclamamos ser tratados como sujetos políticos completo».