La reedición del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, formalizada este miércoles, trasciende la mera aritmética parlamentaria para adentrarse en el pantanoso terreno de la inseguridad jurídica.
Bajo el epígrafe de la «prioridad nacional», ambas formaciones han acordado supeditar el acceso a servicios básicos, especialmente en materia de vivienda protegida, a un criterio de arraigo temporal (exigiendo hasta diez años de residencia) que colisiona frontalmente con el ordenamiento constitucional y los principios de una sociedad liberal.
Es legítimo, y ciertamente necesario, que las administraciones públicas aboguen por una inmigración ordenada, regulada y vinculada a las capacidades de acogida y las necesidades del mercado laboral.
En este punto, el posicionamiento del PP y del centroderecha liberal en general ha sido claro: la ley debe cumplirse y la integración debe ser el objetivo final.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado en Mérida desborda este marco para abrazar un proteccionismo identitario que, bajo una retórica de protección al nacional, acaba por socavar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los propios españoles.
El primer error del acuerdo es terminológico y conceptual. Al definir la «prioridad nacional» a través de un empadronamiento de larga duración en suelo extremeño, el pacto crea de facto una «prioridad regional».
Este mecanismo no sólo discrimina al inmigrante legal que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos, sino que penaliza de igual forma al ciudadano español de cualquier otra comunidad autónoma que decida trasladar su residencia a Extremadura.
¿O es que cuando Vox habla de «realidad nacional» está hablando de la «nación extremeña»? Obviamente, no. Pero eso es lo que se desprende de la literalidad de la expresión «prioridad nacional».
Se establece así una barrera a la libertad de circulación y establecimiento, principios consagrados en el artículo 139 de la Constitución, que prohíbe taxativamente cualquier medida que obstaculice la igualdad de derechos de los españoles en todo el territorio del Estado.
Desde una óptica liberal, la medida es igualmente indefendible.
La economía española exige dinamismo y movilidad. Imponer un muro burocrático de una década para acceder a una vivienda protegida es un desincentivo para la atracción de talento y mano de obra, elementos esenciales para combatir la despoblación que asola Extremadura.
El éxito de una sociedad no reside en el blindaje administrativo de sus recursos basándose en la antigüedad del padrón, sino en su capacidad para integrar a quienes respetan la ley y aportan su esfuerzo al bienestar común.
Resulta preocupante que el Partido Popular, en su afán por asegurar la gobernabilidad, haya aceptado comprar el marco mental de Vox.
Porque al adoptar la «prioridad nacional» como divisa, la formación de María Guardiola abandona la gestión basada en la eficiencia y la legalidad para deslizarse hacia un colectivismo de cuño identitario.
Esta «discriminación indirecta», como ya ha señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del propio Tribunal Constitucional español, tiene un recorrido jurídico nulo.
Prometer a los ciudadanos una preferencia que los tribunales anularán por vulnerar la igualdad no es solo una irresponsabilidad política, sino una forma de generar una frustración social que sólo beneficia a los extremos.
España no necesita fronteras interiores ni categorías de ciudadanos según su tiempo de residencia. La mejor forma de defender a la nación es garantizar la vigencia de la ley y la igualdad de todos ante ella.
El PP nacional debería reflexionar sobre si el precio de mantener el poder en Extremadura compensa la renuncia a los principios constitucionales y liberales que dicen representar.
El arraigo debe ser una consecuencia de la integración y el esfuerzo, nunca un privilegio concedido por la arbitrariedad de un calendario administrativo.