La izquierda dinamita la sanidad pública

No es posible comprender la degradación acelerada de la sanidad pública española sin colocar la inmigración masiva en el centro del diagnóstico. En los últimos cuatro años han entrado 3,2 millones de inmigrantes hasta alcanzar los 10,4 millones de personas nacidas en el extranjero. Una cifra sin precedentes, atraída por los incentivos que la clase dirigente les brinda a costa de la clase trabajadora española. El resultado es un shock de demanda sobre el Estado de bienestar: colapso en el acceso a la vivienda, la educación, la justicia y, muy especialmente, la sanidad. Una inmigración mayoritariamente poco cualificada que, en términos agregados, sustrae del sistema más de lo que aporta a un Estado de bienestar construido durante generaciones de cotizantes.

Esta semana el Gobierno de izquierdas de la mano de Médica y Madre ha dado la última estocada: reconocer el derecho de todo inmigrante ilegal al acceso universal y gratuito a la sanidad pública, sin requisito alguno. Antes se exigía al menos el empadronamiento —una farsa, pero algún filtro era—. Ahora ni eso. Muchos dirán, con cierta razón, que la culpa no es de los inmigrantes, que ellos simplemente aprovechan lo que se les ofrece. Pero eso no es toda la verdad. El inmigrante que llega como turista y acude al hospital ocupa un hueco en el sistema que no ha financiado, empuja a una lista de espera al español que sí lo ha hecho durante décadas. Eso es robar y el que roba es un delincuente que debe pagar la factura y ser deportado. robando un hueco en el sistema sanitario al español que lo ha pagado, enviando a nuestros abuelos, padres e hijos a una lista de espera que crece con la inmigración. Cada día vemos miles de videos de latinas en redes sociales alardeando de su tarjeta sanitaria conseguida al poco de bajarse del avión que llevan a toda la familia a hacer ronda de médicos con la frase “todo gratis” (para ellos, ya paga el español trabajador). El acceso universal sin contribución previa no es solidaridad: es un expolio decretado desde arriba que paga el de abajo. La sanidad pública en España fue construida con el esfuerzo colectivo de trabajadores que cotizaron durante décadas, el ahorro de nuestros padres y abuelos para levantar hospitales, formar médicos y enfermeras. Era el orgullo de un país ahora desmantelado y expoliado.

Pero provocar el colapso de la sanidad pública implica un enorme negocio para la sanidad privada. Según datos de UNESPA, en apenas tres años el número de pólizas de seguro médico privado ha crecido en 3,6 millones. Hoy más del 25% de los españoles tiene cobertura sanitaria privada —el 40% en Madrid, el 34% en Cataluña—. Cada vez más pólizas y más caras. En 2025 las primas crecieron un 12%, el mayor incremento interanual registrado, y en los últimos diez años el coste de una póliza de salud se ha encarecido un 50%. El trabajador paga dos veces: primero vía impuestos, para financiar un sistema del que es expulsado por saturación; luego la póliza privada para acceder a un especialista en menos de seis meses. La salud se está convirtiendo en un artículo de lujo en un país con Estado del bienestar. El acceso universal y gratuito solo beneficia a los de fuera quienes jamás han contribuido a construirlo.

La ministra Mónica García, de Más Madrid, no está destruyendo el negocio privado: lo está engordando, grupos como Quirón accede a grandes contratos con la sanidad pública, y sube e negocio de venta de pólizas privadas. La izquierda globalista y la derecha liberal, ambas corresponsables de la inmigración masiva, trabajan en la misma dirección: debilitar lo público para hacer imprescindible lo privado. El bipartidismo no ha roto nunca ese consenso.

El español que trabaja paga dos veces por un servicio esencial cada vez más deficiente Al shock de demanda hay que sumarle la crisis de oferta: faltan médicos. No se forman como tomates; requieren años de preparación. Y mientras España pierde médicos hacia países que los retribuyen de forma más digna tras haber financiado su formación con dinero público, el sistema recurre a contratar médicos de formación más dudosa. Según datos internos de los Colegios de Médicos de Barcelona y Tarragona hay unos 50.000 médicos extracomunitarios —principalmente latinoamericanos— trabajando en España como especialistas sin tener homologada su especialidad. Son contratados formalmente como médicos generales y luego asignados al servicio que corresponda, ejerciendo funciones de especialista a través de un limbo legal. Según encuesta del Colegio de Médicos de Barcelona el 86% de los médicos extracomunitarios sin título homologado ejercen en el ámbito de su especialidad no reconocida, y el 44% ni siquiera ha iniciado los trámites de homologación. La respuesta del Gobierno no ha sido exigir el cumplimiento de los estándares formativos. Ha sido la contraria: facilitar aún más la contratación. En 2023 homologó casi 9.000 títulos básicos de Medicina extracomunitarios, el equivalente al 25% de todos los graduados en universidades españolas ese mismo año. Mientras tanto, hay una bolsa de más de 2.000 médicos españoles licenciados que no han obtenido plaza MIR y no pueden ejercer. El sistema les cierra la puerta a ellos y se la abre a otros con menos garantías. Pero luego tenemos que soportar la falsedad que vienen a hacer los trabajos que no quieren hacer los españoles.

La conclusión es difícil de digerir pero necesaria: el trabajador español obligado a contratar un seguro privado para escapar del colapso de la pública puede estar siendo atendido, en esa misma sanidad privada, por un especialista cuya formación no supera los criterios mínimos que el propio sistema español considera suficientes. Paga más. Por peor servicio. Buena suerte en su momento más vulnerable.

La solución no es importar más médicos, sino remigrar millones de inmigrantes además de imponer que tengan un seguro privado, sin que puedan acceder a la sanidad pública. El inmigrante que no se lo pueda permitir no se puede permitir entrar ni quedarse en España.