Los abucheos a Fernando Grande-Marlaska durante el acto de jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil de Baeza no representan una protesta anecdótica. Para las asociaciones profesionales de guardias civiles, suponen la confirmación de que la tragedia de Huelva ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los agentes.
Lo ocurrido este miércoles en Jaén tiene su origen directo en la muerte de dos guardias civiles hace apenas cinco días en la costa onubense. Los agentes, Germán y Jerónimo, fallecieron mientras perseguían una narcolancha, en un operativo marcado nuevamente por la desigualdad de medios frente a las mafias.
Este suceso ha reabierto la herida de un cuerpo que se siente desprotegido en la frontera sur de España. Y el agravio sólo se ha visto agudizado por la gestión política del duelo.
La ausencia de ministros en el funeral de los agentes y, sobre todo, las palabras de María Jesús Montero calificando las muertes como un «accidente laboral», han sido razonablemente percibidas como una humillación.
Equiparar el sacrificio en acto de servicio contra el crimen organizado con un percance fortuito en un puesto de trabajo común revela una falta de sensibilidad institucional alarmante. En ese contexto, las palabras del Ministro del Interior en la jura de bandera, afirmando que «comprendo y entiendo el dolor y la rabia» del cuerpo, no sólo suenan vacías, sino indignantes.
Porque el abandono del Ejecutivo va mucho más allá de estos episodios recientes.
El problema estructural de la Guardia Civil no reside únicamente en la nefasta gestión de Marlaska o en los lapsus de Montero: se extiende a la probada desafección personal y política del presidente Pedro Sánchez hacia la institución.
El hito más elocuente de este ninguneo es el bloqueo sistemático al reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como «profesión de riesgo».
Esta reivindicación, que volvió a cobrar fuerza tras los asesinatos de Barbate en 2024, ha sido frenada por el PSOE en la Mesa del Congreso por septuagésimo primera vez consecutiva este miércoles.
El uso de prórrogas técnicas para impedir que los agentes accedan a los mismos beneficios jubilatorios que las policías autonómicas es un castigo administrativo sin justificación técnica sólida que resulta aún más cruel a la luz del contexto actual.
Pero la lista de indicios del desapego gubernamental hacia la institución es prolija.
Desde el apelativo despectivo de «piolines» utilizado por el presidente para referirse a los agentes enviados a Cataluña en el 1-O de 2017, hasta la Ley de Amnistía que perdona a quienes les agredieron.
A ello se suman decisiones operativas inexplicadas, como el desmantelamiento de la unidad de élite de lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos —corregido por el Supremo—, o la salida forzada de la Agrupación de Tráfico de Navarra como pago a los pactos territoriales con el nacionalismo.
Desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, la relación con la Benemérita se ha limitado al mínimo protocolo.
En ocho años, el presidente apenas ha asistido a un acto institucional de la Guardia Civil, y no ha recibido a sus asociaciones representativas en la Moncloa.
Mientras tanto, la realidad sobre el terreno arroja un dato trágico: unos cuarenta guardias civiles han muerto en acto de servicio bajo su mandato, muchos de ellos en la lucha contra el narco.
Este abandono institucional resulta inexplicable a la luz del prestigio del que goza el cuerpo y la confianza transversal que despierta en los ciudadanos.
Según los últimos sondeos de 2026, la Guardia Civil sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles, con una nota de 6,14, frente al 3,53 que obtiene el Gobierno.
La única explicación posible para esta persistente hostilidad es la condición de la Guardia Civil como símbolo de la unidad constitucional de España.
Su naturaleza militar y su despliegue en todo el territorio nacional la convierten en el esqueleto del Estado. Y para un Gobierno cuyos socios parlamentarios buscan activamente (y obtienen con frecuencia del Ejecutivo) el debilitamiento de las instituciones estatales, y la salida de las fuerzas de seguridad de las regiones con más presencia nacionalista, la Guardia Civil proyecta la imagen de un obstáculo.
Pedro Sánchez se ha abandonado a un proceso de mutación constitucional orientado a sustituir la arquitectura de la España democrática por un modelo de carácter federal y destituyente. Y en ese nuevo esquema, una institución nacional, jerarquizada y de lealtad inquebrantable a la ley no tiene un encaje cómodo.
El maltrato a la Guardia Civil sólo puede leerse como el subproducto de una desafección más general del Gobierno hacia el compromiso activo con la garantía de la unidad nacional.