El capitalismo no nació como una maquinaria abstracta dedicada exclusivamente a maximizar los beneficios. En sus primeras etapas estuvo acompañado de una cultura moral espontánea y exigente. Empresarios y trabajadores formaban parte de una misma comunidad y compartían, en buena medida, las responsabilidades hacia ella.

La primera revolución industrial en el Reino Unido que se extendió hasta mediados del siglo XIX ofrece ejemplos elocuentes. Como recuerda Paul Collier en su obra ‘El futuro del capitalismo’, empresarios como los Cadbury, los Rowntree o Titus Salt no se limitaban a organizar la producción: levantaban también viviendas obreras, escuelas, bibliotecas y servicios sanitarios para sus trabajadores. Aquellas iniciativas no respondían solo a cálculos de productividad. Expresaban una convicción: que la empresa era una institución social con obligaciones hacia la comunidad.

De ese mismo clima moral surgió el movimiento cooperativo. En 1844, un grupo de tejedores fundó en Rochdale la primera cooperativa moderna, basada en la propiedad compartida, la gestión democrática y el reparto equitativo de beneficios. Aquella experiencia se extendió rápidamente por Europa y terminaría inspirando, décadas más tarde, modelos como el actual cooperativismo vasco. La idea era sencilla: trabajador y empresario podían converger en una misma figura, el cooperativista, uniendo interés económico y responsabilidad social.

Con el tiempo, ese equilibrio empezó a deteriorarse. El utilitarismo redujo la moral a un cálculo abstracto de bienestar agregado y algunas corrientes posteriores llevaron esa simplificación aún más lejos. La conocida tesis de Milton Friedman, según la cual «la única responsabilidad social de la empresa consiste en maximizar los beneficios», terminó por expulsar la ética del discurso económico.

El resultado ha sido una creciente fractura entre economía y comunidad. La globalización ha generado grandes progresos en promedio, pero también ganadores y perdedores claramente diferenciados. Cuando la desigualdad se prolonga en exceso aparece lo que Collier denomina «ansiedad social». En ese clima, el marco en el que convivimos se interpreta como un juego de suma cero entre grupos enfrentados. Lo que unos ganan es a costa de lo que otros pierden. De esa idea infundada han surgido la mayoría de los populismos recientes.

También los trabajadores y los demás ciudadanos han cambiado. Allí donde antes existía una cultura de obligaciones compartidas se ha ido imponiendo progresivamente otra lógica: la de los derechos exigibles. Los individuos reclaman jornadas más tolerables, salarios crecientes o mayor protección social. Pero lo que con frecuencia se debilita es la conciencia de las responsabilidades que hacen posibles esos derechos.

Europa ofrece un ejemplo elocuente. El continente representa aproximadamente el diez por ciento de la población mundial y genera cerca del veinte por ciento del PIB global, pero concentra casi la mitad del gasto social del planeta. Ese modelo plantea serios interrogantes a su continuidad si la lógica de los derechos desplaza a la de las obligaciones.

España refleja igualmente esa tensión. El absentismo laboral se sitúa en niveles récord, la conflictividad en forma de algaradas, manifestaciones y huelgas es muy elevada, las demandas de nuevas prestaciones públicas se multiplican y el debate se concentra en la mejora y ampliación de los derechos, mientras la discusión sobre deberes y compromisos desaparece del horizonte.

Una figura surge con fuerza en este imaginario colectivo: la de ‘papá Estado’. Cuando la responsabilidad se desplaza hacia el presupuesto público, la sociedad autolesiona su capacidad de cooperación. Y cuando el Estado asume funciones que antes correspondían a los individuos, no solo aumenta el gasto agregado de las administraciones: también se debilitan los incentivos para que trabajadores, empresas y comunidades asuman su parte de responsabilidad.

Sin esa cooperación, el libre mercado –como advirtió Adam Smith, padre de la economía moderna, hace tres siglos– se convierte en una plataforma de intereses enfrentados. Si cada grupo tira de la cuerda en su exclusivo provecho, la cuerda termina por romperse. Y cuando eso ocurre, no hay modelo económico capaz de sostener al sistema en equilibrio estable.