Carlos Martínez Gorriaran-Vozpópuli

  • La regulación de precios por decreto y la desprotección de la propiedad privada ha sido, es y será siempre un fracaso

Si un bien es vital para nosotros es tener una vivienda, aunque sea una tienda de nómadas o una gruta arreglada. La casa no es solo un bien material, sino el marco y base insustituible de la vida digna de ser vivida. Por eso el verbo “casar(se)” connota tener casa, anudando vivienda, familia o vida independiente. De ahí que la imposibilidad de tener una vivienda o su degeneración a tugurio sea, a todos los efectos, una desgracia personal y una amenaza para la sociedad. Pues bien, esto es exactamente lo que está pasando, particularmente en España y buena parte de Europa.

Los problemas de la vivienda son, como todos los verdaderos, antiguos. En la Roma de los césares era escasa, cara y precaria para los pobres. La situación se repitió en el paso a la revolución industrial: gente hacinada en tugurios de una sola habitación con derecho a cocina y lavabo colectivo. Pero la antigua Roma y la primera revolución industrial carecían de los recursos económicos y técnicos actuales, y soportaban mucha más presión demográfica. Así pues, ¿por qué parece imposible resolver el problema?

La ley de oferta y demanda

Cierta verdad de Perogrullo es rechazada no solo por muchos políticos y supuestos expertos, sino por la mayoría de la sociedad: si la vivienda está por las nubes y es inaccesible para tantos es porque la oferta es muy inferior a la demanda, es decir, que se ofrecen muchas menos casas que las necesarias para alojar a quienes necesitan una. Nada complicado: el viejísimo problema de la asimetría entre oferta y demanda, y su conocida solución: acoplar oferta a demanda aumentando el número de casas en venta y alquiler. Pues bien, nada hay más impopular en el fondo que esta aplicación del sentido común.

Creo que la mayoría de los políticos prefieren hacer como que no entienden el problema real y rehúyen las medidas políticas que pueden solucionarlo, a saber, construir muchas más casas, menos caras -es decir, con menos requisitos, tasas e impuestos- y más rápidamente porque saben que sus votantes rechazan la solución: la mayoría de los vecinos de nuestras ciudades no quieren que sus hermosas y cómodas ciudades cambien.

Hay una razón, cierto: las ciudades europeas son las mejores de la historia, razón por la que atraen tantos turistas y de que tantos, pobres y ricos, querrían vivir en una ciudad europea mejor que en una metrópolis asiática o en un suburbio americano. Por eso prefieren cualquier medida conservadora, por absurda o contraproducente que sea para la vivienda, y rechazan la construcción de nuevos barrios de alta densidad, aunque son completamente necesarios si queremos que con el (birrioso) salario normal medio de 18.000 € a 35.000 €, sea posible alquilar o comprar un piso decente. Y en España porque reunimos todos los factores de encarecimiento: inmigración abundante, récord de turismo y segundas residencias, ciudades atractivas, crecimiento concentrado en ciertas áreas y regulación legal espantosa.

Mala conciencia y peores soluciones

En armonía con la disonancia cognitiva mayoritaria, los regidores municipales autorizan morosamente nuevas urbanizaciones de baja densidad y espacios libres enormes que, en las ciudades llanas, producen explanadas y bulevares casi siempre desérticos, perfectos para una película postapocalíptica o un documental del confinamiento. En Madrid, por ejemplo, Las Tablas o Sanchinarro parecen diseñados por sádicos enemigos de la mejor cualidad urbana europea: la posibilidad de llegar a cualquier sitio necesario -farmacia, tienda, bar- caminando pocos minutos. Pero la gente parece preferir esos nuevos barrios desérticos que las tramas urbanas más parecidas a, sin salir de Madrid, Atocha, Chamberí o el pijo barrio de Salamanca.

Un repaso somero de la prensa de cualquier ciudad con problemas serios de vivienda ratifica que la norma es la lentitud extrema en aprobar nuevas edificaciones, el aumento de trabas y barreras para construir -desde la calificación energética a más exigencias de diseño y urbanización-, y las protestas vecinales cuando se propone construir con más altura y densidad, incluso contra edificar en solares vacíos que los vecinos prefieren así. Entre tanto, y con flojas o absurdas excusas medioambientales (¿cómo se justifica que la pequeña y ventilada Soria necesite una ZBE como la de Madrid?), los alcaldes favorecen la gentrificación de los centros históricos mediante la expulsión de los coches de baja gama, y por tanto de los vecinos de rentas bajas, y la reconversión de viejos edificios en apartamentos de precios desorbitados, a menudo adquiridos por inversores y extranjeros.

A la vez, la sociedad, que no es lo mismo que los vecinos afectados, exige hacer algo con el problema de la vivienda para sosegar su mala conciencia, y la política, siempre adaptable al pueblo soberano, tira por esa calle del medio que resulta ser callejón sin salida: la regulación de precios de alquiler que mata ese mercado, perjudicando a los más necesitados, y la multiplicación delirante de normas regulatorias y observatorios inútiles, como esas “zonas residenciales tensionadas” que certifican, con mucha burocracia adicional, el fracaso de las absurdas medidas de control de precios y bloqueo de la construcción.

Ideas absurdas y caza de brujas

Un alcalde donostiarra socialista de nefasta memoria presumió de su propia aportación al pensamiento mágico edificable: una urbanización de adosados de VPO tan sofisticada -domótica avanzada, zonas verdes y servicios comunitarios de urbanización de lujo- que a los afortunados premiados les resultó imposible pagar los gastos de comunidad. Un caso estupendo de elevadas ambiciones políticas con decisiones económicas estúpidas.

Es el resultado de la actitud irracional generalizada, tan humana, de no querer reconocer la verdadera naturaleza de un problema y encomendarse al pensamiento mágico y la caza de brujas malvadas, que en el caso de la vivienda resultan ser vaporosos especuladores en lugar de los políticos y sus votantes egoístas e irresponsables, prestos a victimizarse de modo preventivo y hostiles a todo cambio que crean arriesgado. La regulación de precios por decreto y la desprotección de la propiedad privada ha sido, es y será siempre un fracaso: las evidencias son aplastantes. Pero no hay terreno donde más se regodee la disonancia cognitiva de rechazar la ley de oferta y demanda que el de preferir que la vivienda sea cara y escasa a permitir que sea abundante y asequible. Quizás sea el bloqueo material que mejor expresa la esclerosis actual de España.