Aunque las intervenciones de mayor gravedad aparentemente no sufran nuevos retrasos, la reiteración de movilizaciones desde febrero ha obligado a cancelar miles de cirugías, pruebas y consultas -1.127, 5.070 y 22.524 en la última semana, respectivamente-. Una suma de aplazamientos que lleva nombres y apellidos, y que ha obligado a elevar las listas de espera, el caballo de batalla de todos los consejeros de Salud en el reto de agilizar las citas y mejorar la eficacia del servicio. El hecho de que se hayan disparado hasta los 67 días de demora por término medio, aunque sean mucho mayores en algunos casos, revela la gravedad de la situación y la necesidad de buscar una solución con urgencia. Los trabajadores están legitimados para demandar al Ministerio de Sanidad un nuevo Estatuto Marco que recoja las reglas básicas de sus condiciones laborales, en un momento, además, en el que las grandes y necesarias infraestructuras anunciadas por el Gobierno vasco contrastan con la escasez de manos médicas para gestionarlas. Pero convocar huelgas tan severas en un servicio muy sensible es inasumible para el buen funcionamiento de la sanidad pública, aquejada ya de otros achaques en Euskadi como la falta de personal.

El impacto de la cadena de paros en la salud exige una muestra de responsabilidad a las partes en litigio. A los médicos movilizados, profesionales de una función que también conlleva vocación y empatía con los pacientes. Y al Ministerio que dirige Mónica García, censurado por gobiernos autonómicos como el vasco por su incapacidad para el diálogo. No parece aceptable que la titular de Sanidad haya retrasado al 9 de abril, después de Semana Santa, la discusión del problema cuando este viernes hay convocado un consejo interterritorial en el que se podía abordar lo que empieza a ser ya una emergencia.