- Eso de que los políticos inciten a los ciudadanos a estafar a otros ciudadanos empieza a ser normal en la España socialista. ¡Pero peor sería que gobernara Feijóo!
Manuela Bergerot, el tentetieso de Más Madrid con el que Isabel Díaz Ayuso hace sombra los jueves en la Asamblea de Madrid, ha pedido que las administraciones compren las viviendas que están en manos de «grandes propietarios».
Se refiere Bergerot a los que están en los primeros puestos de la lista de grandes tenedores. Porque el Gran Wyoming o Miquel Iceta también son grandes tenedores. Pero como son de izquierdas, a ellos les deja en paz.
En total, Bergerot habla de unas 100.000 viviendas de las más de veintisiete millones que hay en España.
El 0,37%.
El objetivo es prorrogar los alquileres de sus actuales ocupantes.
O sea, «exprópiese, pero a precio de mercado, que pagan los españoles».
Ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno están tardando en adquirir estas viviendas para convertirlas en alquileres asequibles.
Mientras tanto, que los mega caseros cumplan la ley.
Si tu contrato de alquiler vence antes del 31 de diciembre de 2027, manda el burofax. https://t.co/6VZtdW5w8j
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) March 30, 2026
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Viene esto a cuento del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo como respuesta a la guerra en Irán.
En realidad, el real decreto-ley ha nacido muerto y será rechazado por el Congreso de los Diputados cuando sea sometido a votación dentro de unos días.
Pero, ¿por qué le ha dado salida el Gobierno a algo que no va a aprobarse en el Congreso?
Para concederle una victoria simbólica (y muy breve) a Sumar.
A Sumar, y a Podemos, EH Bildu y ERC.
Son esas cosas que hace Pedro Sánchez para que no se le revolucione la guardería de infantes que le mantiene en la Moncloa.
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Aprovechando esa breve ventana de oportunidad, gente como Pablo Bustinduy, Gabriel Rufián o la propia Manuela Bergerot han incitado a los inquilinos a solicitar la prórroga de su alquiler antes de que el real decreto-ley sea rechazado por el Congreso.
A solicitarla… y a aplicarla unilateralmente, independientemente de cuál sea la respuesta del propietario.
Su esperanza es que los tribunales den por válida la trampa cuando empiecen a llegar las primeras demandas..
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Que la cosa vaya a salir bien jurídicamente es más que dudoso.
Pero como el problema judicial lo van a tener los inquilinos, ¿qué más les da a ellos?
Eso de que los políticos inciten a los ciudadanos a estafar a otros ciudadanos es normal en la España socialista. ¡Peor que ser gobernado por una casta política de ventajistas y descuideros sería que gobernara Feijóo!
Y digo que es dudoso que la cosa vaya a salir bien porque, si das por válido que un real decreto-ley produzca efecto antes de ser votado en el Congreso, ¿qué le impide a cualquier gobierno aprobar disposiciones flagrantemente ilegales para que algunos (apuesten todo su dinero a que serían políticos del PSOE) se forraran en el caos del limbo legal resultante?
«Durante tres semanas, ancha es Castilla, camaradas socialistas: tonto el último».
Imaginen la estafa de las balizas, pero a una escala mucho mayor.
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Pero lo que me interesa a mí aquí es la lógica económica de Manuela Bergerot.
Y lo llamo «lógica» porque algún nombre hay que ponerle.
Vamos a dejar de lado el hecho que los principales tenedores de vivienda en España son hoy las administraciones públicas.
Y, en segundo lugar de la lista, algunos de los bancos que dependen más directamente de su «buena relación» con esas administraciones públicas.
Ustedes ya me entienden.
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La Comunidad de Madrid tiene 21.000 viviendas. La Junta de Andalucía, 18.000. La Generalitat de Cataluña, 10.000. El Ayuntamiento de Madrid, 7.000.
En cuanto a bancos y fondos, el primero de la lista es CaixaBank, con 21.000 viviendas.
Hasta Blackstone (con 19.000) está por debajo de la entidad catalana.
Luego aparecen la inmobiliaria americana CBRE (5.900 viviendas en Madrid y Barcelona), el fondo de inversión privada Cerberus, también americano (5.300 viviendas), y la inmobiliaria española Renta Corporación (3.800).
La lista de los diez primeros la completa la Sareb, también pública, que tiene sólo en Madrid y Cataluña casi 3.200 viviendas.
O sea, que la «gran propiedad» está exquisitamente repartida entre el sector público y el privado en España.
De hecho, si consideramos que una buena parte de ese sector «privado», el de la banca, es en realidad un apéndice fuertemente dependiente del público, entonces llegamos a la conclusión de que la «gran propiedad» es en nuestro país… el Monarca Estado y su Corte.
What a surprise.
Con, eso sí, algunas pequeñas intromisiones de lo privado allí donde el Leviatán del apaño estatalista deja una leve grieta para que corra el aire.
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Pero no es eso lo importante.
Lo importante es la lógica económica de Manuela Bergerot, que es la misma que la de Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, y la de cualquier preadolescente español.
La propuesta de Bergerot es comprar 100.000 viviendas (recordemos que la mayoría de ellas ya están en manos de la administración, pero finjamos por el bien del argumento que están en manos de malvados rentistas) a un precio medio aproximado de mercado de 200.000 euros.
O sea, 20.000 millones de euros.
Y todo eso, con un objetivo raquítico: prorrogar el alquiler de sus actuales arrendadores durante un par de años.
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¿Están esos arrendadores en situación de necesidad?
En absoluto. Se trata de gente que está pagando religiosamente su alquiler.
Entonces, ¿qué es lo que les hace acreedores de ese «regalo» administrativo consistente en la prórroga de su alquiler?
Que su casero es un «gran tenedor».
Es decir, que si tu casero es Fuensanta Fernández, que heredó el piso de su madre en 2012 y lleva alquilándolo desde entonces, allá te las apañes.
Pero si tu casero es Blackstone, vas a tener la suerte de ver prorrogado tu alquiler por generosa, aleatoria y caprichosa concesión administrativa.
Eso, desde el punto de vista del arrendador.
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Desde el punto de vista del contribuyente, la ocurrencia nos saldría por 20.000 millones de euros.
Cantidad a la que habría que sumar la parte del alquiler que le estaríamos subvencionando a gente que no lo necesita, pero que se vería beneficiada de un precio fuera de mercado por el simple hecho de que su casero es un «gran propietario».
Nos saldría más barato quemar 20.000 millones de euros.
Pero, desde luego, nos saldría mucho, mucho más barato aceptar de una vez que el socialismo es la homeopatía de la economía: es caro, es mentira, no funciona, es infantil, es una superstición, es una mentecatez y sólo empeora las cosas.
Pero le suena bien a quienes no comprenden las matemáticas elementales ni de dónde sale el dinero de «el Estado».