Cuando hablamos del riesgo del hantavirus no podemos olvidar la terrible gestión de un gobierno sin credibilidad con la covid-19. La misma Mónica García que en 2021 tachaba de “medida inútil” la mascarilla obligatoria y advertía de que “volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política”, es hoy la ministra que se erige en autoridad moral, reparte sermones a las comunidades y presume de “medida de primer orden” mientras convoca consejos extraordinarios de forma “precipitada e improvisada”, como denunció Madrid.

No nos podemos fiar del mismo gobierno que nos mintió sobre la pandemia hasta que pasó la manifestación del 8-M, que decía que el riesgo del coronavirus era “mínimo”, “unos casos como mucho”, que afirmaba que el impacto económico sería “limitado”, que mintió sobre el comité de expertos, sobre los tests, sobre los contratos de mascarillas y que, a día de hoy, sigue ocultando las cifras reales de fallecidos mientras usa los casos de las residencias de Madrid con cifras exactas mientras calla que otras comunidades que tuvieron peores cifras.

La gestión del brote de hantavirus por parte del Ministerio de Sanidad no es solo un error técnico, sino que es un síntoma de un poder que sigue usando la salud como arma política y que vuelve a anteponer el cálculo político a la responsabilidad institucional.

La ministra de Sanidad, Mónica García (Más País, integrada en Sumar), ha convertido lo que debería ser un protocolo discreto, riguroso y bien coordinado en otro espectáculo de improvisación, señales contradictorias y gestos pensados para el titular, no para la salud pública.

Un virus muy serio, una gestión frívola

El hantavirus, y en particular la cepa Andes, no es una anécdota exótica de un crucero perdido en la Antártida. Hablamos de un patógeno con una mortalidad alta, capaz de provocar cuadros respiratorios y hemorrágicos fulminantes y que, a diferencia de otros hantavirus, ha demostrado potencial de transmisión entre personas. No estamos ante un resfriado mediático, sino ante algo que requiere rigor, coordinación y máxima seriedad.

Y, sin embargo, lo que hemos visto desde el Ministerio de Sanidad es lo contrario: un relato confuso, un baile de declaraciones y una puesta en escena que mezcla mensajes de tranquilidad con decisiones que alimentan el miedo y la desconfianza.

Si el riesgo es “muy bajo”, ¿por qué organizar un despliegue de película con avión militar, traslado centralizado, oh, sorpresa, a Madrid y filtraciones calculadas a los medios? Si el riesgo es serio, ¿por qué la comunicación con las comunidades autónomas se resume en un WhatsApp de la ministra.?

Que la ministra Mónica García se limite a enviar un WhatsApp a los responsables de las consejerías de Salud para informarles de un asunto de esta envergadura es, sencillamente, una falta de respeto a las instituciones autonómicas y a los profesionales sanitarios.

Un brote de un virus grave, con implicaciones potenciales para la red hospitalaria, no se gestiona con mensajitos de móvil como si se estuviera montando una cena de partido, y no se gestiona con anuncios rimbombantes y sin acciones serias de prevención y control. Detrás de ello, se encuentra la misma estrategia de siempre: Crear una crisis en Madrid que pueda servir para su obsesión política, pase lo que pase.

El PSOE y Sumar, socios en el Gobierno, han convertido el Ministerio de Sanidad en una plataforma de agitación política y de guerra simbólica contra las comunidades gobernadas por el PP

Esta forma de proceder encaja demasiado bien con la trayectoria política de García: mucha pancarta, mucha proclama sobre “lo público”, pero una alarmante ligereza a la hora de hacer lo básico de un gestor serio. Coordinación formal, reuniones técnicas, protocolos claros, ruedas de prensa con datos, preguntas y respuestas.

Eso es lo mínimo exigible a una ministra de Sanidad. Lo que hemos tenido, en cambio, es informalidad, opacidad y un estilo de comunicación que rebaja el nivel institucional a un grupo de chat.

El PSOE y Sumar, socios en el Gobierno, han convertido el Ministerio de Sanidad en una plataforma de agitación política y de guerra simbólica contra las comunidades gobernadas por el PP, especialmente Madrid. Ahora, con el hantavirus, repiten el guion, tomando una decisión con enorme carga mediática e imponiendo, sin lealtad institucional y sin transparencia técnica.

El anuncio de que los españoles del crucero serán finalmente trasladados a Madrid para su cuarentena y seguimiento clínico no es una simple decisión logística, es un movimiento político. España tiene más de una comunidad preparada para gestionar ingresos aislados de alto riesgo, y Canarias, que es la puerta de entrada del crucero y territorio acostumbrado a gestionar alertas sanitarias internacionales, tiene capacidad para hacer frente a este tipo de situaciones utilizando sus propios recursos y en coordinación con el Estado. Es más, dada la falta de información y claridad, ni Madrid ni Canarias deberían ser utilizadas como campo de pruebas de un protocolo plagado de riesgos y problemas, como se ha demostrado desde el primer momento.

