¡Que raros son estos españoles, únicos en el mundo sin prioridades nacionales!

Cuando «Noverdad» Sánchez supedita –¿o tal vez subarrienda?– la diplomacia española a terceros países –bien sea la dictadura china o venezolana, el vecino marroquí o incluso la colonia gibraltareña como ha oficializado Albares con su ministro principal Picardo–, luego de investirse presidente con separatistas xenófobos con el resto de españoles a los que aplica el «apartheid» lingüístico, a la par que pone sus fronteras al albur de los traficantes de seres humanos, cobra sentido que el polizón de La Moncloa adquiera el cinismo del capitán Renault en Casablanca cuando el mayor nazi Strasser le insta a cerrar el ‘Café de Rick’ después de que el disidente Laszlo inflamara el patriotismo de la clientela entonando la marsellesa.

Así, cuando el dueño del garito interpela al gendarme –«Pero ¿cómo puedes hacerme esto?»–, Renault esgrime: «Porque es un escándalo: acabo de descubrir que en este local se juega…», a la vez que el croupier le desliza un fajo de billetes susurrándole «sus ganancias, señor». Claro que, con los testimonios que se registran estos días en el Tribunal Supremo en el juicio que sienta en el banquillo a su mano derecha Ábalos y a su aizcolari Koldo García, la casa de juego sanchista aventaja en mucho la ficción del casino de «Casablanca».

Ello coadyuva a que Sánchez trate de generar una gigante ola que se trague todo ello lanzando al estanque de la opinión pública la piedra de escándalo de la inclusión del «principio de prioridad nacional» en los pactos autonómicos del PP y Vox en Extremadura y Aragón. Más cuando la autorregulación de la inmigración ilegal tiene los visos de multiplicar los daños de la malhadada ley del ‘sí es sí’ sobre la «violencia de género» que ha puesto en la calle a un sinnúmero de violadores reincidentes, como alertaron los jueces. No en vano, amén de contravenir las directrices de la Unión Europea, lo que ha impulsado a algunos países a plantearse el retorno a las fronteras intracomunitarias, esta regularización vía Real Decreto para burlar y burlarse del Parlamento transgrede una norma de mayoría reforzada como la vigente Ley Orgánica de Extranjería, que impone un mínimo de años de ese arraigo –ahora solo cinco meses– que se formula como «prioridad nacional» en unos pactos subordinados a una «legalidad vigente» que Sánchez infringe en sus tratos con los soberanistas y con la ETA política.

Es de cajón que no puede tener el mismo acceso a los servicios públicos un español –aborigen o nacionalizado– que ha contribuido a sufragarlos que quien no lo ha hecho, al margen de que se le asista en sus urgencias sanitarias o en la escolarización de sus vástagos. Sin embargo, el coladero sanchista pretende lo contrario para crear esas crisis en las que tan a gusto se halla un pescador de aguas revueltas como Sáncheztein.

Si se contraen los mismos derechos sin pegar un palo al agua, ¿por qué se van a molestar en trabajar aquellos cuya entrada en mansalva justifica el Gobierno como seguro de vida para un quebrado sistema de pensiones? Al contrario, con mano de obra barata y sin cualificar, no se preserva el Estado del Bienestar, sino un Estado, si acaso, de Beneficencia en el que los ilegales que lleguen –y muchos de los que ya están dentro por efecto arrastre– solo buscarán percibir el subsidio de «La Vital» [Ingreso Mínimo Vital], más lo que rasquen en la economía sumergida, de paso que se sitúan en ventaja de partida para percibir otras mercedes públicas. De ahí que, en las colas de la vergüenza de la autorregulación con ilegales venidos de todas partes del mundo, se den gritos en favor de Sánchez como si fuera el mismísimo Alá, mientras muchos españoles evocan el epigrama de Juan de Iriarte: «El señor don Juan de Robres, / con caridad sin igual, / hizo este santo hospital… / pero antes hizo los pobres».

Como consecuencia de ello, se degrada la convivencia y el Estado de derecho es devorado por mafias de cuello blanco que suplantan a sus gobernantes, como es moneda corriente en los países que rige el elenco de déspotas populistas dizque progresistas de los que se rodeó Sánchez la pasada semana en la capital del procés secesionista. De hecho, el inquilino de La Moncloa ha convertido la singularidad en un privilegio en función de dónde se viva y la españolidad en una anomalía tan interiorizada como para diferenciar a Cataluña de España como si fueran países distintos, como hizo el miércoles en la sesión del control al responder a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

Pero, con todo, lo más sorprendente no es la impostura de Sánchez, sino cómo se enredan entre sí PP y Vox, más allá del legítimo deseo de cada uno de ellos de llevarse el gato al agua, tras no quedarles otra –sus votantes no se lo perdonarían– que suscribirlo. Porque una cosa es andar listo con la supuesta trampa saducea de Vox al introducir el sintagma «prioridad nacional», como han manifestado Juanma Moreno o Ayuso, y otra es incurrir en discusiones bizantinas sobre ese nuevo concepto de arraigo, más allá del juego que se traigan por separado Vox y PSOE por aquello de que el adversario de mi adversario es mi aliado.

Pero, condenados a entenderse PP y Vox, «Pacta sunt servanda». Y, como diagnostica el catedrático granadino Agustín Ruiz Robledo con pertinencia y perspicacia: «Una vez desbrozada la faramalla de los 76 puntos del pacto PP-VOX, no hay demasiados motivos de preocupación por su respeto al ordenamiento jurídico. (…) Abundan las palabras altisonantes, los gestos grandilocuentes y las declaraciones destinadas a agitar a la galería, pero cuando se desciende de la retórica al terreno prosaico del Derecho positivo, lo que queda es bastante menos de lo que parecía». En suma, habiendo hecho PP y Vox de la virtud necesidad, solo cabe que esa «prioridad nacional» conforme los gobiernos estables y resolutivos que ha querido el 60 % de los votantes y solidifique una alternativa que saque a Sánchez de la Moncloa.

Ante esa doble «prioridad nacional», hay «listos útiles» de la derecha mediática que practican la equidistancia del cero grado: «ni frío ni calor». Estos atildados melindrosos abrazan el marco relato de la izquierda antiespañola, a la que hablar de prioridad nacional le provoca erisipela para que no les tilden de fachas en una España en la que la «idiofobia» (el odio a lo propio) está por encima de la xenofobia (a lo ajeno) que algunos alientan asegurando que la combaten. Por eso, ese exotismo español de carecer de prioridades nacionales comienza a ser cosa, no ya de analistas políticos, sino de psiquiatras en un tiempo en el que los españoles comienzan a sentirse extraños en su país.