Durante su declaración en el juicio del caso Koldo/Ábalos, el empresario Víctor de Aldama ha ubicado a Pedro Sánchez como «el número 1» de la trama corrupta por la que se investiga estos días en el Tribunal Supremo al lugarteniente de Sánchez y a su asesor.
«Si hay una jerarquía [en la «banda organizada criminal»], Sánchez está en el escalafón como número uno», ha abundado este miércoles.
Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno conocía que determinadas constructoras habrían realizado pagos al PSOE para financiar el partido.
Y se ha referido a su encuentro en una zona reservada tras un mitin del PSOE en 2019, tras el cual se tomaron una fotografía, y según él, el presidente le dijo: «Muchas gracias por todo, sé lo que estás haciendo».
Ninguna de las acusaciones que Aldama ha lanzado contra Sánchez desde el banquillo de los acusados están probadas.
No cabe olvidar que Sánchez no está investigado, y ni siquiera citado como testigo, en esta o en ninguna otra de las causas abiertas contra distintas personas de su entorno.
Pero tampoco se puede ignorar que el PSOE descalificó como «bulos» de un «presunto delincuente» (una «inventada», en palabras de Sánchez) varias de las revelaciones que hizo Aldama en un primer momento, y que se han demostrado fundadas tras haber aportado en sede judicial las pruebas que las refrendan.
En cualquier caso, por verosímiles que sean los cargos que le imputa Aldama al presidente, las aseveraciones sobre el presunto conocimiento y connivencia de Sánchez con la trama no pertenecen más que al terreno de las conjeturas.
Y hoy por hoy no existen indicios de peso para suponer que nada de lo que ha declarado Aldama este miércoles a propósito de Sánchez vaya a tener relevancia penal alguna. Con la salvedad, en caso de que consiga probarse, de lo relativo a la financiación ilegal del PSOE, que está siendo investigada en una pieza aparte después de los indicios de irregularidades contables aportados por la UCO.
Pero todas esas consideraciones se circunscriben al ámbito jurídico. Cosa distinta es su significación en el plano político.
Porque, después de todo este arsenal de escándalos, el presidente está obligado a dar unas explicaciones que sigue escamoteando a la ciudadanía.
Que un dirigente sobre el que pesan tan graves sospechas anuncie el mismo día que Aldama declara contra él que quiere volver a presentarse es una ofensa mayúscula a la cultura democrática más elemental.
Tampoco la parálisis de un Gobierno en minoría parlamentaria (certificada de nuevo este martes con el fracaso del decreto sobre los alquileres), que impide que prospere prácticamente ninguna ley, e imposibilita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, parece convencer al presidente de la necesidad de acudir perentoriamente a las urnas. Sería la única manera de desbloquear esa «perversa aritmética parlamentaria» que hasta sus socios del PNV y Junts ya le espetan para cuestionar su empeño en resistir.
Al contrario, el presidente se ha marcado el horizonte de 2035.
«Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo, sinceramente, después de mi reflexión, que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista», ha elucubrado en la última Sesión de Control.
Al verbalizar por primera vez su intención de presentarse ya no sólo a las elecciones de 2027, sino también a las de 2031, Sánchez dobla la apuesta, en abierta provocación al sentir mayoritario de las Cortes y la población española.
Aun cuando Sánchez fuera un gobernante con una hoja de servicios impecable, esta obcecación por permanecer indefinidamente en La Moncloa sería igualmente indeseable.
Pero pretender, como ha sugerido este martes, atornillarse en el poder hasta alcanzar los diecisiete años en el Gobierno, cuando todo su ecosistema político está manchado, es sencillamente inadmisible.
Su fiscal general del Estado ha sido condenado por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación
Su esposa está a la espera de juicio tras haber sido procesada por cuatro delitos.
Su hermano, también a las puertas de un juicio oral, está procesado por delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal.
Y su ex número dos, en prisión provisional, está acusado de facilitar que la red criminal de Aldama obtuviera contratos públicos de forma irregular a cambio de contraprestaciones.
Como le ha recordado Feijóo a Sánchez en el Congreso, «el juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno, y sólo por eso, usted no merecería estar sentado ahí».
Ningún gobernante con el expediente de escándalos de Sánchez debería estar autorizado para seguir gobernando, menos aún para aspirar a perpetuarse en el poder.
En este marco de corrosión general, se antoja imposible que la meta que se ha marcado Sánchez pueda alcanzarse en ausencia de una adulteración del proceso político que convierta la democracia española en una autocracia. La obstinación vitalicia de Sánchez le coloca en abierto desafío a los principios del gobierno parlamentario y de la soberanía popular.