Editorial-El Español
La anómala política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un foco de tensión constante con nuestros socios europeos.
En un momento en el que el continente vira hacia una gestión más restrictiva y segura de sus fronteras, Madrid mantiene una línea que Bruselas observa con creciente recelo.
Al amparo del reciente Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, los veintisiete han votado a favor de intensificar el retorno de inmigrantes en situación irregular. El objetivo es dotar de credibilidad al sistema migratorio mediante procedimientos fronterizos acelerados y una política de expulsiones mucho más eficaz.
Bruselas entiende que, sin retornos efectivos, el sistema de asilo colapsa y el efecto llamada se multiplica.
Sin embargo, esta ambición comunitaria choca frontalmente con la realidad en España.
Mientras la UE exige firmeza, en la España de Sánchez apenas se ejecutan el 9% de las órdenes de expulsión dictadas. Es un divorcio absoluto entre la norma administrativa y su cumplimiento material.
Es cierto que la ejecución de una expulsión no es un trámite sencillo.
El Estado se enfrenta a obstáculos legales complejos, procesos de asilo que congelan expedientes y una logística costosa.
A ello se suma la falta de cooperación diplomática de muchos países de origen para emitir los salvoconductos necesarios. Sin la aceptación del país receptor, la repatriación es jurídicamente imposible.
Pero, al margen de estas dificultades, España se sitúa muy por debajo de la media europea. Mientras que el promedio de ejecución en la UE oscila entre el 25% y el 30%, nuestro país presenta cifras que nos colocan a la cola de la eficiencia.
Además de la ironía de que España sea uno de los Estados europeos que más órdenes de salida emite y, simultáneamente, uno de los que menos ejecuta, se da otra circunstancia excepcional: en los últimos años, el número de expulsiones efectivamente realizadas ha caído de forma drástica y sostenida.
Según los datos de Eurostat, en España se ejecutan una media de entre 2.000 y 3.500 expulsiones al año. Una cifra testimonial frente al volumen de llegadas.
En 2023, España dictó 64.260 órdenes de expulsión a inmigrantes irregulares, el máximo en la última década. De ellas, sólo se ejecutaron 3.090.
En 2024, la tendencia persistió: con unas 55.000 órdenes emitidas, apenas se ejecutaron en torno a 3.000. En ambos casos, la tasa de éxito fue inferior al 6%.
La serie histórica confirma la creciente ineficiencia de la gestión de las repatriaciones. Bajo el mandato de Sánchez, se han registrado significativamente menos expulsiones efectivas que en etapas anteriores.
Si con José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron las 80.000 y con Mariano Rajoy las 47.000, con el actual Ejecutivo la cifra apenas roza las 20.000. La brecha entre lo que el Estado ordena y lo que realmente consigue cumplir se ha triplicado desde 2013.
Que por cada 100 órdenes de expulsión que dicta España hoy sólo se cumplan entre 5 y 10 apunta a una gestión migratoria ineficiente y desidiosa.
De hecho, el propio Gobierno ha reconocido ante el Congreso que no dispone de un sistema estadístico que permita determinar cuántas órdenes de expulsión están pendientes de cumplirse. Una carencia que impide conocer el stock acumulado de personas que permanecen en el país de forma irregular pese a tener una orden de salida.
La magnitud real de esta brecha sólo se aprecia al cruzar las cifras de expulsión con las estimaciones de población irregular.
Según los datos de Funcas de enero de 2026, España contaba con 837.978 personas en situación irregular en 2025, frente a las 107.409 que había en 2017: un incremento del 680%.
Frente a este crecimiento exponencial, las 3.398 expulsiones ejecutadas en 2025 resultan insignificantes. El Gobierno de Sánchez ha expulsado a menos del 3% de los irregulares desde su llegada al poder en 2019.
Este escenario explica la paradoja de la reciente regularización extraordinaria.
Ante la incapacidad material y operativa para cumplir sus propias órdenes de expulsión —por factores como el colapso de los CIE, la escasez de vuelos de deportación y la falta de acuerdos de readmisión funcionales—, el Estado ha tomado la salida de emergencia de la legalización masiva. La regularización se perfila como la respuesta a una dejadez deliberada en la política de retornos.
El problema migratorio en España es hoy doblemente grave. No sólo existe una falta de control suficiente en la entrada, sino que es manifiestamente imposible expulsar a quienes se encuentran en situación irregular. Parafraseando el poema de León Felipe, cabe decir de la España de Sánchez que «de aquí no se va nadie».