La Sala Segunda del Tribunal Supremo prevé más de 100 horas de juicio. Según el cronograma de la más alta instancia jurisdiccional del país, la vista oral se desarrollará a lo largo de 13 días de abril. En total, están programadas 23 sesiones -11 de mañana y 12 de tarde- entre este martes, día 7, y el jueves 30. Están citados 74 testigos y 23 peritos y guardias civiles, además del interrogatorio preceptivo de los tres imputados.

Estas son, ‘grosso modo’, las cifras del juicio del llamado ‘caso mascarillas’. Las frías estadísticas que, en realidad, tienen tanto calado como para suponer el banderazo de salida a un largo e incierto calvario judicial en distintos tribunales del país para el Gobierno, para el PSOE y para el entorno más cercano de Pedro Sánchez. Porque este primer juicio, el que lleva al banquillo del Supremo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, no es más que el aperitivo de un amargo menú venidero cuyo primer plato -el único que ya tiene fecha segura, el 28 de mayo- es la celebración de la vista en la Audiencia Provincial de Badajoz, en la que están encausados el hermano músico del presidente, David Sánchez «Azagra», y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

A partir de ahí, queda aguardar a que avancen las diversas instrucciones incoadas y, llegado el caso, las aperturas de juicio de otras causas igualmente sensibles en el terreno judicial y político. Y el listado es amplio: del ‘caso Begoña Gómez’, por las ‘aventuras profesionales’ de la esposa de Sánchez, a la ‘macrocausa Cerdán-Ábalos-Koldo’ por, entre otros posibles delitos, el presunto amaño de obra pública; pasando por el ‘caso fontanera’, las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para intentar malbaratar las investigaciones potencialmente perjudiciales para el partido; el ‘caso sobres’, sobre presuntas irregularidades contables en Ferraz; el sumario sobre adjudicaciones irregulares, en el que están imputados la propia Díez, Santos Cerdán y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero; o el sumario Plus Ultra, sobre el controvertido rescate a la aerolínea, con indagaciones que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A la espera de que todas estas causas se sustancien, ya en este primer juicio las peticiones de cárcel son severas, y ello sin tratarse de la instrucción de mayor envergadura de las que conciernen al Ejecutivo o al PSOE. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público solicita 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete para De Aldama, además de multas superiores a 3,7 millones de euros para los tres procesados por el aprovechamiento de la citada información privilegiada.

El grueso del juicio girará sobre la acusación del Ministerio Público de que los investigados se habrían constituido en una suerte de grupo organizado para el cobro de mordidas o la recepción de dádivas, principalmente a cambio de la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la firma de Víctor de Aldama clave en su entramado societario, de varios contratos de material sanitario en plena pandemia, valorados en más de 50 millones de euros. Soluciones de Gestión, una compañía que durante los años anteriores a la covid estuvo prácticamente inactiva, registró una facturación récord de 53,1 millones en 2020.

En concreto, de los ministerios de Transportes e Interior recibió adjudicaciones por valor de 40,2 millones, mientras que los gobiernos de Canarias y Baleares -presididos entonces por los socialistas Ángel Víctor Torres (hoy ministro de Política Territorial) y Francina Armengol (actual presidenta del Congreso)- le abonaron otros 13. La otra pata del juicio, de menor peso, pivotará sobre el supuesto enchufe laboral de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, ambas «amigas» de Ábalos.

El calendario de comparecencias elaborado por el Supremo refleja que el juicio pivotará sobre dos cuestiones principales: la toma de decisiones en el seno de la Administración, particularmente en el Ministerio de Transportes comandado por quien era también el secretario de Organización del PSOE, y la compleja estructura empresarial que habría permitido a De Aldama hacerse con esas adjudicaciones aprovechando la urgencia de la crisis sanitaria. De hecho, 22 testigos son cargos y excargos de Transportes y otros 22 comparecientes pertenecen al entramado empresarial del comisionista.

Un puñado de nombres brilla con luz propia en este ramillete de 74 testigos. Son aquellos que la instrucción considera determinantes para apuntalar los delitos de organización criminal y cohecho. En el ámbito administrativo, el tribunal interrogará a Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras, señalado como pieza clave de la trama; a Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario de Transportes, cuyo testimonio resulta esencial al haber declarado que Ábalos ordenó comprar mascarillas; y a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, identificada como la responsable de autorizar la compra masiva de material sanitario en 2020.

El control de los contratos también pasa por figuras como Javier Sánchez Fuentefría, exdirector de Inspección de Transportes cesado tras una auditoría interna; Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, que habría informado a Koldo en tiempo real; y Michaux Miranda Paniagua, considerado el contacto operativo dentro de Adif para la red.

La ramificación política alcanza a las más altas instituciones. La presidenta del Congreso deberá responder por su etapa al frente de Baleares, mientras que el ministro Torres lo hará por su gestión en Canarias. Ambos declararán por escrito, con el permiso del tribunal, acogiéndose a una prerrogativa de sus respectivos cargos.

El uso de este privilegio evitará a ambos los incómodos interrogatorios y las repreguntas sobre por qué Torres presionó a sus subordinados para vencer sus reticencias a pagar a la trama De Aldama o por los wasaps entre Armengol y Koldo en los que se trataban de «cariño» mientras trataban la compra de material sanitario.

En el ámbito de la seguridad, en la relación de citados destacan el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz. También comparecerá Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas, en relación con la polémica sobre los informes de fiscalización. Y, en cuanto al plano financiero, sobresalen Luis Alberto Escolano, presunto testaferro de De Aldama; Carmen Pano, la empresaria imputada en el ‘caso hidrocarburos’, que asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz, la sede federal del PSOE en Madrid; y Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, investigado por su papel en el movimiento de dinero.

El listado de comparecencias clave se completa con Mariano Moreno, el exgerente del PSOE que no supo explicar en su día los pagos sin respaldo a Ábalos y Koldo; Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos; el exCEO de Globalia Javier Hidalgo; y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, supuesto ‘soplón’ de la red.

El desarrollo de la vista permitirá calibrar a la Sala de lo Penal, encabezada por Andrés Martínez Arrieta, el material probatorio de las graves acusaciones contra Ábalos, Koldo y De Aldama, y a la opinión pública, el impacto sobre la convulsa vida política del país de este primer juicio a la presunta corrupción en el corazón del Gobierno de Sánchez.