La afirmación suena solemne, incluso virtuosa, pero tiene el pequeño problema de que parte de una interpretación muy discutible de lo que realmente dijo Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión no lanzó ninguna diatriba contra el Derecho internacional. En realidad, lo que hizo fue algo bastante distinto. Recordó cuatro ideas incómodas, pero profundamente realistas.

Que el régimen iraní es responsable de una represión interna sistemática y de décadas de desestabilización regional.

Que Europa debe actuar con realismo estratégico, no únicamente con legalismo declarativo.

Que el orden internacional basado en reglas, ese que Europa invoca con razón, necesita adaptarse a un mundo cada vez más conflictivo.

Y que la Unión Europea debe prepararse para las consecuencias geopolíticas y humanitarias de la guerra.

Nada de eso supone negar el Derecho internacional. Al contrario, supone tomárselo en serio.

Porque el Derecho internacional no es una reliquia diplomática destinada a ser citada en ruedas de prensa. Es un sistema imperfecto que intenta equilibrar dos principios a menudo en tensión: la soberanía de los Estados y la protección de los derechos humanos.

Es, en esencia, un conjunto de normas (tratados, acuerdos, principios de la Carta de Naciones Unidas) que los Estados aceptan voluntariamente para regular sus relaciones.

Su cumplimiento depende de la voluntad política de esos mismos Estados, dado que la capacidad de acción del principal órgano encargado de velar por la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, está condicionada por el veto de sus miembros permanentes.

De este modo, el Derecho internacional cumple la función fundamental de establecer límites normativos que legitimen o cuestionen el uso de la fuerza. Y, precisamente por eso, su interpretación nunca es puramente jurídica. Siempre es política.

Durante décadas, ese equilibrio se inclinó casi exclusivamente hacia la soberanía. El resultado, desgraciadamente, lo conocemos bien: genocidios, limpiezas étnicas y dictaduras que invocaban su independencia nacional para cometer atrocidades con total impunidad.

Precisamente por eso, en 2005, tras los fracasos internacionales en Ruanda y los Balcanes (es decir, después de que el mundo descubriera hasta qué punto el respeto formal al Derecho internacional podía convivir con tragedias morales monumentales), Naciones Unidas adoptó una doctrina que cambió las reglas del juego.

Se llama la Responsabilidad de Proteger.

La idea es sencilla y profundamente transformadora. Si un Estado no puede (o no quiere) proteger a su población frente a crímenes masivos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar.

No se trata de abolir la soberanía nacional. Se trata de reconocer que la soberanía no puede ser un escudo para la barbarie.

Por eso, resulta tan curioso escuchar ahora que las palabras de Von der Leyen «debilitan» el Derecho internacional.

Porque lo que la presidenta de la Comisión ha hecho es recordar que el sistema internacional no puede limitarse a discutir si una acción militar encaja en una interpretación jurídica estrecha mientras ignora el contexto político y humanitario que la rodea.

El régimen iraní no es un actor cualquiera del sistema internacional. Es una teocracia responsable de una represión brutal contra su propia población y de una estrategia sistemática de desestabilización regional mediante milicias y proxies.

Por no hablar de que su declarada voluntad de destruir Israel, Estado al que no reconocen el derecho a existir, y a cuya población, palestinos incluidos, están dispuestos a aniquilar tan pronto tengan la capacidad de hacerlo. Una bomba nuclear no muy grande sería suficiente.

Pero la legitimidad del Derecho internacional descansa en la coherencia, en el respeto que se demuestra por el Estado de derecho en casa propia. Igual que le exigimos a Trump que consulte y responda ante sus ciudadanos representados en las Cámaras legislativas de EEUU, le exigimos a Pedro Sánchez que lo haga ante los españoles.

Si miramos el balance de coherencia de Ribera a este respecto, veremos que es, como mínimo, discutible.

Durante los años en que ejerció como ministra y vicepresidenta del gobierno de España, su actuación estuvo marcada por decisiones regulatorias profundamente controvertidas, desde el trato privilegiado a determinados proyectos energéticos hasta episodios administrativos que todavía hoy generan litigios y sospechas.

El caso de Forestalia, símbolo de una política energética plagada de arbitrariedad regulatoria, o la gestión política del desastre de la dana son recordatorios incómodos.

Hoy, su interpretación coincide milimétricamente con el discurso que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses intentando proyectar en política exterior: un legalismo retórico que permite ocupar una cómoda superioridad moral sin entrar en las complejidades estratégicas del mundo real.

Pero defender el orden internacional basado en reglas significa aceptar que éstas existen para proteger valores. Y que, cuando esos valores están amenazados por dictaduras que reprimen a su población o exportan violencia más allá de sus fronteras, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de reaccionar.

Es la lógica que defendió el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos de este mismo año: el mundo necesita instituciones y normas capaces de adaptarse a una realidad cada vez más inestable y peligrosa.

Europa aplaudió aquel diagnóstico, pero parece que algunos lo recuerdan sólo cuando resulta conveniente.

El Derecho internacional no necesita guardianes retóricos, sino credibilidad y determinación. Y si algo lo debilita no es el realismo estratégico, sino su utilización selectiva como coartada política.