El auto de procesamiento dictado este lunes por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez no es una pieza de doctrina jurídica, sino un inventario de hechos que sitúan a la esposa del presidente Sánchez en el centro de una operativa de aprovechamiento privado de recursos públicos.
El magistrado cierra la instrucción señalando cuatro delitos que, lejos de ser abstractos, se apoyan en una cronología de correos electrónicos, facturas y testimonios de funcionarios.
La causa ya no gira en torno a una cuestión ética, sino al uso sistemático de la estructura de la Presidencia del Gobierno para dar soporte a una actividad mercantil particular.
El cargo más grave, el de malversación de caudales públicos, se sustenta en la figura de Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
Según el auto, Álvarez no sólo actuó como asistente personal de Gómez, sino que gestionó directamente la relación con los patrocinadores de la cátedra de la Universidad Complutense y coordinó la facturación de servicios privados.
Al procesar a Álvarez como cooperadora necesaria, el juez subraya que el salario y el tiempo de una alta funcionaria fueron desviados para el beneficio de una empresa privada: Transforma TSC S.L.
Es en este punto donde Peinado introduce su cita más contundente, al señalar que esta confusión entre el personal del Estado y la servidumbre de la familia del líder es una «conducta propia de regímenes absolutistas».
La acusación por apropiación indebida aporta datos aún más específicos sobre el quebranto económico. El magistrado detalla que el software Transfórmate, diseñado para medir el impacto social de las empresas, fue financiado con más de 102.000 euros procedentes de donaciones de Indra, Telefónica y Google a la Universidad Complutense.
Sin embargo, Gómez registró la plataforma a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El auto subraya que esta maniobra se realizó mientras la investigada carecía de relación contractual como docente o investigadora con la universidad que justificara la titularidad del software, privando así a la institución pública de un activo desarrollado con su prestigio y recursos.
En cuanto al tráfico de influencias, el foco se mantiene en las cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés.
El juez vincula estas misivas con la posterior adjudicación de contratos por valor de 10,2 millones de euros por parte de la entidad pública Red.es.
La precisión de la instrucción demuestra que la relación entre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y la financiación de Globalia (matriz de Air Europa, rescatada con 475 millones de euros públicos) no fue una coincidencia temporal, sino el motor de una red de intereses mutuos que la investigada alimentó desde su posición privilegiada.
Resulta de un simbolismo inquietante, además, que la confirmación de este procesamiento haya alcanzado a Pedro Sánchez y a su esposa durante un viaje oficial a China.
Mientras el Estado de derecho español reacciona ante las sospechas de corrupción que cercan no sólo a Gómez, sino también al hermano del presidente y a su círculo de colaboradores más estrechos, el matrimonio busca refugio protocolario en una autocracia donde la división de poderes es una entelequia.
En Pekín, donde los estándares de las democracias liberales son vistos como una debilidad y la corrupción de las élites se tolera (o se purga) exclusivamente bajo criterios de lealtad al Partido y de conveniencia para Xi Jinping, Sánchez encuentra un ecosistema libre de las «molestias» de una justicia independiente.
Es una paradoja sangrante: el presidente huye del reproche de «absolutismo» de un juez madrileño para ser agasajado por un régimen que lo practica de forma sistémica, y donde la patrimonialización del Estado que se investiga en la Moncloa no sería un delito, sino una norma de conducta para la nomenklatura.
La persistencia de Pedro Sánchez en calificar el procedimiento como una maniobra política choca además frontalmente con la solidez de los indicios contables.
En una economía que exige seguridad jurídica y transparencia, el uso del Palacio de la Moncloa como sede de negocios familiares es una señal de alarma que trasciende la lucha partidista.
El respeto a las instituciones liberales no se demuestra con ataques al juez instructor ni con huidas hacia adelante en geografías ajenas a los derechos humanos, sino garantizando que la frontera entre el erario público y el interés privado sea absoluta e infranqueable.
La salud de una democracia se mide por su capacidad de impedir que el entorno del gobernante trate al Estado como su patrimonio particular.