Otra cosa será aprobarlo en el Congreso, por mucho que se haya visto obligado a trocearlo en dos decretos diferentes. Uno de carácter energético incluye rebajas fiscales en el IVA de los carburantes, la luz y el gas, en un claro gesto al PP en busca de su apoyo. El otro se refiere a mejoras en la cobertura inmobiliaria como concesión a las filas de la vicepresidenta segunda, interesadas en respaldar a las familias con serios problemas para pagar el alquiler al destinar más dinero a combustible y la cesta de la compra. Ese argumento se ha traducido en la concesión de una prórroga de los 600.000 contratos de renta que podrían vencer este año y la moratoria de los desahucios para familias vulnerables. Propuestas de dudosa aprobación al haber sido tumbadas en la Cámara por Junts, Vox y los propios populares.

La gravedad de la crisis exige del Gobierno y de la oposición una altura de miras que, desgraciadamente, ha quedado orillada en demasiadas ocasiones por la polarización y las ansiedades electoralistas. Los estragos provocados por el desastre energético en el Golfo Pérsico, sometido a temerarios bombardeos que pueden colapsar la economía mundial, se dejan notar cada vez con más fuerza en el conjunto de España, especialmente en el encarecimiento del precio del petróleo, que sigue fuera de control. No intentar aplacar sus efectos con los instrumentos que este país tiene a su alcance sería una absoluta irresponsabilidad, y más si se cae en tentaciones partidistas. La tensión aireada ayer entre los socios de coalición no es el mejor precedente para la necesaria búsqueda de mayorías estables basadas en el interés general.