Sánchez se adentra en un trimestre con 12 minas bajo sus pies: ¿cuál estallará primero?

Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido se adentran en el último trimestre del curso. Uno que más se parecerá a un campo de minas en el terreno judicial, político, electoral, orgánico y también económico. Y ello sin contar con los imprevistos, que seguramente los habrá: el año pasado por estas fechas, el presidente ni imaginaba la que se le venía encima con el caso Cerdán, del que salió vivo, pero herido.

La Justicia no va a darle tregua, especialmente este trimestre. Empezando por la instrucción contra su mujer. En pleno Miércoles Santo, el juez Juan Carlos Peinado comunicó a las partes su intención de llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular. Además, a la vuelta de la Semana Santa, el martes 7 de abril, empezará en el Tribunal Supremo el primer juicio a la corrupción del sanchismo, el del caso mascarillas. En el banquillo se sentarán como acusados José Luis Ábalos -para el que Anticorrupción pide 24 años-, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama; y entre los más de 70 testigos figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.

A partir del 28 de mayo, quien se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz es el mismísimo hermano del presidente, David Sánchez, para el que las acusaciones populares piden tres años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Además, hay dos causas en fase de instrucción que son dos avisperos para Sánchez. Una es la pieza separada que, en diciembre, abrió el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar una posible financiación irregular en el PSOE, tirando del hilo de los pagos en metálico. A mediados de marzo, Aldama entregó al magistrado un sobre con las siglas de PDVSA (la petrolera estatal de Venezuela) que, según el comisionista, contiene información incriminatoria para el partido de Sánchez. En paralelo discurre el caso hidrocarburos, un fraude de más de 194 millones de euros con los mismos protagonistas y un enorme interrogante: cómo es posible que el Ejecutivo concediera a la empresa Villafuel licencia para operar en el sector petrolero sin reunir los requisitos.

En el terreno político también pintan bastos para el presidente. Su problema más acuciante es el real decreto ley de la prórroga de los alquileres, que tiene todas las papeletas de acabar en una gran decepción para la izquierda. Tras el parón de Semana Santa, Sumar ha prometido dar la batalla en las calles para presionar a Junts y al PP en favor de la convalidación de la norma, que irá al Pleno del 30 de abril. El PSOE está intentando que le salpique lo menos posible, pero lo hará; porque Sánchez prometió que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, a la que ha calificado como «el quinto pilar del Estado del Bienestar».

Además, a partir de ahora los choques entre el PSOE y Sumar van a aumentar, puesto que el socio minoritario ha entendido que confrontar con los socialistas es la única manera de salir vivos de esta coalición de Gobierno. A ambos lados de esa coalición genera incertidumbre la relación que de ahora en adelante vayan a tener los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, y la inestabilidad interna que generen sus polémicas.

Si Sánchez tiene problemas con su socio de Gobierno, ya no digamos con los que son o fueron alguna vez socios parlamentarios. Especialmente Junts, que sigue teniendo la legislatura bloqueada y así piensa estar hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España. El problema añadido es que cada vez se retrasa un poco más la fecha prevista para que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las cuestiones prejudiciales, y el Tribunal Constitucional no entrará en escena hasta después de que el TJUE se pronuncie. No será antes de junio, sino probablemente más adelante.

Y luego está Esquerra, que este trimestre volverá a la carga con la financiación privilegiada para Cataluña; después de que, en enero, Sánchez pactara con Oriol Junqueras una reforma del modelo de financiación autonómica que María Jesús Montero se ha ido sin haber llevado aún al Consejo de Ministros. Así que esa será una de las tareas de su sucesor, Arcadi España.

De que haya avances en ese ámbito dependerá no solo la relación entre el Gobierno y ERC en Madrid, sino también que Salvador Illa pueda aprobar sus primeros Presupuestos para Cataluña. El presidente catalán y ERC anunciaron en marzo que se daban hasta finales de curso para llegar a un acuerdo. La realidad es que Sánchez ha preferido dejar pasar las elecciones en Andalucía antes de nuevas concesiones al independentismo. De los Presupuestos Generales de 2026, ni hablamos. Aunque el Gobierno insiste en que los presentará tras la marcha de Montero, todo apunta a que esta será la primera legislatura sin unas solas cuentas públicas.

En el terreno electoral, el 17 de mayo se decidirá la gran batalla de este año: las andaluzas. Las encuestas vienen vaticinando que Juanma Moreno obtendrá la mayoría absoluta o se quedará muy cerca, como también un hundimiento del PSOE. Montero es la viva imagen del sanchismo, su número dos en el partido y, hasta hace días, también en el Ejecutivo. Así que el presidente no podrá desentenderse del resultado, como lo intentó en las elecciones extremeñas y aragonesas. Los socialistas aspiran a movilizar a parte de los más de 570.000 andaluces que votaron a Sánchez en las generales de 2023, pero que un año antes no habían votado a Juan Espadas.

Si el PSOE toca fondo, ello tendrá efectos orgánicos: cundirá el pánico en los territorios, porque en el margen de un año se celebrarán las elecciones municipales y el resto de las autonómicas. Y los movimientos en torno a la sucesión de Sánchez, que hasta ahora él ha ido conteniendo, aumentarán. Del resultado de Montero depende, pues, la paz del partido.

Queda, por último, el terreno económico. Aunque Sánchez está decidido a sacar rédito político a la guerra en Oriente Medio, sus efectos no traerán nada bueno a su Gobierno. Al contrario. La inflación subió al 3,3 % en marzo por el encarecimiento de los carburantes, y es de prever que siga haciéndolo si no acaba cuanto antes. Subirán las materias primas, la factura energética y la cesta de la compra, y la ciudadanía mirará al Ejecutivo y al nuevo vicepresidente económico. Cuando estalló la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, el IPC se disparó al 7,6 % y no dejó de subir en los meses siguientes, marcando techo en agosto de ese año, cuando se situó en el 10,8 % (cerró 2022 en el 8,4 %, frente al 3,1 % del año anterior).

Y mientras todo ello pasa, el presidente seguirá volcado en sacar brillo a su imagen en el mundo, como antítesis de Donald Trump. En abril será el anfitrión de una cumbre organizada por la Internacional Socialista en Barcelona en la que participarán, entre otros, los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro. Serán los días 17 y 18, justo después de volver del que será su cuarto viaje a China en tres años, en un contexto de suma inestabilidad mundial.