Empecemos por lo que un liberal debería señalar antes que nada: ni PP ni Vox cuestionan la redistribución coactiva de la renta. El gasto social no se reduce en estos acuerdos; aumenta. La disputa no es si el Estado debe repartir el dinero previamente arrebatado al contribuyente, sino a quién se lo reparte. Es decir, el terreno de juego se mueve entre el estatismo de izquierdas y el estatismo de derechas. Tanto unos como otros propugnan el atraco fiscal al ciudadano productivo para repartir el botín (entre todos o entre «los nuestros»). ¿Y cómo justifica Vox la prioridad nacional? El argumento en el que verdaderamente creen es el puramente nacionalista –que los españoles, por serlo, poseen más derechos que los no españoles–, pero no se atreven a formularlo como tal desde sus portavocías oficiales, de modo que recurren a una apelación emocional: «¿Por qué antes el de fuera que tus seres queridos?». Suena intuitivo, pero no resiste el menor escrutinio. Si el principio consiste en priorizar a los tuyos, a los más cercanos (y, cuidado, eso tiene sentido), ¿por qué detenerse en la nación frente a los no nacionales? Mis seres queridos no son 48 millones de compatriotas a los que jamás conoceré: son un conjunto concreto de personas concretas con las que sí establezco lazos afectivos (familiares, amigos, colegas, vecinos…). ¿Por qué no priorizar la redistribución de mis ingresos hacia mi entorno más cercano frente al resto de nacionales? ¿Por qué el contorno de lo redistributivo ha de ser la nación y no la familia, la localidad, la región o la civilización?

Lo revelador es que ni siquiera los propios promotores de la medida aplican el principio que dicen defender. Lo aprobado en Extremadura y Aragón no es prioridad nacional, sino prioridad regional: se exigen diez años de empadronamiento para acceder a vivienda social, cinco para el alquiler social, y se puntúa la trayectoria de cotización en el territorio. Un joven madrileño queda tan excluido como un inmigrante marroquí. Y aquí, paradójicamente, la medida se vuelve algo más defendible desde una óptica liberal, aunque por razones que nada tienen que ver con el nacionalismo: quien ha contribuido fiscalmente durante más tiempo a una administración debería tener prioridad a recuperar parte de lo que esa administración le ha sustraído. Es (un proxy de) el principio contributivo, no el principio nacional. Ahora bien, que la aplicación práctica resulte parcialmente razonable no debería hacernos perder de vista el objetivo correcto. La solución liberal no consiste en seleccionar mejor a los beneficiarios del botín, sino en que el botín no se acumule.