Editorial-El Correo

  • El inicio del juicio a Ábalos acredita ya una depauperación de la responsabilidad pública incompatible con la ejemplaridad democrática

La primera semana de los dos juicios que han devuelto la corrupción al escaparate público se ha resuelto de manera dispar. Era sabido que el hecho de que la Audiencia Nacional destinara el inicio de la vista oral por la ‘trama Kitchen’, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, a dilucidar las cuestiones previas -el tribunal ha rechazado las peticiones para anular el enjuiciamiento- iba a posponer la enjundia de las declaraciones ante la sala. Con el ‘caso mascarillas’ que encausa en el Supremo al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario ‘arrepentido’ Víctor de Aldama ha ocurrido lo contrario: las tres primeras jornadas del juicio, con el desfile de una veintena de testigos, han bastado para trazar un cuadro preciso de las reprobables conductas políticas -se verá si penales- arraigadas en torno a aquel Ministerio de Transportes capitaneado por el entonces todopoderoso Ábalos, mano derecha del presidente Sánchez en el PSOE y en el Gobierno.

Lo visto estos días por los magistrados del tribunal que dirige Andrés Martínez-Arrieta no prejuzga, por supuesto, el sentido de su sentencia. Pero los testimonios de Jésica Rodríguez y de la ex miss Asturias Claudia Montes, ambas ligadas a Ábalos, y los de cargos de las empresas públicas en las que estuvieron contratadas ratifican que el exministro se prevalió de su poder e influencia no solo para enchufarlas, sino para beneficiarse a sí mismo a través de la trama concebida por De Aldama. Y que en el juicio centrado en el negocio ventajoso con material sanitario en lo más crudo de la pandemia se hayan colado dos testificales -la del hermano de Koldo García y la de la empresaria imputada Carmen Pano- que refieren la supuesta circulación de sobres y entrada de dinero negro en la sede federal del PSOE en Madrid alimenta la pieza separada y secreta que instruye, en paralelo, la Audiencia Nacional.