Los días 22 y 23 de marzo Giorgia Meloni perdió el referéndum constitucional con el que pretendía quebrar tres elementos estructurales del sistema judicial italiano determinantes del equilibrio entre el poder judicial y el poder ejecutivo: la integración de los jueces y fiscales en un mismo cuerpo funcionarial de la magistratura, la contribución central de las asociaciones profesionales a la dinámica del autogobierno judicial y la atribución exclusiva a un único Consejo de la Magistratura de la potestad disciplinaria sobre la actuación de los jueces y fiscales.

La reforma proponía la separación de las carreras de jueces y fiscales y la creación de un Consejo Superior para cada una de ellas y de un Tribunal Superior Disciplinario. Su carácter antidemocrático se evidencia en que la cobertura de los puestos asignados a los togados (jueces y fiscales) ya no se realizaría por votación sino por medio de sorteo, con unos miembros que a nadie representarían ni ante nadie responderían. La finalidad de esta forma de integración fortuita perseguía, en palabras de Meloni, que la magistratura y las asociaciones judiciales y de fiscales dejen de «interferirse» en la política del Gobierno.

La reforma no mejoraba la tutela judicial y el control jurídico del poder. Tampoco incrementaba los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Ni tenía en mente los efectos de inmunidad penal producidos por la actual implosión del derecho internacional impotente para perseguir las prácticas genocidas.

El objetivo de la reforma constitucional fue definido con nitidez por el jurista Luigi Ferrajoli: «El verdadero propósito de la reforma es someter a la magistratura al poder político (…) en el referéndum está en juego el futuro de nuestra democracia». Asimismo, denunció que con la iniciativa legislativa, Fratelli d’Italia, el partido político heredero del fascismo, pretendía que la Ley Fundamental perdiera la naturaleza antifascista con la que fue escrita. Así parecía confirmarlo la rotunda declaración de la jefa de Gabinete del ministro de Justicia en los días inmediatamente anteriores a la celebración del referéndum: «Votad sí y nos quitamos de en medio a la magistratura que son un pelotón de ejecución».

De la incontestable victoria del ‘no’ (53,24% de los votos emitidos) destacamos dos aspectos. En primer lugar, en los sondeos a pie de urna se desveló que el 60% de los ciudadanos entre 18 y 34 años había votado contra la reforma y en defensa de la Constitución. Esta elevada porcentual cuestiona que la juventud en su conjunto sea receptiva a las propuestas de la extrema derecha y su aceptación de las formas autoritarias.

Pero, sobre todo, la derrota de la reforma paraliza la deriva autoritaria de Meloni. La reforma de la magistratura se inscribe en un proyecto de largo alcance de transformación de la estructura del Estado. Baste con recordar la pretensión de modificar la forma de gobierno por medio del sistema de ‘primer ministro’ (premierato) en el que se sustituye la designación parlamentaria del presidente del Gobierno por su elección directa para reforzar su poder y apuntalar la estabilidad del Ejecutivo. Además, persigue otorgar un premio a la mayoría de 70 diputados y 35 senadores para el partido o coalición que consiga en primera vuelta al menos el 40% de los votos, o en segunda vuelta para quien obtenga la mayoría de votos en la competición entre las dos listas más votadas.

Una involución en la que quedarían afectados los tres poderes: el control de los jueces, la desnaturalización del Parlamento con una mayoría artificial y el aumento del poder del presidente del Consejo en la onda del ultrapresidencialismo trumpiano. Este es el proyecto de la ultraderecha itálica, frenado ahora en seco, similar a las propuestas políticas de la extrema derecha de otros países.

La combinación de la derrota de Meloni con los sondeos electorales adversos de Orbán, la victoria socialdemócrata danesa y el escaso resultado de la ultraderecha francesa en las municipales permiten afirmar que en Europa hay partido.