La insidiosa creación de un nuevo régimen político en España

En España se está configurando, ante nuestros ojos y con absoluta impunidad, un nuevo régimen político. Este no emerge de dinámicas sociales profundas, sino de la voluntad de poder sin restricciones de la minoría que controla el Estado, amparada por la pasividad ciudadana y, lo que resulta más grave, por la inoperancia de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden constitucional.

Según la ciencia política moderna (Juan Linz, Philippe Schmitter y Adam Przeworski), un régimen político es el patrón estructurado de interacciones entre el Estado y la sociedad civil. Define el acceso al poder, los mecanismos de toma de decisiones y las reglas del juego político. Se trata del conjunto de instituciones, normas formales e informales que determinan quién ostenta el poder, cómo se accede a él, cómo se ejerce, se limita y se adoptan las decisiones colectivas vinculantes.

Un régimen no equivale a un gobierno. Los gobiernos cambian dentro de un régimen estable; el régimen se transforma cuando se modifican las reglas fundamentales. Esto es lo que acontece actualmente en España bajo Pedro Sánchez y su extenso equipo en La Moncloa, compuesto por más de cuatrocientos asesores y cargos de confianza, además del Ministerio de la Presidencia y veintidós ministros. La desproporcionada estructura monclovita revela su verdadero propósito: diseñar y dirigir el cambio de régimen; un gobierno dentro de otro gobierno, y un presidente configurándose como jefe del Estado, con escasas obligaciones reales para la rendición de cuentas.

Históricamente, España asocia el cambio de régimen con procesos tensos, como la Transición, o con imposiciones violentas. Sin embargo, la experiencia internacional ofrece ejemplos de transformaciones menos convulsas: la evolución italiana de posguerra o el tránsito de la Cuarta a la Quinta República en Francia. Lo que no se observa en ningún caso democrático es que el cambio sea insidioso, oculto y carente de transparencia.

El principio de legitimidad de nuestro sistema reside en el artículo 1 de la Constitución española: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado». Esta soberanía se expresa fundamentalmente a través de elecciones libres y, de forma deliberadamente limitada, mediante mecanismos de participación directa. Las Cortes Generales —Congreso y Senado— son las depositarias principales de esa soberanía.

No obstante, se han producido mutaciones sustanciales. El Senado ha sido marginado porque escapa al control gubernamental, ignorando su rol constitucional. En el Congreso, la Mesa y la presidencia, estrechamente vinculada a La Moncloa, han subordinado el legislativo al ejecutivo. El procedimiento ordinario de tramitación legislativa se ha convertido en excepción; se abusa de los decretos-ley y se instrumentaliza el Reglamento para eludir debates y publicidad. La función de control parlamentario ha sido sustituida por un rifirrafe estéril. Así, el poder se concentra en el presidente del Gobierno, configurando un régimen progresivamente cesarista bajo apariencia liberal. Ejemplos recientes lo ilustran: la regularización exprés de un número indeterminado de extranjeros o el despliegue de una fragata en zona de conflicto sin autorización parlamentaria.

La Constitución ha perdido su carácter de garantía. El Tribunal Constitucional, con una composición marcadamente política, practica una «ingeniería creativa» de la ley, atribuyéndose la capacidad de generar nueva constitucionalidad y colocándose por encima de las decisiones del Tribunal Supremo. A esto se suma la militancia política predominante en el Consejo de Estado. De este modo, con estas dos instancias, se configura una vía para modificar el orden constitucional sin recurrir a referendos.

El Estado de Derecho también se erosiona. La vulneración sistemática de la Constitución —incluida la no presentación oportuna de presupuestos— carece de consecuencias prácticas, dada la ausencia de autoridad superior efectiva frente a la voluntad presidencial.

Elemento esencial de cualquier democracia es el reconocimiento de la oposición como alternativa legítima de gobierno. Cuando se niega esta legitimidad siempre y por principio, se erige un «muro» contra la alternancia y se descalifica a adversarios y sus votantes con epítetos denigrantes, la democracia pluralista desaparece. Esto es exactamente lo que ocurre en España.

El nuevo régimen en formación se caracteriza por un cesarismo revestido de formas liberales. Todos los poderes del Estado dependen del líder único, que convoca elecciones cuando estima conveniente ganarlas y dispone para ello de recursos estatales: la ingente disponibilidad de recursos públicos y de «amigos», Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado, Banco de España, CIS, INE, Policía Nacional, servicios de inteligencia y muy pronto la AIREF. Controla los medios públicos, convertidos en herramientas de guerra cultural y descrédito del adversario, y subvenciona, directa o indirectamente, a medios privados afines. Ante esta realidad, la oposición se muestra frágil e incapaz de confrontar la magnitud del cambio.

Estamos transitando de la democracia constitucional del 78 hacia un régimen cesarista de apariencia liberal. Tampoco es nada nuevo: el México del PRI fue una dictadura de partido único durante décadas, formalmente democrática. La transformación no ha finalizado.