La reciente aprobación en la Knesset de varias leyes impulsadas por la mayoría gubernamental ha provocado una reacción inusualmente contundente de la comunidad internacional y de amplios sectores de la propia sociedad israelí. Entre ellas destaca la introducción de la pena de muerte para palestinos de Cisjordania condenados por ataques mortales, una medida que diversos gobiernos europeos y organismos internacionales han calificado de discriminatoria y contraria a los principios del derecho internacional. A esta iniciativa se suma otra, menos visible pero igualmente significativa, que amplía la capacidad de los tribunales religiosos –rabínicos y también de la ‘sharia’– para arbitrar litigios civiles, desplazando parcialmente a la jurisdicción ordinaria .

Ambas normas responden a una lógica política reconocible. La primera introduce un elemento de excepcionalidad penal dirigido ‘de facto’ a una población concreta. Aunque formalmente la ley no excluye a ciudadanos israelíes, su diseño –vinculado a la negación del Estado de Israel– apunta a una aplicación prácticamente exclusiva sobre palestinos, lo que ha suscitado acusaciones de trato desigual y vulneración del principio de igualdad ante la ley. La segunda ley, por su parte, reabre el debate sobre el equilibrio entre religión y Estado al permitir que tribunales religiosos asuman funciones arbitrales en materias que hasta ahora correspondían al ámbito civil, aun bajo el requisito formal del consentimiento de las partes.

El trasfondo de estas decisiones no puede desligarse del actual contexto político israelí, marcado por el peso determinante de los partidos ultraortodoxos en la coalición de gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu. Su agenda, que combina elementos identitarios, religiosos y territoriales, encuentra en estas reformas un instrumento para avanzar hacia un modelo más confesional del Estado y, en el caso de la legislación penal, para facilitar la anexión definitiva de la Cisjordania ocupada sin resistencia. Sin embargo, esta orientación introduce tensiones evidentes con los principios que han sustentado históricamente la legitimidad internacional de Israel como democracia consolidada en una región convulsa.

Desde una perspectiva institucional, el riesgo es doble. Por un lado, la introducción de una pena capital de aplicación diferenciada erosiona garantías básicas del Estado de derecho, como la proporcionalidad de las penas y la igualdad jurídica. Además, según han advertido expertos de Naciones Unidas, su eventual aplicación en los territorios ocupados podría vulnerar obligaciones internacionales y ser calificada como crimen de guerra. Por otro, la ampliación del papel de los tribunales religiosos plantea interrogantes sobre la unidad del sistema judicial y la protección efectiva de derechos individuales, especialmente en contextos sociales donde el consentimiento puede verse condicionado por presiones comunitarias, como han señalado los críticos de la norma.

El juicio que merecen estas iniciativas debe ser ponderado, pero firme. Israel ha construido su posición internacional sobre la base de un delicado equilibrio entre identidad nacional y respeto a los estándares democráticos. Alterar ese equilibrio en favor de soluciones de excepción o de una creciente confesionalización del derecho no solo debilita su cohesión interna, sino que compromete su credibilidad exterior. La seguridad, legítima prioridad de cualquier Estado, no puede justificar la adopción de medidas que cuestionen los fundamentos jurídicos sobre los que se asienta.

Conviene, por ello, una rectificación. El propio sistema institucional israelí –con un Tribunal Supremo activo y una sociedad civil plural– dispone de mecanismos para revisar estas decisiones. La comunidad internacional, por su parte, debe mantener una posición exigente pero constructiva, recordando que la fortaleza de las democracias no reside en su capacidad de excepción, sino en su fidelidad a la ley incluso en circunstancias adversas. Israel haría bien en no olvidar esa premisa.