Un país que ha bajado los brazos y se ha rendido

El Gobierno Sánchez, versión negocios, ha nacionalizado Telefónica (operación ya asegurada) y está en camino de hacer lo propio en Indra tras despedir de la presidencia a un outsider como Ángel Escribano y sustituirlo por «uno de los nuestros». Pero hay otra gran empresa con la que ha repetido el proceso: se trata de Talgo SA. Es el «caso Talgo», un escándalo de primera magnitud al que, en esta España permanentemente sobresaltada, no se le ha dado mayor importancia. Tras vetar en agosto de 2024 la OPA presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon (Ganz-MaVag) aduciendo su condición de «empresa estratégica», el Gobierno, de la mano de ese demiurgo que cuida de los negocios de Sánchez en el Ibex llamado Manuel de la Rocha, pergeñó una solución consistente en entregar Talgo a la siderúrgica vasca Sidenor, es decir, al PNV. La oposición de sus dueños fue vencida manu militari con una cuantiosa sanción (116 millones) de Renfe (Óscar Puente) por retrasos en la entrega de trenes. Pero para que Sidenor pudiera hacer frente a la operación fue preciso involucrar la ICO en su financiación ventajosa. Tiempo después, marzo pasado, los dueños de Talgo, convencidos de que Sánchez metió la mano en su bolsillo de forma descarada, han presentado demanda ante el Tribunal Supremo, se han atrevido con el jefe de la banda. Y esta misma semana nos hemos desayunado con la noticia de que los nuevos amos de la compañía se disponen a repartir dividendo de inmediato. José Antonio Jainaga, presidente desde enero de este año, que no ha arriesgado un duro propio en la compra del fabricante de trenes, se dispone a sacar tajada vía dividendo antes siquiera de poner en marcha el nuevo plan estratégico. A exprimir la vaca que el PSOE ha regalado al PNV. Es la España que vivimos.

Hagamos recuento. Con sede social en Las Rozas, Madrid, y clara raigambre vasca (familia Oriol), Talgo es una compañía con un gran componente tecnológico (rodadura independiente, estructuras articuladas de aluminio y cambio automático de ancho de vía que permiten trenes más ligeros, silenciosos y eficientes) especializada en la alta velocidad, pero siempre acuciada por severos problemas financieros. En 2006, bastante antes de su salida a Bolsa (año 2015), Talgo fue adquirida por un consorcio inversor liderado por el fondo de capital riesgo estadounidense Trilantic Capital Partners, junto con MCH Private Equity y miembros de la familia Oriol. La operación se canalizó a través del holding Pegaso, que pasó a controlar el 100 % de la compañía. En agosto de 2024 y tras casi dos décadas de accionista, al consorcio se le presentó una oportunidad de oro para desinvertir aceptando la OPA presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon (Ganz-MaVag) que valoraba Talgo en 619 millones, a razón de 5 euros por acción, y garantizaba el empleo y la continuidad industrial. Pero el Gobierno Sánchez salió al paso aduciendo la condición de «empresa estratégica» del fabricante de trenes y los supuestos riesgos para la seguridad nacional que su venta implicaba. La realidad es que Moncloa no estaba dispuesta a tolerar que Talgo pasara a manos de una empresa de la Hungría de Viktor Orbán, el amigo de Vox y aliado en la UE del déspota Putin, además de enemigo declarado del Gobierno social comunista español. El Ejecutivo se negó a facilitar a los administradores de Talgo los informes (entre ellos uno del CNI) y elementos que sustentaron la decisión, una opacidad que el Supremo rechazó reconociendo el derecho de las partes a acceder al expediente para garantizar la tutela judicial efectiva.

Para superar la situación de bloqueo, Pegaso buscó alternativas y dio con el Fondo Polaco de Desarrollo (PFR), dueño de la compañía ferroviaria PESA, con la intención de pergeñar una oferta idéntica a la húngara. Y de hecho, hay constancia de que Sánchez atendió una llamada del primer ministro polaco Donald Tusk, al que aseguró que no pondría objeciones a la operación. Naturalmente Sánchez mentía, as usual, porque solo unos días después de esa llamada (febrero de 2025) el Gobierno abortó la posible OPA polaca al tiempo que mostraba su preferencia por una solución vasca a través de la siderúrgica Sidenor. Sánchez enseñaba la patita, o mejor, volvía a exhibir sus miserias al verse obligado a pagar de nuevo el peaje de un PNV que le sostiene en el poder desde junio de 2018. Y para hacerles saber la «verdad oficial», el inefable De la Rocha citó en Moncloa -un clásico con este Gobierno- a Javier Bañón (socio fundador de Trilantic Europe y director de Grupo Talgo) y a Carlos de Palacio Oriol, presidente y nieto del fundador de Patentes Talgo, José Luis Oriol (y el ingeniero Alejandro Goicoechea) para leerles la cartilla de la solución vasca para el fabricante de trenes.

Tanto Bañón como De Palacio no han atendido las llamadas de quien esto suscribe, pero hay constancia de que De la Rocha les amenazó, como hace escasas fechas hizo con Ángel Escribano, el ya ex presidente de Indra, con las consecuencias de no aceptar la propuesta del Gobierno. Fuentes del entorno de los citados han asegurado que tanto el director como el presidente de Talgo salieron de Moncloa con la sensación de haber sido «extorsionados» por el jefe de la oficina económica del presidente del Gobierno, en la mejor tradición de la mafia calabresa. Para «ablandar» la posición de los gestores de Talgo, el Gobierno se sirvió de la cuantiosa sanción (nada menos que 116 millones) impuesta por la Renfe, el mayor cliente de Talgo, a cuenta de los retrasos sufridos en la entrega de los nuevos trenes (serie 106) comprometidos, peaje que hubiera puesto la cuenta de resultados de Talgo en situación imposible. El escándalo Talgo adquiere su adecuada dimensión si tenemos en cuenta que Sidenor en modo alguno podía afrontar la compra de Talgo con sus propios recursos, por lo que necesitaba el respaldo financiero del Estado, más aún si quería, como pretendía, evitar tener que lanzar una OPA para quedarse con la firma de Las Rozas.

