- Canarias lleva años siendo el primer territorio de absorción de crisis logísticas y humanitarias de alcance internacional (migración, pandemia, y ahora esto) con una correspondencia institucional que no ha estado nunca a la altura de la carga que se le impone.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, quiere saber por qué el gobierno que preside Pedro Sánchez ha decidido convertir su territorio en el destino de un crucero con un brote de hantavirus activo.
Por qué lo ha decidido con tres fallecidos a bordo y una cepa que Sudáfrica acaba de confirmar que es la andina. La única que se transmite de persona a persona a través de contacto estrecho en entornos cerrados y prolongados, como el que se produce a bordo de un barco.
Y bueno, Pedro Sánchez ha prometido llamar a Fernando Clavijo «cuando tenga un momento».
El martes a mediodía todo parecía razonablemente ordenado. En una reunión técnica entre autoridades sanitarias del Ministerio y del Gobierno de Canarias se había alcanzado un acuerdo con base clínica: los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo del MV Hondius serían evacuados en Cabo Verde mediante aviones medicalizados, y el barco continuaría su ruta hacia Países Bajos sin escala en suelo español.
El propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias había concluido que, si esa evacuación se producía, no existiría motivo clínico para una escala en Canarias.
La propia ministra Mónica García había transmitido a Clavijo que desde el Ministerio consideraban que «no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir», y que hablaría directamente con la OMS para que la evacuación se realizara desde donde estaba el barco.
Era una posición técnicamente coherente, negociada con el territorio implicado y comunicada con claridad.
Pero la claridad apenas duró unas horas. Esa misma tarde, ante las noticias contradictorias que recibía, Clavijo llamó a García, quien le confirmó entonces que había llegado una petición formal de auxilio de Países Bajos ante el empeoramiento de un paciente, y que se había tomado la decisión de trasladar el barco a Canarias.
No es de extrañar que la reacción de Clavijo fuera calificar la conducta del Gobierno de «deslealtad institucional» y que reprochara a la ministra no haberle trasladado explicaciones detalladas sobre los criterios seguidos por la OMS.
Porque no había informe ni coordinación previa, sólo un cambio unilateral de criterio comunicado a deshora, sin respaldo técnico compartido con el Gobierno que iba a asumir las consecuencias operativas, sanitarias y políticas de esa decisión.
La pregunta que Clavijo ha formulado sigue sin respuesta oficial: ¿por qué no podía realizarse esa misma operación de evacuación con avión medicalizado desde el aeropuerto internacional de Praia, donde el crucero permanece fondeado?
Ni el Reglamento Sanitario Internacional ni la normativa europea imponen una obligación automática de aceptar un buque con un brote infeccioso: lo que exigen es coordinación, evaluación de riesgos y proporcionalidad.
Las propias autoridades de Cabo Verde anunciaron su plena disposición para facilitar la evacuación aérea de los enfermos.
Sorprende la afirmación de la OMS de que el país «no puede» realizar la operación cuando el país en cuestión es un Estado soberano, miembro de la CEDEAO, con aeropuerto internacional operativo y voluntad declarada de cooperar.
Invocar una obligación moral y legal sin especificar qué mecanismo formal se ha activado no es transparencia institucional, es pura retórica de urgencia, que, en este caso, tiene un efecto concreto: el protocolo de lazareto que debería activarse en el puerto canario de destino.
El término, que designa desde el siglo XV, en la tradición veneciana, un espacio de cuarentena para viajeros marítimos, describe un dispositivo de aislamiento sanitario de considerable complejidad. Implica zonas de exclusión, gestión de residuos biológicos bajo protocolo de doble sellado, circuitos de contacto cero para suministros, desinfección ambiental intensiva y desratización del propio buque, dado que es el barco (no su tripulación) el elemento potencialmente infeccioso.
Su activación en un puerto canario debería haber sido negociada con el Gobierno autonómico. Sin embargo, le fue notificada a medianoche por WhatsApp.
A bordo del MV Hondius viajaban catorce ciudadanos españoles. Su situación no ha estructurado la comunicación oficial de forma proporcional a lo que representa. En una crisis que afecta a nacionales en el exterior, ese dato debería ser el primer organizador del relato institucional, y desde luego no lo ha sido.
En este marco, las declaraciones de un técnico con el historial de Fernando Simón (minimizando el riesgo) no ha hecho sino disparar las alarmas.
El episodio no puede leerse sin el contexto canario acumulado. El Servicio Canario de la Salud destinó veintiséis millones de euros durante 2024 a la atención sanitaria de personas migrantes, sin haber recibido compensación alguna por parte del Estado pese a reclamarlo en múltiples ocasiones al propio Ministerio de Sanidad.
La consejera de Sanidad canaria llegó a solicitar a García que visitara El Hierro para conocer de primera mano la presión asistencial. García no fue.
Ahora le pide a Canarias que reciba un crucero con un brote infeccioso de cepa desconocida en Europa, sin informe epidemiológico compartido, sin documento formal de coordinación, con un whatsapp de medianoche como única notificación al presidente autonómico.
Canarias lleva años siendo el primer territorio de absorción de crisis logísticas y humanitarias de alcance internacional (migración, pandemia, y ahora esto) con una correspondencia institucional que no ha estado nunca a la altura de la carga que se le impone. El patrón es estructural. Y eso es lo que hace que la palabra «desleal» que usa Clavijo no suene a retórica política, sino a descripción tan precisa como descorazonadora.
Pero Sánchez ya le llamará cuando tenga un momento.