La arremetida pública contra la Alianza, a la que no se consultó una iniciativa militar que ahora pagan las economías de todo el mundo, se acompaña de la interesada filtración de un correo interno del Pentágono. Lejos de manejar con rigor informativo material tan sensible, la agencia que transmite la ‘exclusiva’ da cuenta de que EE UU baraja medidas punitivas contra dos socios de la OTAN. Reino Unido podría perder el apoyo estadounidense frente a las reclamaciones de Argentina sobre las Malvinas; un respaldo que en la guerra de 1982 Washington prodigó a la junta militar. España, por su parte, sería candidata a una pretendida «suspensión de países difíciles» para ejercer «puestos importantes o de prestigio» en la organización defensiva. En ningún caso a la expulsión, imposible según el Tratado fundacional.

Al reiterar su compromiso con la OTAN «siempre dentro de la legalidad internacional», Pedro Sánchez respondió con una medida dosis de desprecio al creciente enfado de Donald Trump por la renuencia del Gobierno español a comprometer el 5% del PIB en Defensa y la negativa a permitir el uso de las bases para atacar a Irán. EE UU dispone de palancas para antagonizar la desobediencia, pero quince meses de honrar los acuerdos solo cuando le conviene tienen también consecuencias para la proyección de su poder. Europa está obligada a liberarse de la obsesión por no irritar a la Casa Blanca y apostar en firme por garantizar su propia seguridad. Las serias dudas sobre el compromiso estadounidense con sus aliados obligan a la UE a desarrollar herramientas como la cláusula de asistencia mutua, a dotarla de estructura y planes operativos. Complementarios, de momento, del artículo 5 de la Alianza, pero imprescindibles para afrontar, con todos los países que quieran sumarse, el creciente fuego amigo desde Washington.