No soy muy partidario de las comisiones de investigación. Matizo: no me gustan las comisiones de investigación sobre asuntos ya judicializados, que solo buscan rédito político, y que, por lo general, lo único que consiguen, además de confundir a la opinión pública, es entorpecer el trabajo de los tribunales. Nada hay que objetar, por el contrario, a aquellas que se activan cuando hay indicios suficientes de mala praxis en organismos públicos cuyo buen funcionamiento es, en última instancia, responsabilidad de las Cortes Generales.

Tampoco conozco un solo caso en el que el partido gobernante, a derecha o izquierda, no haya pretendido controlar la televisión y la radio públicas. La nacional y las autonómicas. Por todo ello, cada vez que alguien solicita la creación de una comisión de investigación, como acaba de hacer el Partido Popular para fiscalizar RTVE, lo primero que uno hace, apoyado en la larga tradición circense acumulada por el uso que los partidos políticos han hecho de esta herramienta de teórico control democrático, es pensar mal.

No obstante mi escepticismo, y aunque no tengo demasiadas esperanzas puestas en el resultado final, sí creo justificada en esta ocasión la iniciativa. Cuando a finales de octubre de 2024 el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley que liquidaba la obligatoriedad de alcanzar los dos tercios del Congreso para elegir a los miembros del Consejo de Administración del ente público, nos temimos lo peor. Y el tiempo ha confirmado que la petulante aseveración del ministro Óscar López -“Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia”-, solo era otra frase hueca e indecorosa.

Contabilidad creativa

Aquel decreto otorgaba un poder casi absoluto al presidente de la Corporación, José Pablo López, tanto en lo concerniente a los nombramientos de directivos como a la contratación de los programas. Un poder similar al que se autootorgó Pedro Sánchez cuando modificó los estatutos del PSOE. López se convertía así, a la estela de Sánchez, en el puto amo, y los consejeros en soldaditos de plomo a la orden, pero espléndidamente pagados. Poco importó que el elegido hubiera hecho una gestión más que discutible en el pasado inmediato como ruinoso director de Contenidos y responsable de sonados fracasos.

RTVE cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 13 millones de euros, pero López (Óscar) le garantizó a López (José Pablo) el apoyo suficiente para obrar el milagro, y ahora, después de recibir los 63 millones que éste, JP, pidió, la Corporación acaba de presentar unas esplendorosas cuentas en positivo: 55 millones de euros de superávit en 2025. “RTVE ha costado al contribuyente 37 millones de euros menos”, se destacaba en la nota oficial. Suena bien, pero no es del todo verdad. O es una verdad fabricada. Ingeniería financiera de libro; o contabilidad creativa, que viene a ser lo mismo.

Si se escarba bien en las cuentas, se descubrirán algunas marrullerías, como la de haber realizado una revalorización de los inmuebles de la casa aumentando el activo en 25 millones (en 2024 ya hicieron otro tanto por valor de 10 millones). También algún “olvido”, como la no contabilización (ya desde 2018) de la deuda derivada de un IVA deducible que Hacienda rechaza y que está a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el litigio: más de 900 millones de euros que, en caso de perder el pleito, colocaría a RTVE en causa de disolución.

No parece tampoco un éxito de gestión haber tenido que devolver 29,4 millones de euros de los fondos europeos (más 1,3 millones más en intereses de demora) por la incapacidad demostrada a la hora de gastarlos según los criterios exigidos; o solo ejecutar 38 de los 64,8 millones previstos en inversiones. Porque no somos mal pensados, que si no podríamos llegar a la conclusión de que lo que se pretende con estos mayestáticos resultados es justificar la contratación en los próximos meses de varios centenares de nuevos trabajadores fijos, de acuerdo con la tasa pendiente de reposición más un 20 por ciento complementario autorizado por la SEPI, en lo que podría ser el mayor coladero de adeptos de la historia de la televisión.

De la BBC a TV3

La RTVE de la democracia tiene luces y sombras. Casi todas las luces se apagaron hace mucho tiempo, y lo que por lo general hemos vivido es un permanente tira y afloja entre el poder político y unos profesionales que a duras penas conseguían defender indispensables márgenes de autonomía. Pero a lo que nunca habíamos asistido es a la descarada desfiguración de un servicio público esencial. RTVE nunca ha sido la BBC, pero tampoco lo que ahora en ocasiones parece: un remedo de lo que fue TV3 en los tiempos más duros del independentismo catalán.

En los telediarios se guardan algo las formas, pero eso que han llamado “infoentretenimiento”, y que impregna casi toda la parrilla, es una fábrica de polarización -a veces retroalimentada por activistas que nada tienen que ver con el periodismo ni con la libertad de expresión-; una dañina factoría de iracundia y de enfrentamiento social que el Gobierno patrocina y protege, porque es caja de resonancia y principal correa de transmisión de su estrategia, muy necesitada de «acciones de grupos de individuos mediante el empleo de la sugestión”, según la descriptiva expresión de Leonard W. Doob, uno de los grandes estudiosos de la propaganda política.

RTVE es hoy una institución dirigida por un personaje que nunca busca el acuerdo, desafiante, soberbio, que con cualquier excusa deja plantada a la Corona (mandó a la clausura de la III edición del Máster de Reporterismo Internacional a un propio cuando era su obligación acompañar a la Reina, y no era la primera vez); un tipo que descalifica a la UER y desprecia al Consejo de Informativos; un presidente de parte que ha reaccionado furioso a la idea de someter sus decisiones al examen de una comisión de investigación. Quizá porque sabe que este escenario no es el de la comisión mixta, y los comparecientes están obligados por ley a decir la verdad.