Entre las distintas conferencias -unas centradas en la presentación de unidades didácticas, otras dirigidas a animar al profesorado a abordar este tema en el aula, o a identificar y actuar ante procesos de radicalización violenta- destacó la intervención de Ana Iribar. La viuda de Gregorio Ordóñez conmovió al auditorio con su testimonio. Evocó cómo se enamoró de Goyo el mismo día en que lo conoció, a las puertas de un bar donostiarra, y cómo su firme compromiso contra el terrorismo lo convirtió en objetivo de amenazas constantes. Hasta tal punto, relató, que él mismo llegó a intuir cuál sería su destino.

Ana reivindicó el derecho de los estudiantes a conocer una verdad que, en gran medida, se les está escamoteando: la presencia de ETA en los temarios escolares es aún mínima. Y cuando aparece, suele centrarse en los años de la dictadura, con episodios como el atentado contra Carrero Blanco, pese a que el 95% de los asesinatos se produjeron después de la muerte de Franco.

Escuchar y tomar en serio este mensaje resulta siempre provechoso, pero estos días adquiere un significado aún más especial. Las Naciones Unidas proclamaron que el 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Aunque la investigación sigue avanzando (ya más en el terreno histórico que en el judicial), persisten todavía aspectos del terrorismo en nuestro país que no han sido esclarecidos o que quedan pendientes. Aquí conviene detenerse en uno en particular: el tratamiento insuficiente de este fenómeno en el ámbito educativo.

Resultan ilustrativos los principales datos de una encuesta recién publicada en la Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo a 168 docentes de toda España. Son, en su mayoría, conscientes de la relevancia del tema y consideran que profundizar en su enseñanza es la vía más eficaz para trabajar la memoria, por delante de otras fórmulas como los monumentos o la presencia en redes sociales. Sin embargo, el 92% señala que los libros de texto abordan de forma excesivamente superficial qué fueron ETA, los Grapo o los GAL.

Ante esta carencia, la minoría que sí trata el tema en el aula opta por apoyarse en recursos audiovisuales y en debates. Estas carencias en los manuales no son casuales, sino que responden a una escasa presencia en la legislación educativa. De hecho, el 87% del profesorado considera que el currículo no refleja adecuadamente la realidad del terrorismo. Además, al tratarse de contenidos que aparecen al final de la cronología, las excusas para no abordarlos se multiplican.

Con todo, la razón de fondo parece ser otra: más del 20% de los docentes percibe incomodidad y prejuicios entre sus propios colegas -incluso mayor que entre el alumnado-, lo que disuade a muchos de abordar la cuestión. Cabe preguntarse en qué medida aumentaría ese porcentaje si la misma encuesta se dirigiera exclusivamente al profesorado vasco.

El derecho a la verdad ampara a las numerosas víctimas que aún desconocen quién asesinó a sus seres queridos, al no existir sentencias que atribuyan responsabilidades con nombres y apellidos, más allá de la referencia genérica a unas siglas siniestras. Ahora bien, conviene no sobredimensionar las expectativas depositadas en la justicia: la mayoría de los crímenes han prescrito y no es posible aplicar con carácter retroactivo figuras como los delitos de lesa humanidad.

Distinto es el caso del ámbito educativo, del que todavía cabe esperar avances significativos en la investigación histórica y pedagógica, la elaboración de materiales didácticos o la incorporación de testimonios de víctimas en las aulas. Sin embargo, todo ello será en vano sin un compromiso firme por parte de las autoridades. El rumbo que tomen las decisiones, o la falta de ellas, nos afecta a todos y, en particular, a las nuevas generaciones; aquellas que han tenido la fortuna de crecer sin la espada de Damocles de la violencia, pero que no por ello deben desconocer su peso en el pasado reciente, ni caer en la tentación de trivializarlo o justificarlo.