¿Va a haber unas elecciones limpias en España?

Resulta difícil creer que, en España, puede haber en breve unas elecciones generales adulteradas. Y muy delicado plantearlo sin más, sin caer en el exceso conspiranoico, tan sencillo de alimentar como complicado de demostrar. Por esa facilidad para mezclar datos aislados con delirios subjetivos para alcanzar conclusiones llamativas, prosperan otras teorías que, como no pueden ser refutadas del todo por la imposibilidad de desmentir lo que no existe, acaban encontrando una clientela contumaz.

Así que estas líneas están escritas con toda precaución, pero también desde la necesidad de exponer hechos ya consumados que, unidos unos a otros, dibujan un escenario preocupante: no podemos decir que Pedro Sánchez esté preparando un pucherazo sin sumergirnos en el más absurdo terraplanismo; pero sí que lleva años adoptando decisiones para influir, de una manera artera, en la limpieza del proceso electoral, sin necesidad de hacer nada del todo ilegal pero legalizando a la vez medidas orientadas a ese objetivo.

La nacionalización ya consumada de 500.000 hijos y nietos de españoles que jamás han vivido en España tiene, sin duda, un impacto en el censo electoral que al menos debería medirse. Bajo la aparente buena intención de devolverles algo que nunca fue suyo, pero que lo hubiera sido de no tener que marcharse sus padres o abuelos, se les concede un derecho que, en pureza, también incluye obligaciones: decidir el futuro de un país que no se conoce, ni se vive, ni se ayuda a mantener puede inclinar su papeleta a quien ha transformado su herencia sentimental en un pasaporte europeo por razones obvias: si es el PSOE quien restituye a mi abuelo, será el PSOE quien reciba mi apoyo.

Nunca se puede aseverar, sin ser frívolo, que las campañas sectoriales de la política socialista de laboratorio garantizan el respaldo de segmentos poblacionales necesariamente plurales, pero sí que lo intentan: con pensionistas, con jóvenes, con empleados públicos, con mujeres y, ahora, con nacionalizados, un nuevo grupo electoral que a no mucho tardar puede llegar al 1,3 millones de personas al menos.

Si a eso se le añade el impacto que pueden tener los inmigrantes regularizados en las elecciones municipales (las únicas en las que un extranjero puede participar si hay convenio de reciprocidad con su país de origen), es evidente que alguien en la sala de máquinas del sanchismo echa cuentas desde hace tiempo con esa nueva circunscripción masiva que son los votantes, españoles o no, que no conocen España y son más permeables a los cantos de sirena de sus aparentes benefactores.

Para alterar unas elecciones no hace falta, en todo caso, perpetrar pucherazos con oscuras manos en el recuento electoral o perversos montajes en el voto por correo, dos maniobras que prácticamente son imposibles, por mucho que las injerencias en Indra o en Correos no ayuden a despertar la confianza que todo ciudadano debería sentir, sin excepción, en la calidad de sus comicios, la decencia de sus gobernantes y la eficacia de sus instituciones.

Basta con utilizar el CIS o RTVE como herramientas machaconas de inducción al voto, convocar en plenas vacaciones estivales para ahuyentar el voto presencial o controlar con puño de hierro el desprestigiado Tribunal Constitucional para denunciar ya, sin necesidad de terraplanismos sandungueros para denunciar una clara vocación malversadora de la genuina liturgia electoral.

Y aunque no dé, desde luego para alertar contra un pucherazo perpetrado con la sincronización milimétrica de una batería de pequeñas decisiones que al juntarse provocan un fenómeno intolerable, sí obligan a activar como nunca las alertas: Sánchez ya ha dado muestras en su propio partido de una falta de escrúpulos galopante en sus procesos de primarias y ha hecho de la trampa su herramienta natural de asalto y supervivencia en el poder.

Solo los ingenuos pueden descartar que no haga todo lo que esté al alcance de su mano para protegerse de lo que, cuando pierda el poder, se le va a venir encima.