No se trata de una anécdota ni de una exageración retórica. Es una pauta. Y las pautas, en política internacional, suelen ser lo que más importa.

Los últimos meses han dejado señales inequívocas.

Mientras Europa refuerza su cohesión interna ante un entorno global cada vez más hostil, España ha ido quedando progresivamente descolgada de los foros clave donde se están tomando decisiones estructurales sobre defensa, seguridad energética y autonomía estratégica.

Es la consecuencia de una posición política cada vez más difícil de encajar en el consenso occidental.

Un consenso que no es ideológico en el sentido clásico, sino funcional.

Se basa en la defensa de un modelo de seguridad compartida, de unas reglas económicas comunes y de una arquitectura institucional que, con todos sus defectos, ha garantizado estabilidad durante décadas.

Salirse de ese marco no es imposible, pero tiene un alto coste. Y, sobre todo, exige una alternativa creíble.

España, hoy por hoy, no la tiene.

En ese contexto, la aproximación a China no puede leerse como una simple diversificación de relaciones exteriores, porque China no es un socio más.

Es un competidor sistémico para la Unión Europea y para Estados Unidos, tal y como han definido reiteradamente las instituciones comunitarias.

Reforzar vínculos con Pekín sin una estrategia clara, en paralelo a un distanciamiento de Bruselas y de los principales aliados atlánticos, no es pragmatismo: es desalineación.

El papel desempeñado por José Luis Rodríguez Zapatero en este giro añade un elemento adicional de preocupación.

Su activismo internacional, particularmente en Iberoamérica y en entornos próximos al eje bolivariano, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es su creciente influencia en la orientación estratégica hacia China del actual Ejecutivo, tal y como sugieren múltiples movimientos recientes.

La idea de una España mediadora, equidistante o “no alineada” puede resultar atractiva en términos discursivos, pero choca frontalmente con la realidad geopolítica.

A ello se suma la reactivación de vínculos con gobiernos iberoamericanos de izquierda que comparten una visión crítica del orden liberal occidental. El Grupo de Puebla, pese a sus transformaciones, sigue siendo un espacio de coordinación ideológica que cuestiona abiertamente ese orden.

Apostar por ese eje como contrapeso a Europa no sólo es un error de cálculo, sino una apuesta de alto riesgo para los intereses españoles. No responde a una estrategia económica o de seguridad, sino a afinidades políticas que poco aportan a los intereses estructurales de España.

Máxime cuando quien está propiciando esos encuentros amplificadores (como el que tendrá lugar en Barcelona la próxima semana con los presidentes Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, entre otros) son think tanks de nombre inglés y recursos chinos.

Lejos de actuar como jefe de la diplomacia y garante de la posición española en Europa, nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asumido un papel de comparsa disciplinado, cuando no de ejecutor acrítico de una estrategia definida en otros ámbitos.

Su gestión no sólo ha sido incapaz de evitar el deterioro de la posición española en Bruselas, sino que, en demasiadas ocasiones, ha contribuido a agravarlo. Ya sea por acción, con alineamientos difíciles de justificar, o por omisión, con ausencias significativas en momentos clave.

Más aún: en episodios clave, su actuación ha sido la de un mero validador de decisiones difíciles de sostener en el plano jurídico y político europeo.

La progresiva pérdida de peso de España en foros europeos de alto nivel, la ausencia en dinámicas decisorias clave y la incapacidad para articular posiciones propias en debates estratégicos revelan una diplomacia que ha dejado de anticipar para limitarse a justificar.

El caso Delcy es paradigmático.

Que la Unión Europea acabe de desmontar la versión sostenida durante años por el Ejecutivo sobre el denominado Delcygate, confirmando que Delcy Rodríguez sí entró en territorio español y que no se comunicó a las instituciones europeas ninguna excepción a las sanciones que pesaban sobre ella, es sencillamente demoledor.

No hablamos de un matiz técnico. Hablamos de la posible vulneración consciente de decisiones del Consejo de la UE (jurídicamente vinculantes), así como de la ausencia de los mecanismos de notificación obligatorios entre Estados miembros.

Por si no fuera suficiente con lo anterior, la comunicación pública del presidente Sánchez ha ido derivando vertiginosamente hacia contenidos y formatos que, lejos de reforzar su credibilidad internacional, la erosionan.

Sus vídeos en TikTok, la red social china, con escenas triviales de su despacho o gestos pretendidamente cercanos, quizá tengan un improbable recorrido en clave doméstica.

Pero lo que proyectan, desde luego, es una imagen de frivolidad insustancial en un momento que exige todo lo contrario: liderazgo, sobriedad y claridad estratégica.

La política europea no se sostiene sólo sobre intereses, sino sobre reglas compartidas y confianza mutua. Y sin confianza, en política internacional, no hay papel posible.

Ni central, ni secundario. Simplemente ninguno.