Ayer se vio a un presidente cómodamente parapetado tras la pancarta pacifista para ganar tiempo mientras decide si las ayudas de escudo social, que se aprobarán mañana en Consejo de Ministros, se centrarán solo en la energía o se ampliarán a la vivienda, tal como exigen Sumar y Podemos. La incertidumbre fue tal que sus señorías se enzarzaron en un debate virtual sobre iniciativas que aún no se han tomado, que en teoría se están negociando y que muy pocos conocen.

Ione Belarra, una abanderada del intervencionismo sin contemplaciones, señalaba a Josu Jon Imaz (consejero delegado de Repsol) para que asuma los costes, Bildu reclamando volver a freír a impuestos a las energéticas y desde el PNV, su portavoz dejaba entrever su desconfianza sobre Pedro Sánchez. Una pista de circo en donde aterrizaba el presidente del Gobierno para decir que todo estaría mucho peor si gobernase la derecha. Y en ese momento, procedió a la ‘exhumación’ de la foto de las Azores.

Horas antes de que el Gobierno presente su decreto de ayudas sociales, los focos se centran en Junts y Podemos, que son como el agua y el aceite. Los de Puigdemont siguen bloqueando las iniciativas del Gobierno y los de Iglesias están subidos al poste sesentero del ‘No a la guerra, no a la OTAN, bases fuera y expropiación de la riqueza’.

El presidente daba ayer por hecho que el PP no apoyará sus medidas, pero el partido de Feijóo ya le presentó sus propuestas (bajar el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes, etc.) y no han recibido respuesta. En realidad, La Moncloa no quiere depender del PP ni para heredar. Pero Junts (y, en tono menor, el PNV) ya ha advertido de que si incluye en el real decreto ley la moratoria antidesahucios y la prórroga de los contratos de alquiler, ya puede buscarse otros aliados. Medidas sociales, sí; blanquear ‘okupaciones’, no. Veremos cómo sortea, esta vez, el filtro del Congreso.

Si Pedro Sánchez está en las antípodas del lehendakari Pradales, que ya ha anunciado una partida de más de mil millones de euros para ayudar a los sectores más vulnerables y expuestos, es por la debilidad de su mayoría parlamentaria y la división en su Gobierno. El Ejecutivo vasco se lo puede permitir por la estabilidad de su coalición entre el PNV y el PSE y porque la mayoría de estas ayudas van cargadas a los presupuestos vigentes. Sánchez lleva todo el año anunciando subvenciones, becas, bonos y fondos sin tener las cuentas actualizadas desde 2023. Esa es la cuestión. Y, así, no se puede.