Ignacio Camacho-ABC
- Hay demasiados indicios de negligencia para que las autoridades (in)competentes puedan eludir la rendición de cuentas
Las catástrofes, naturales o no, dan lugar a tres tipos de responsabilidades: económicas, políticas y penales. Las penales las establece la Justicia, y en los casos de la dana, el apagón y Adamuz están en curso procesos que tardarán bastante tiempo en sustanciarse. Las económicas provocan largos litigios porque hay en juego indemnizaciones millonarias capaces de llevar a la quiebra a las empresas o instituciones que acaben determinadas como directa o indirectamente culpables de un desastre. Y las políticas… ay, las políticas requieren una mezcla de ética (weberiana), vergüenza y coraje, elementos que juntos y por separado se echan muy en falta en el Gobierno de Sánchez. Aunque no sólo; Mazón acabó asumiendo las suyas, pero a rastras y demasiado tarde.
Se puede entender que tanto Red Eléctrica como Adif intenten zafarse de un señalamiento que las arruinaría. Tienen derecho a su defensa legítima. Pero hay 48 millones de españoles afectados por la interrupción general de energía y 46 familias de víctimas del accidente ferroviario que merecen algo más que evasivas. Y como se trata de compañías públicas, corresponde al Ejecutivo dar respuestas a la demanda ciudadana de información precisa sobre lo que pasó en aquellos malditos días. Está ocurriendo todo lo contrario: excusas huidizas, ocultaciones, cortinas de humo o simples mentiras. Maniobras dilatorias para mantener la oscuridad en torno a los posibles fallos de infraestructuras críticas o las sospechas de manipulación ‘a posteriori’ de las vías.
Porque además de los serios síntomas previos de colapso eléctrico y de deterioro operativo, antes de ambos siniestros las autoridades competentes (?) recibieron avisos explícitos que fueron desoídos. Existen grabaciones demostrativas de que el riesgo de desconexión por desequilibrio y fluctuaciones del sistema estaba advertido, y una señal de anomalía compatible con la posible rotura de los raíles no produjo ningún efecto preventivo. Hubo alertas palmarias, con sus correspondientes registros… y se les hizo caso omiso. Los mecanismos de advertencia sí funcionaron, pero nadie quiso o supo atender los indicios. Y esa constatación de negligencia genera una responsabilidad que excede el plano técnico para penetrar directamente en el político.
Lejos de asumir los errores, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha reaccionado a la certeza de los datos con inaceptable soberbia. El ministro Puente, siempre ocupado en polémicas tuiteras, elude las revelaciones de la investigación que comprometen su inicial declaración de ‘extrañeza’ o las descarga en cabezas subalternas. Uno de los rasgos más característicos del estilo sanchista es la de considerarse exento de la obligación democrática de rendir cuentas. Pero a medida que la verdad se abre paso, la versión que atribuye el cero energético a las nucleares y la de la imprevisibilidad de la tragedia de Adamuz se desmoronan bajo el peso de las evidencias. Y cuando el relato quede completo no habrá remota manera de culpar a la derecha.