De modo que el Ejecutivo, para quien las instituciones del Estado son entes de razón al servicio de los intereses personales de su presidente, hizo entrar en el baile al Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante la concesión de un préstamo a Sidenor, además de participar a su vez en la compra de equity. Pero el ICO se descolgó con un tipo de interés inasumible (entre el 14 % y el 17 %) para Sidenor, algo que hacía inviable la operación, de modo que Moncloa (De la Rocha again) se vio de nuevo obligado a intervenir forzando una rebaja sustancial de ese tipo de interés, que finalmente quedó establecido en el 7 %. El asistente de Sánchez hizo más, «invitó» a la CNMV a hacer la vista gorda para que la fórmula de compra articulada no fuera considerada una «operación de concertación», asunto al que la CNMV, también como de costumbre, se prestó diligente. La rendición de los organismos de control a los intereses de Sánchez es parte capital en la muerte a plazos de nuestra democracia. Pegaso acabó vendiendo el 29,7 % de Talgo al consorcio encabezado por Sidenor, cuyo presidente es José Antonio Jainaga, en comandita con Kutxabank, BBK, Vital Kutxa y el fondo de inversión público Finkatuz, por 157 millones, lo que supuso valorar la acción en 4,25 euros, frente a los 5 euros ofrecidos por Ganz Mavag. El 29 de enero de este año, Jainaga era nombrado presidente de Talgo.

Al final del proceso, los accionistas del holding Pegaso salieron con la convicción clara de que el Gobierno Sánchez les había metido la mano en el bolsillo de forma descarada, por lo que pusieron en marcha el estudio de posibles acciones jurídicas para remediar el sablazo. El perjuicio para los accionistas de Talgo fue evidente: vendieron a 4,25 euros la acción a una oferta que adquiría el 30 %, cuando podían haberlo hecho a 5 euros por el 100 %. Ni que decir tiene que el cambio de accionista de referencia en Talgo permitió una solución negociada flexible al conflicto que le enfrentó con Renfe, es decir, de la sanción de 116 millones nunca más se supo. Lo que sí se ha sabido es que a finales de marzo, el holding Pegaso (fondo Trilantic y familia Oriol), con asesoramiento del bufete Uría Menéndez, interpuso demanda en el Tribunal Supremo contra el Gobierno Sánchez por el veto a la OPA lanzada por Ganz Mavag sobre Talgo. Los demandantes cifran en 25 millones el perjuicio recibido, cantidad que podría variar en el curso del procedimiento. El consorcio húngaro, por su parte, ha iniciado un procedimiento arbitral contra el Reino de España ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). El veto a la OPA de Talgo ha dado ya el salto al plano internacional. Y la guinda: los miembros del consorcio vasco dueños del 29,7 % de Talgo acaban de acordar recuperar la política de dividendos para «agradecer la confianza de sus inversores». La retribución será, por lo demás, de un 30 % sobre el beneficio consolidado después de impuestos, «como mínimo». Hay que empezar cuanto antes, sin esperar siquiera a poner en marcha un plan industrial, a ordeñar la vaca que el PSOE ha regalado al PNV. Naturalmente que los pedidos a Talgo empezarán a llegar desde Renfe convenientemente inflados, porque en la red clientelar que preside Sánchez hay muchas bocas que tapar. «Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en esto» (Michael Corleone).

Estamos ante un rescate empresarial, más o menos encubierto, con dinero público (Talgo cerró 2024 en números rojos de 107,9 millones, que fueron de 100 millones en 2025), una forma de hacer política industrial ineficiente orientada desde el poder político, y un gesto palmario de rendición incondicional ante un PNV que sostiene a Sánchez en Moncloa, se traga en silencio sus escándalos de corrupción, y con esta operación refuerza su posición de «amo» indiscutible en un País Vasco sin cuyo consentimiento no está permitido siquiera el vuelo de una mariposa. Un ejemplo claro de intervencionismo gubernamental en la economía, una demostración de cómo el Estado puede pervertir los incentivos de los agentes económicos para imponer una agenda política disfrazada de estrategia industrial. El Gobierno Sánchez se ha convertido en el mayor riesgo político que hoy afronta cualquier inversor en España. Pero el aludido se fuma un puro. Mientras en el Supremo se asistía esta semana al relato escalofriante de los fajos de billetes entrando y saliendo de la sede de Ferraz y a la colocación en empresas públicas de las putas de la nomenklatura socialista, el sátrapa se divertía montado en un coche Lego en un museo de videojuegos madrileño. Atentos al viaje a la China comunista de Xi Jinping en el que se acaba de embarcar, cuarto que realiza desde 2018. En compañía de Rodríguez Zapatero, experto en trasegar dinero de dictadores, Sánchez viaja dispuesto a poner en marcha sus negocios privados. Todo en España tiene que ver con los negocios de la mafia que nos gobierna. El Ibex 35 se le está quedando pequeño. Como pequeña se ha quedado esta España apocada, casi muerta, dispuesta a consentir toda clase de humillaciones por parte de una banda de malhechores. Hablamos de un país que ha bajado los brazos y se ha rendido.