La destrucción del Estado de derecho

Cabe preguntar si España sigue siendo un Estado de derecho y es posible responder que no o que está en camino de dejar de serlo. El responsable es el presidente del Gobierno. El artículo 1.1 de la Constitución establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» y el 9.1 dispone: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

El régimen preferido por Pedro Sánchez es el absolutismo y hacia él camina con decisión y corrupción. En cierto modo, invierte el camino. En lugar de ir del poder absoluto a la corrupción, marcha desde la corrupción al poder absoluto. Ya lleva ocho años en el poder y nunca ha ganado las elecciones. Es cierto que lo permite el sistema parlamentario, pero también lo es que no ha habido un presidente del Gobierno con menos apoyo popular. En un sistema presidencialista no habría gobernado. Y se mantiene mediante la corrupción del sistema parlamentario a través de la compra de votos a cambio de concesiones a partidos separatistas y de extrema izquierda. No hay programa de gobierno, sino compraventa de apoyos políticos. La clave es comprobar la identidad del vendedor de votos. Ahí reside la forma real de gobierno en España. Al Parlamento solo le queda la tarea, por lo demás necesaria, de controlar al Ejecutivo cuando no se escabulle. Y el Senado languidece, casi olvidado precisamente porque no lo controla el Gobierno. Tan vinculado está Sánchez a la corrupción que llegó al poder, suprema ironía, mediante una moción de censura invocando la corrupción del Gobierno y apoyado en la oportuna interpolación de un texto judicial.

Pero lo peor de todo es el asalto a la Judicatura, la única esperanza institucional para evitar el despotismo. El procedimiento es múltiple: presiones a jueces y magistrados, control del Consejo General del Poder Judicial, del fiscal general del Estado (más bien del Gobierno) y del Tribunal Constitucional. La Fiscalía ya ha anunciado que interpondrá recurso de amparo ante el Constitucional para anular la sentencia que condenó al anterior fiscal general. Está legitimado para hacerlo según el artículo 162.1b, pero no para ganarlo necesariamente. El Gobierno controla el Tribunal Constitucional y puede convertirlo de hecho en lo que no es de derecho: un órgano jurisdiccional por encima del Tribunal Supremo. ¿Por qué no podría llegar a declarar que se ha vulnerado el derecho a la defensa de Ábalos en el caso de que, como parece muy probable, sea condenado? ¿Cabría hablar entonces de Estado de derecho en España? La denominación de la institución garante de la constitucionalidad es engañosa, pues podría sugerir que se trata de un verdadero órgano jurisdiccional y no lo es. No forma parte del poder judicial. Está regulado en el Título IX de la Constitución y no en el VI relativo a este. Lo cierto es que la regulación constitucional del recurso de amparo facilita la corruptela, pero no la justifica. Por la vía de la protección de algunos derechos fundamentales puede abrirse el camino hacia la casación de hecho de las sentencias del Tribunal Supremo. Pero esto es opuesto a la Constitución y al Estado de derecho. En España, el supremo órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo, cuya denominación, además, no deja lugar a dudas. Convertir al Constitucional en órgano superior de casación entraña la negación del Estado de derecho y de la separación de poderes. No hay que olvidar que el Constitucional es un órgano político, no jurisdiccional.

Pero lo peor de todo es la destrucción del principio del sometimiento de todos los poderes públicos a la ley. Si el Gobierno deja de estar sometido al imperio de la ley y a las decisiones de jueces y magistrados, se convierte en un poder absoluto. Puede hacer lo que quiera si controla al Tribunal Constitucional, al que, contra la Constitución, se le concede el derecho a decidir cuándo el Tribunal Supremo vulnera o no los derechos de los ciudadanos. No es necesario invocar a Montesquieu ni a Lord Acton ni a ningún jurista o filósofo liberal. Basta la Constitución. Si el Gobierno no está sometido a la ley, sino la ley al Gobierno, quedan destruidos la Constitución, el Estado de derecho y la democracia.