Hay en el auto del juez Castro una requisitoria contra el ambiguo portillo legal –artículo 100.2 del citado reglamento– que flexibiliza el cumplimiento de penas permitiendo interpretaciones a capricho previas al pronunciamiento judicial efectivo. Léase más allá de lo literal: se está utilizando la autoridad administrativa para conceder permisos que alcanzan efecto inmediato antes de que la Fiscalía esté en condiciones de recurrirlos. El magistrado no puede ir más lejos en el razonamiento jurídico, pero pone de relieve la disfuncionalidad de una norma aplicada de manera automática por el poder político. El ciudadano sí puede: la supuesta reinserción de los presos de ETA, en muchos casos con vista gorda ante la inadaptación a los correspondientes requisitos, no obedece a otro arbitrio que el del compromiso de satisfacer la exigencia de Bildu a través de un resquicio legislativo transformado torticeramente en un fraude de ley consentido. Ahora vamos y nos creemos que van a ser buenos chicos.

En otra resolución, el propio Castro autoriza la semilibertad de Txeroki, siniestro carnicero cuyo expediente, no recurrido por el Ministerio Público, sí observa las cláusulas formales. Le pone condiciones restrictivas, entre ellas la de no acercarse a sus víctimas o no residir en determinados lugares, y acepta, qué remedio, la ‘voluntad restaurativa’ certificada en el informe de la psicóloga de la cárcel. Qué se le va a hacer; aquí no hay margen y el peso de los muertos cuenta poco ante la participación en talleres y otras actividades. Pero creerse la petición de perdón, que también realizó Anboto, expresa en una cartita de contrición muy opinable, es opcional al menos en términos morales. Los deudos de los asesinados decidirán si esas disculpas les valen para obtener la paz que perdieron junto a las vidas de sus familiares. Para otros muchos españoles, entre ellos este firmante, esos delitos son imperdonables. Después de tanta sangre se pueden meter el arrepentimiento por salva sea la parte.