Forzar que todo pase por Madrid tiene varios efectos. Concentra el foco mediático en la comunidad, de nuevo presentada como “epicentro” de un problema sanitario. Adicionalmente, crea un escenario perfecto para una narrativa posterior de culpabilización de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, pase lo que pase. Como intentaron con la pandemia.

Al imponer un protocolo impreciso y plagado de debilidades, se busca reforzar el relato del Gobierno central de siempre “si necesitan más recursos, que los pidan”. El Gobierno central pondrá a toda la batería mediática y política a trabajar para presentarse como el que protege, acusando a los gobiernos autonómicos de fallar. Igual que hicieron con la pandemia, el apagón, el volcán, los incendios, las inundaciones y los accidentes de tren, el Gobierno va a buscar convertir un riesgo en un arma política contra el adversario, desentendiéndose de su responsabilidad. La irresponsabilidad del ministerio de García nos puede salir, de nuevo, muy cara a todos.

Si el criterio fuera puramente sanitario, el Gobierno explicaría, con nombres y apellidos, qué protocolos, qué unidades, qué recursos específicos justifican obligatoriamente el traslado a Madrid y no la cuarentena en mar o el traslado a otro centro de referencia. Sin embargo, no lo hace.

No hay informes claros, no hay comparecencias técnicas claras, no hay transparencia. Como siempre. Solo sabemos lo que interesa al Gobierno central que se filtre. Eso no es ciencia, es activismo político usando un riesgo que puede cobrarse vidas.

El objetivo: blindar al Gobierno y señalar a Madrid

La historia reciente nos enseña que el Gobierno de Sánchez y sus socios no dudan en instrumentalizar cualquier crisis para apuntar a sus adversarios. La Comunidad de Madrid es su enemigo favorito, es el territorio enemigo, el escaparate que muestra un modelo alternativo de gestión económica y sanitaria, y el símbolo que necesitan dinamitar a toda costa.

El diseño del relato es demasiado obvio. Se decide que el foco visible sea Madrid, se organiza un traslado vistoso, con alto impacto mediático y, si todo sale bien, el Gobierno central se cuelga la medalla de la “responsabilidad” mientras acusa al gobierno autonómico de cualquier muerto o contagio generado por la incompetencia y actuación activista del gobierno central.

Por supuesto, si hay el más mínimo problema, sea un contagio secundario, un fallo en la comunicación, un retraso, o un fallecido, la culpa se derivará hacia la Comunidad de Madrid, su red hospitalaria y su “modelo de gestión”.

Mónica García, antes líder de la oposición en la Asamblea de Madrid y activista mediática contra el gobierno regional, cuya obsesión es la politización de la sanidad, es la persona perfecta para ejecutar esta estrategia. Ella, como ministra de Sanidad, puede hacer lo mismo que hizo Ribera con la Dana: orientar la acción y la inacción de gobierno para convertir un problema en una crisis que les pueda servir políticamente.

Lo ha hecho siempre. García ha creado su carrera atacando a Madrid y ahora dispone de toda la maquinaria del Estado para hacerlo desde el Ministerio de Sanidad. Es difícil no ver el conflicto de intereses. Quien debería ser árbitro neutral es, en realidad, una parte implicada en la batalla política madrileña.

La prioridad no es proteger a los ciudadanos, sino construir el relato que conviene a la Moncloa y a la carrera política de Mónica García

Mientras tanto, el país se juega mucho más que un par de titulares. El sector turístico, especialmente los cruceros y destinos como Canarias y Madrid, vive de la percepción de seguridad.

Cada vez que el Gobierno convierte una alerta sanitaria en espectáculo, se erosiona la confianza de viajeros, operadores y mercados. No hace falta una explosión de casos para provocar daños, basta con sembrar dudas.

España no puede permitirse una política sanitaria dirigida desde el cálculo electoral y la comunicación sectaria. Una ministra que comunica por WhatsApp una crisis de este tipo, que no respeta las formas mínimas de coordinación con las comunidades y que utiliza Madrid como tablero de su guerra personal contra el PP demuestra que no está a la altura de la responsabilidad que exige el cargo y que no le importa la sanidad pública sino la utilización de la sanidad para sus intereses políticos.

No se trata solo del hantavirus. El modus operandi es el mismo de siempre. Utilizar la improvisación, opacidad y gestión partidista del miedo con un malsano objetivo, que el sistema se debilite y presentarse como la solución a los problemas que el gobierno central crea.

El mensaje que se lanza a las comunidades es “os informo por chat y os enteraréis por la prensa de las decisiones clave”, demostrando que no hay confianza territorial ni objetivo de salud pública. La prioridad no es proteger a los ciudadanos, sino construir el relato que conviene a la Moncloa y a la carrera política de Mónica García.

La verdadera amenaza para la salud pública no es un virus en un crucero, sino una política sanitaria de un gobierno que hace mucho que decidió dejar de buscar la protección de los españoles para orientarse a priorizar el activismo político sectario.

No es una opinión. Es el mismo gobierno que mintió hasta la saciedad en la pandemia y es la ministra que intentó buscar rédito político en Madrid con mensajes que ponían en riesgo vidas y la salud de los madrileños.