El despliegue de la fragata Cristóbal Colón vuelve a poner de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno cuando se trata de explicar decisiones militares. La ministra de Defensa sostuvo que el envío del buque no requería autorización del Congreso porque la fragata ya estaba integrada en el grupo aeronaval del portaviones francés Charles de Gaulle. Sin embargo, el argumento pierde solidez cuando se plantea ahora que ese mismo grupo operativo pueda participar en tareas de escolta en el estrecho de Ormuz. No se trata de una cuestión menor. Esta opacidad coincide además con decisiones presupuestarias igualmente poco transparentes. El Ejecutivo acaba de transferir más de 1.000 millones adicionales a defensa para atender «necesidades ineludibles» sin detallar su destino ni el origen de los fondos. En una democracia consolidada, la política de defensa exige discreción operativa, pero no oscuridad política. El Gobierno debe explicar con claridad qué misión cumple la fragata española y bajo qué mandato. La seguridad nacional también exige rendición de cuentas.